Los padres de una niña de siete años del Colegio San José de la ciudad de Rafaela y las abogadas y el abogado que los representan en la querella por un supuesto caso de “abuso sexual” en el establecimiento denunciaron ante dos comisiones de la Cámara de Diputados al fiscal regional de Rafaela Diego Vigo y a las fiscales que intervienen en la causa Angela Capitanio y Fabia Burella por una “grave obstrucción en el acceso a la justicia”.
La denuncia a Vigo y sus dependientes se formalizó esta semana ante las comisiones de Derechos y Garantías y de Género, en el anexo de la Cámara, donde los padres de la pequeña y a sus abogados relataron a tres legisladoras las “graves irregularidades” y “omisiones” en la investigación de los hechos en el colegio San José, que depende del Obispado de Rafaela. Y responsabilizaron a Vigo y a las fiscales que intervienen en la causa por lo que calificaron como “una grave obstrucción para el acceso a la justicia”.
En la audiencia –que se extendió horas- participaron la presidenta de la comisión de Derechos y Garantías Lionella Cattalini, la presidenta de la comisión de Género Lucila De Ponti y la diputada Gisel Mahmud. Más, el equipo jurídico de la familia querellante: las abogadas Paula Condrac y Lorena Adorati y su colega Guillermo Munné.
Entre otras cosas, las abogadas detallaron a las legisladoras “la carencia de perspectiva de género y niñez, la falta de objetividad y de transparencia y la violencia institucional sufridas por la niña víctima y su familia por parte de las fiscales que intervienen en la causa de abuso sexual, del fiscal que lo hace en la causa de encubrimiento y del propio fiscal regional Vigo”. “Todo lo cual constituyó una grave obstrucción para el acceso a la justicia”. Y le dejaron a las legisladoras “una carpeta con antecedentes y documentación” del caso.
Cattalini, Mahmud y De Ponti “se interesaron en diversos detalles de las situaciones afrontadas por la familia y su representación profesional y anticiparon que evaluarán en las comisiones las próximas acciones a llevar adelante con el fiscal general de la provincia” Jorge Baclini y “las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo, respecto de lo denunciado”.
La denuncia a Vigo y a las fiscales de Rafaela es por varios hechos, entre ellos:
*“Impidieron el acceso a la Justicia de una niña víctima de abuso sexual en un colegio religioso.
*“Investigaron un delito ocurrido en la institución religiosa a la que confían la educación y el cuidado de sus propios hijos, y donde estaban presentes el día del hecho; violentando gravemente el principio de objetividad
*“Actuaron sin respetar el piso mínimo de derechos humanos de la víctima, sin perspectiva de género, sin perspectiva de niñez; litigando contra la querella (es como hacer un gol en contra y festejarlo) violentando a la madre durante hora y media, llamándola mentirosa. Actuaron revictimizando a la niña, a la madre, al padre, a la familia ampliada, ejerciendo su poder abusiva y arbitrariamente, sin ahorrar en una violencia institucional cruel y mayúscula”.