La constructora de aeronaves estadounidense Boeing vive uno de los periodos más difíciles de su historia tras el grave incidente del vuelo de Alaska Airlines que sufrió una sorpresiva descompresión por la explosión súbita de una de las puertas en enero pasado. El avión, que sufrió varios daños, debió aterrizar de emergencia y causó pánico entre los pasajeros.
El hecho, que no pasó a mayores por la pericia de los pilotos, habría sido originado por la falta de cuatro piezas que debían asegurar un tapón que se desprendió de la aeronave al alcanzar los 16 mil pies de altura. Algo que, en principio, indicaría la presunta responsabilidad del fabricante.
La aeronave fue nada menos que un Boeing 737 MAX 9, un jet de línea moderno que fue entregado por la fábrica en octubre pasado. El evento fue calificado como uno de gravedad considerable.
Sin embargo, para Boeing el problema no fue el incidente en sí, sino lo que este detonó. Además de la puerta del avión, a la compañía le estalló una nueva investigación que pondría en jaque un acuerdo de procesamiento diferido que alcanzó con el Departamento de Justicia en el último mes de la administración de Donald Trump.
Boeing y una “libertad condicional”
Para entender la gravedad del asunto cabe recordar que pocos meses después del lanzamiento del Boeing 737 MAX 8 (2016), al menos dos aerolíneas que emplearon esos aparatos sufrieron accidentes fatales. Se trata de los vuelos 610 de Lion Air y 302 de Ethiopian Airlines, que se estrellaron a causa de un error del fabricante.
Pero aún peor para la empresa fue la investigación de esos fatales vuelos, que destapó una trama en la que se acusó a Boeing de una presunta defraudación a la Administración Federal de Aviación (FAA) para certificar el nuevo modelo. Eso dejó a la compañía sin más remedio que alcanzar un presunto acuerdo con los damnificados, que demandó US$ 2.500 millones.
Además, como parte de ese acuerdo surgió la posibilidad de un enjuiciamiento diferido, que eximiría de responsabilidades penales a Boeing. Se trata de una especie de “libertad condicional” que la compañía debía cumplir sin sobresaltos para mantener esa condición.
Estalló de nuevo
El incidente de Alaskan Airlines se produjo pocos días antes de que se venciera el plazo condicional que Boeing había de cumplir como parte del enjuiciamiento diferido. Así, se gatilló un nuevo proceso que podría tener implicancias penales para el fabricante.
A tal punto que incluso el FBI puso la lupa sobre la empresa. Según informó la CNN, el organismo federal notificó a los pasajeros de Alaskan como “posibles víctimas de un delito».
“Me comunico con usted porque lo hemos identificado como una posible víctima de un delito”, señalaba una de las cartas que fueron acercadas a la prensa. De momento, Boeing no dio declaraciones al respecto.
Mientras tanto, todos los ojos están puestos en los procesos de control de calidad de los aviones Boeing. En especial de la familia 737 MAX, el jugador más fuerte al que la compañía apostó para competir a nivel mundial.