La lof Wiritray, comunidad mapuche de Villa Mascardi, denunció que el predio que el Gobierno nacional pretende ceder a la comunidad Lafken Winkul Mapu ya había sido asignado años atrás.
Por ello, interpuso una medida cautelar y pidió que se anule el acto administrativo firmado el primero de junio entre representantes del Gobierno de Alberto Fernández y del pueblo mapuche que beneficia a la Lof Lafken Winkul Mapu.
La presentación se hizo en un juzgado federal de Buenos Aires y ante el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.
«Ese acuerdo es nulo. Es una negoción ilícita porque ese territorio ya había sido asignado a nuestra comunidad«, argumentó la werken Patricia Montenegro. E insistió en que se trata de un territorio comunitario relevado en el marco de la ley 26.160.
Según el polémico acuerdo, el estado se compromete a reconocer el rewe (sitio sagrado) de la machi Betiana Colhuan, a construir tres rukas en el predio del exhotel de Parques Nacionales (para la machi, sus colaboradores y sus pacientes), a entregar un predio en el Lago Guillelmo a la comunidad Lafken Winkul Mapu y a desistir de la causa por usurpación en un predio en Villa Mascardi.
Ya existe un rewe
«Este acto administrativo afecta nuestros derechos de propiedad comunitarios. Además, en ese lugar, ya existe un rewe», especifica la presentación.
Montenegro manifestó que no conoce otro caso de una comunidad que avasalle y avance sobre los derechos de otra. «Este es un antecedente nefasto para otros pueblos», cuestionó.
Dijo también que denuncian a los funcionarios nacionales por mal desempeño y consideró que hubo «abuso de poder». Montenegro afirmó:
No es más que una negociación ilegal. Nuestra comunidad ha sido reconocida a través de una resolución del Inai, desde el 22 de marzo del 2000 cuando nos entregaron la documentación. Fuimos una de las primeras comunidades de la Nación
Esta semana, siete propietarios de Villa Mascardi también pidieron a Granato que se declare la nulidad del acuerdo. Consideraron que sienta un precedente de ilegalidad «grave y peligroso» ya que «premia al delincuente en perjuicio de los derechos de los vecinos damnificados».