Preocupa en el conurbano el recorte de AySA que impacta sobre 2.500 familias

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La decisión de la empresa AySA de interrumpir los trabajos de expansión de las redes de cloacas y de agua potable mantiene en jaque a unas 2.500 familias. Se trata de cooperativas especializadas que desde hace años llevaban adelante esos trabajos.

 

El tema tiene en vilo a los intendentes del conurbano toda vez que esas cooperativas tienen asiento en los distritos que rodean a la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de cooperativas que pertenecen a los programas Agua + Trabajo, Cloaca + Trabajo y Conectar T, encargado de las conexiones domiciliarias. Desde enero, la empresa estatal no envía los fondos para pagar los trabajos ya ejecutados en varios distritos.

Desde 2006, AySA viene rubricando acuerdos marcos con los municipios del área metropolitana. Se trata de contratar cooperativas de trabajo que son las que ejecutan las obras de expansión de las redes existentes de cloacas y de agua potable.

En el conurbano funcionan 85 cooperativas de trabajo con un promedio de 30 integrantes cada una. Se trata de cooperativistas que poseen capacitación y equipamiento acorde a la tarea que desarrollan. Son unas 2.500 familias del conurbano, por eso la preocupación de los intendentes.

«No son beneficiarios de planes sociales. Son trabajadores calificados con una extensa experiencia laboral tanto en las obras de cloacas como de agua potable», explica una fuente del conurbano.

 

Los trabajos se ejecutan desde hace más de 16 años en distritos de variado signo político como La Matanza, Florencio Varela, Quilmes, Avellaneda, Tres de Febrero, Almirante Brown, Hurlingham, Morón, Esteban Echeverría, Morón, Pilar, Moreno, Escobar, San Miguel, Tigre, San Isidro, Lomas de Zamora, San Martín, Presidente Perón, Lanús, Ezeiza y Merlo.

 

En cada caso las cooperativas cobran por trabajos ejecutados y contra certificado. De ese modo, sólo perciben ingresos por lo que realmente se ejecutó, ya sean metros de cloacas o de agua que benefician a cientos de barrios populares en el Gran Buenos Aires.

Los cooperativista reclamaron pagos adeudados en la sede de AySA.

 

En paralelo, AySA también tiene un plan específicamente orientado a concretar vinculaciones domiciliarias tanto de agua como de cloacas. El programa se llama Conectar T y el financiamiento corre por cuenta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de AySA y el mismo se somete a auditorías regulares y permanentes.

Durante enero y febrero no hubo pagos por trabajos realizados y rendidos en tiempo y forma. Algunos intendentes del conurbano vienen tratando de destrabar la situación.

Desde la disolución del ministerio de Obras Públicas, la empresa estatal pasó a depender directamente del ministro de Economía, Nicolás Caputo. Desde allí cortaron los pagos.

En cada caso las cooperativas cobran por trabajos ejecutados y contra certificado. De ese modo, sólo perciben ingresos por lo que realmente se ejecutó, ya sean metros de cloacas o de agua.

El jueves, un grupo de cooperativistas protestaron en la sede porteña de AySA. «Nos estamos movilizando por retrasos en los pagos de sueldo, el congelamiento de los salarios y la amenaza del cierre del programa de trabajo, del que no solo viven más de 2.000 familias sino que permitió el acceso a agua potable y la red de cloacas a barrios enteros», explicaron.

«Venimos realizando trabajos de conexiones de redes y vinculaciones domiciliarias desde hace casi 20 años y desde la asunción del nuevo Gobierno, no estamos cobrando nuestros sueldos a pesar de haber realizado los trabajos acordados», dijo César Montiel, uno de los cooperativistas afectados por el recorte.

Una comitiva de diez trabajadores mantuvo una reunión con representantes de la empresa pero, según explicaron, no les dieron «ningún tipo de respuesta», les dijeron que «están acomodando el equipo y que tienen que encargarse de todo lo administrativo» y por ello les solicitaron «15 días para brindar alguna solución a sus reclamos».

«Una respuesta positiva para nosotros es que nos paguen los sueldos que nos adeudan y que nos garanticen la continuidad de las obras porque queda mucho por hacer. Son obras que no valen un dineral, de hecho, el 60% de los dos programas es garantizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)», explicó Montiel.