El actual mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, está librando una brutal guerra contra las organizaciones criminales, llegando incluso a anularle el derecho a la comida a los reclusos, en un país infestado por las Maras y otras pandillas, con asesinatos con sello narco a plena luz del día—más de 2.030 muertes por el delito en el 2019—. Ahora, el presidente salvadoreño inauguró una megacárcel para convictos, en una Nación con la mayor población penitenciaria del mundo.
La asamblea salvadoreña con mayoría oficialista Nuevas ideas-, prorrogó nuevamente el estado de excepción (14/02/23) con alcance de 30 días, lo que sigue limitando la libertad de asociación, suspende algunos derechos civiles durante un arresto -como no proveer un abogado ni informar los motivos de la detención-, aumenta el plazo de prisión preventiva de 72 horas a 15 días, y permite a las autoridades la intervención en las correspondencias y en los celulares sin una orden judicial.
En la jurisdicción salvadoreña plagada de bandas criminales como Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, sus actividades ilícitas en connivencia con cúpulas del poder local se han visto interrumpidas dada la ola de detenciones, logrando un índice de solo 2 homicidios por cada 100.000 habitantes -en enero del 2023-, mientras que en febrero, 300 días sin asesinatos. Asimismo, más de 65.000 personas vinculadas a las pandillas han sido arrestadas en un plazo de diez meses, producto de la política de combate contra las mafias de Bukele.
En este clima de guerra contra las pandillas que se cargó al hombro el líder salvadoreño Bukele, unos 2000 reclusos han sido trasladados al reciente inaugurado Centro de Confinamiento del Terrorismo (COT), ubicado en Tecoluca, a 74 kilómetros de San Salvador, tal como se ve las imágenes de los pandilleros, esposados de pies y manos en la penitenciaria.
Este centro penitenciario catalogado como el ‘más grande de Latinoamérica’, puede albergar hasta 40.000 reclusos, y su área comprende unas 23 hectáreas.
Según un informe exclusivo de CNN, la megacárcel cuenta con miles de celdas de concreto cercadas con barrotes de hierro, y cada una puede alojar hasta cien convictos. Allí, los reclusos tendrán a su disposición camas metálicas tipo cuchetas –pero sin colchones-, una pileta de concreto para bañarse y dos inodoros, ya que la idea es que los reos ni siquiera salgan de ese camarote metálico en instancias de juicio, debido a que los procedimientos legales se harían bajo modalidad videollamada.
“Los terroristas que vayan al CECOT no van a volver nunca a nuestras comunidades, es un compromiso que tiene el presidente Nayib Bukele. No vamos a parar y nadie nos va a detener”, expresó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro tras presentar la nueva petición de prórroga por otros 30 días.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights han denunciado torturas, detenciones arbitrarias y hacinamiento carcelario, como resultado del estado de excepcional prorrogado en más de diez instancias consecutivas, creando un ambiente similar al estado de sitio y propicio para el abuso de poder. A su vez, los organismos de DD.HH. han acusado a la Administración de Bukele de decenas de muertos en arrestos sin juicios justos, en los centros penitenciarios de Izalco y La Esperanza.
“No se han construido patios, ni áreas de recreación ni espacio conyugales como existen en varios centros penales”, explicó Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas de El Salvador, tras visitar la megacárcel COT.
‘Pagar’ por el delito
Pese a las críticas de las organizaciones de derechos internacionales que acusan al gobierno de Bukele de cometer delitos de lesa humanidad, en el 2022, gracias al estado de excepción que habilitó las masivas detenciones de sospechosos pandilleros, se redujeron un 57 % los homicidios en El Salvador.
«Pobrecitos los criminales, pobrecitos como les violamos sus derechos en las cárceles… Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando han hecho que corra sangre…», sentenció Bukele en su discurso público para anunciar el traslado de los pandilleros al COT.
Por su parte, el medio Prensa Libre asegura que los familiares de los convictos deben velar por su bienestar personal, estando obligados a financiarles su estadía, con paquetes de alimentos y artículos de higiene personal desde diciembre del 2022. Según fuentes de la agencia de noticia, la comida, ropa y artículos de higiene de los reos tiene un costo de US$170 mensuales que corren a cuenta propia de la familia de los pandilleros.
“Son siete pequeños paquetes cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones. Los familiares solo saben que dan 35 dólares por alimentación, 15 por artículos de higiene, 30 por vestimenta, 20 por limpieza de área y 70 por misceláneos”, reveló la investigación.
Sumado al pack básico de US$170 mensuales antes mencionado, existe un sistema de “tiendas institucionales” en donde los presos pueden depositar entre US$5 y US$150 al mes para darse lujos o bien, comprarse otros artículos de primera necesidad. Según información oficial de Infobae, unos US$17 millones mensuales estarían ingresando a las penitenciarías salvadoreñas.
La décima prórroga del estado de excepción en El Salvador fue aprobada este miércoles (11/01/23) por parte de la Asamblea Legislativa, a pedido expreso del gabinete de Seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele, como su bastión de lucha contra las pandillas que controlan el comercio de estupefacientes, el tráfico de personas y ejercen influencias a través de la extorsión y el sicariato. La primera vez que el legislativo, con mayoría oficialista (Nuevas Ideas), aprobó el estado de excepción (27/03/22) fue luego de la ola de homicidios con sello narco -entre el 25 y 27 de marzo- que puso fin a la falacia de paz producto de las negociaciones secretas entre la Administración de Bukele y las bandas criminales como Mara Salvatrucha (MS-13),
Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, según lo develó el medio digital salvadoreño El Faro.
“Nuevamente, estamos acá para solicitar la prórroga del régimen de excepción, ya que los resultados han demostrado su efectividad. La población está viviendo más tranquila y se puede movilizar sin miedo”, declaró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, mientras presentaba la petición de la prórroga.
Según la Constitución de El Salvador, el régimen de excepción tiene un alcance de 30 días, limita la libertad de asociación y reunión (cuasi estado de sitio), suspende derechos durante un arresto como no proveer un abogado ni informar los motivos de la detención, aumenta el plazo de prisión preventiva de 72 a 15 días, y permite a las autoridades la intervención en las correspondencias y en los celulares sin una orden judicial.
Entonces, en términos legales, el Presidente de la República de El Salvador y en uso de sus facultades constitucionales, emitió el Decreto Legislativo No. 333 que contiene el Régimen de Excepción que establece medidas de carácter excepcional y suspende por 30 días los siguientes derechos y garantías constitucionales:
- Artículo 7: Derecho a la libertad de asociación y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito (excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos).
- Artículo 12 inciso 2º: Derecho a la presunción de inocencia, aseguramiento de garantías necesarias para ejercer la defensa, a ser informado de los derechos y razones que motivan la detención y asistencia de un defensor.
- Artículo 13 inciso 2º: Limitación de la detención administrativa a 72 horas, dentro de las cuales el detenido debe consignarse a la orden de un juez competente. Durante el Régimen de Excepción, la detención administrativa no podrá exceder de 15 días.
- Artículo 24: Inviolabilidad de correspondencia y prohibición de interferir e intervenir las telecomunicaciones.
A su vez, en la primera instancia de aprobación del estado de excepción posterior a esa jornada violenta en El Salvador, el día 27 de marzo, se modificó el Código Penal para contemplar hasta 15 años de cárcel a quien difunda mensajes que legitimen a las pandillas y al crimen organizado, apuntando a algunos sectores de la prensa salvadoreña en connivencia con dichas asociaciones ilícitas.
“La Bestia está herida de muerte y ahorita no hay ninguna señal que diga que esto va a cambiar (…) Ahorita están comiendo mierda. No pueden extorsionar, no pueden robar, y tampoco pueden controlar los negocios en los que lavan dinero. Si esto fuera una empresa formal, hace rato que la MS-13 estaría quebrada”, sostuvo un fiscal salvadoreño bajo condición de anonimato al diario El País.
Claro está en la guerra de Bukele contra el crimen organizado, se cometieron excesos, por no decir, violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias basadas en el aspecto físico, torturas y asesinatos dentro de los centros de detención, tal como informó Amnistía Internacional y Human Rights, llegando a una cifra de 56.716 detenidos.
“La Policía está llevando a cabo detenciones de forma masiva en base a acusaciones anónimas que no se están verificando, sesgos discriminatorios por estrato social o rasgos raciales, por tener tatuajes o antecedentes penales”, indicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en una rueda de prensa en San Salvador.