Como parte de las auditorias que está llevando adelante el Gobierno del presidente Javier Milei para «destapar curros», el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que dejará de pagar las indemnizaciones reclamadas por personas que aseguran haber sido víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar en el país, luego de haber detectado irregularidades en los trámites.
En ese contexto, Cúneo Libarona definió la situación de la reparación a las víctimas como un “festival de pagos” y denunció que “no podrían haber ocurrido sin una ayuda política”.
“Dispusimos la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado”, anunció el Gobierno a través de un comunicado.
El Gobierno detectó irregularidades
Los hechos tuvieron lugar durante el gobierno de facto, entre los años 1976 y 1983, en los que integrantes de las Fuerzas Armadas desaparecieron y torturaron personas. Hasta hoy, el Estado había compensado el daño sufrido por las víctimas.
En ese sentido, el Gobierno nacional aclaró que la medida se debe a la detección de “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”, del beneficio para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad.
La decisión de auditar “todos los pedidos” surge a partir del fallo dictado en la causa “‘Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita’, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional”, informó el Ejecutivo.
Victoria Villarruel reaccionó a la medida
Ante el anuncio, quien salió a expresarse respecto del tema fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya tiene una postura conocida y pública sobre la dictadura militar en la Argentina.
“Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DD.HH. Auditar el curro de los DD.HH. que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones. Celebro la decisión del ministro Cúneo Libarona y del presidente @JMilei”, escribió en su cuenta de X la presidenta del Senado.
Además, recordó un mensaje suyo de hace un año atrás, cuando reclamó: “Numerosas indemnizaciones se otorgaron a desaparecidos y familiares que requieren una revisión valiente por parte del Estado”. “Roberto Haymal montonero fue asesinado por los mismos montoneros, sin embargo cobró indemnización. El dolor no habilita al fraude”, había denunciado.