La Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó en un informe las leyes impulsadas por la derecha y la extrema derecha en tres regiones de España, alegando que podrían obstaculizar el derecho de las víctimas del franquismo a conocer la verdad y dar pie a teorías negacionistas. Así lo expresaron tres relatores del organismo, en respuesta a una denuncia presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez contra las denominadas «leyes de concordia», que fueron tramitadas en las regiones de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, gobernadas en coalición por el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox. El Ejecutivo central elevó la cuestión a la ONU al considerar que estas normas son contrarias a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022.Los firmantes del documentos son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el argentino Fabian Salvioli; la presidente del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, la bissauguineana Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el chileno Morris Tidball-Binz.
El informe
Después de analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en dichas comunidades autónomas, los relatores indicaron: «Las llamadas leyes de ‘concordia’ aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos».
Según explicaron, estas leyes «ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica y pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos y también pueden invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen».
Los relatores también apuntaron a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalaron que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil «a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España», quitándole así el reconocimiento a miles de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.
Por este motivo, recordaron que es deber de todos los poderes del Estado, incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de todas las entidades de Gobierno a nivel nacional, regional o local, «cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos». «Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación», subrayaron.
Las reacciones en España
Mientras tanto en España, la ultraderecha de Vox criticó el informe. El portavoz del partido, Carlos Menéndez, dudo sobre la parcialidad del documento de la ONU con el argumento de que uno de los tres relatores, el argentino Fabian Salvioli, «está acreditado y es amigo íntimo personal de Baltasar Garzón». Sin embargo, admitió que no leyó el texto.
Desde el PP, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, también se pronunció en contra. “Lo que dice es mentira, debería haber más seriedad. Esto deja en mal lugar a la ONU, que no contó con Aragón para hacer este informe”, señaló Azcón, en declaraciones recogidas por el diario El País. La vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, agregó que el gobierno español «suministró a la ONU una información sesgada, partidista con la única intención de seguir haciendo una política de trinchera”.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España aseguró a través de un comunicado que las denominadas leyes de «concordia» son “un intento por blanquear el franquismo y ensalzar la dictadura, lo que supone una agresión para las víctimas”.
Por su parte, el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) exigió al PP y Vox la retirada inmediata de dichas leyes. Según la agencia de noticias Europa Press, fuentes socialistas indicaron que reclamaron al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se posicione de forma clara sobre el documento de Naciones Unidas y «diga si está con las víctimas o con estas leyes de la vergüenza». «No hay sitio para los nostálgicos de la dictadura», insistieron en el PSOE.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, añadió en un mensaje publicado en sus redes sociales: «Vamos a actuar para frenar a quienes pretenden blanquear el franquismo. Es un enfrentamiento contra nuestra memoria que no vamos a consentir».