El controversial mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, en fructífera contienda con las pandillas y el crimen organizado —a través de prórrogas del estado de excepción—, está ahora inscripto como precandidato presidencial en la fórmula con Félix Ulloa y representando al partido oficialista Nuevas Ideas, a pesar de que el artículo 152 de la Constitución prohíbe expresamente la reelección.
Sin embargo, la nueva candidatura de bukele es viable porque se sustenta en el polémico fallo de septiembre del 2021 de la Sala de lo Constitucional, órgano nombrado por él que dio rienda suelta a la reelección presidencial.
“Comunicamos al pueblo salvadoreño que el Presidente @nayibbukele (Nayib Bukele) y el Vicepresidente @fulloa51 (Félix Ulloa), ya están inscritos como precandidatos para Presidente y Vicepresidente de la República de El Salvador, en el partido más grande de la historia de El Salvador”, twitteó la cuenta oficial del partido oficialista Nuevas Ideas.
El líder salvadoreño mantiene su imagen positiva aunque lleve a cabo medidas “extremas” contra la delincuencia, según últimos sondeos, lo que podría mantenerlo estoico en su puesto Ejecutivo.
Las cifras del crimen organizado y homicidios diarios, pasaron de 20 asesinatos por día a ninguno, gracias a su controversial Plan Control Territorial (20/06/19) destinado a exterminar a la delincuencia y a las organizaciones criminales, en base a tres áreas; control de penitenciarias, nuevos centros de reclusión, interrupción del financiamiento del crimen organizado y fortalecimiento de las F.F.A.A, como relató Urgente 24.
No obstante, la Izquierda local y organismos de DD.HH. acusan al gobierno salvadoreño de delitos de lesa-humanidad. se cometieron ‘excesos’, detenciones arbitrarias basadas en el aspecto físico, torturas y asesinatos dentro de los centros de detención, como informó Amnistía Internacional y Human Rights, llegando a una cifra de 56.716 detenidos.
Este “orden y ley” en El Salvador desde la asunción de Bukele (2021) se desarrolló mediante las sucesivas prórrogas del estado de excepción que pausó ciertas garantías constitucionales como limitar la libertad de asociación y reunión (cuasi estado de sitio), suspender derechos durante un arresto (como no proveer un abogado ni informar los motivos de la detención), aumentar el plazo de prisión preventiva de 72 a 15 días, y permitir a las autoridades la intervención en las correspondencias/celulares sin una orden judicial