El escándalo de la jueza Joana Ribeiro Zimmer, del Tribunal de Justicia de Santa Catarina (TJSC), que presionó a una niña de 11 años embarazada por una violación para que no abortara no es noticia. El hecho difundido por medios locales de Brasil y regionales en 2022 volvió a surgir ahora, tras una nota de The Intercept titulada “Continúa la caza de brujas en Santa Catarina” de este lunes (22/05/23).
La actitud tomada por la jueza fue tan polémica que el Consejo Nacional de Justicia de Brasil decidió tomar cartas en el asunto en julio del año pasado y que acabó con el traslado de la jueza a otra ciudad.
En ese memento desplegó una investigación sobre la conducta de la magistrada que mantuvo en un albergue aquella niña -embarazada tras ser víctima de violación– «para protegerla del agresor» e impedirle tener un aborto legal.
El problema del asunto es que la viralización de aquella conducta fue ejecutada por los diarios Portal Catarinas y The Intercept que la difundieron en sus portales para mostrar como la funcionaria intentaba convencer a la menor de que no tenga un aborto en la 22 semana de embarazo (finalmente pudo practicarlo luego en la 29).
Cabe recordar que en Brasil los tres casos en que la legislación brasileña permite el aborto (violación, riesgo de vida materna o malformación fetal incompatible con la vida), no hay límite de edad gestacional.
Según ambos medios, en el video se puede observar claramente: «En cuanto al bebito, ¿comprendiste que si haces una interrupción, nace el bebé y tenemos que esperar a que muera ese bebé? ¿Entendiste eso? ¿Que es cruel? Nace el bebé y llora hasta que muere», le dice la jueza.
“Caza de brujas”
Este es un caso que vuelve a desafiar el derecho al secreto de los abogados y la no violación de sus instrumentos de trabajo y al secreto profesional periodístico para proteger a las fuentes.
El interrogante es: ¿Los diarios que escracharon a la jueza y bien contribuyeron al ejercicio del derecho de abortar de la niña, alabado por la ley sólo en escasos casos, pecaron al revelar la audiencia confidencial? Y más allá de su correcto o incorrecto obrar, ¿deberían revelar su fuente judicial o podrían apelar al secreto periodístico para salvaguardarla?
The Intercept en la nota denuncia que la Policía Civil, bajo la investigación de una «posible ocurrencia de un delito contra la administración pública” ante la “fuga de información de los registros”, intenta vulnerar el derecho de las abogados Daniela Félix y Ariela Rodrigues- que defendieron a la niña de 11 años, tras el interrogatorio a principios de mayo en su búsqueda por averiguar la fuente del diario que expuso la polémica jueza que escandalizó a todo Santa Caterina.
The Intercept cuenta y defiende: “Se trata de una indagatoria que investiga la ruptura del secreto de justicia del proceso que se hizo público en un reportaje de Intercept con Portal Catarinas”.
«Daniela Félix llegó a la comisaría el 10 de mayo y de inmediato se puso tensa. “El delegado me llamó, me informó sobre el procedimiento y comenzó la audiencia. Él preguntó: ‘¿Está todo bien para ti?’. Dije que no, porque no sabía por qué me estaban investigando. Se emocionó y dijo que lo estaba ofendiendo”, contó.
Según ella, no se hicieron preguntas, porque Félix adelantó que ejercería su derecho al silencio. “Me acusan de un delito, pero no sé de qué. Es una cacería de brujas».
La investigación policial se abrió para investigar una denuncia anónima a Disque 100, el Disque Direitos Humanos, junto con una carta de la Defensoría del Pueblo Nacional que apunta contra la responsabilidad civil y penal de Intercept por “mostrar las imágenes y el audio del testimonio especial confidencial”.
Y además propone la investigación de la “responsabilidad de los padres por la situación de embarazo precoz de la menor”, y la “posible responsabilidad civil y penal del equipo médico que realizó el procedimiento de aborto en la semana 29 de embarazo”.
Rodrigo Sartori, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la OAB ( Colegio de Abogados de Brasil) que acompañó a Félix, adelantó que la comisión remitirá un pedido a la presidencia de la estatal OAB para que se exprese públicamente en nombre de los abogados.
Manifestó: “Esta investigación es absurda, constituye una violación al derecho al secreto de los abogados ya la no violación de sus instrumentos de trabajo”.
Por su parte, The Intercept y Portal Catarinas volvieron a repudiar la “insensata” investigación y refugiarse en el secreto periodístico: “¡No revelaremos las fuentes que nos ayudaron a denunciar que se violaron los derechos de una niña de 11 años!
Entonces Sartori resolvió: “Desde el momento en que los actores del proceso, el poder judicial, el Ministerio Público, actúan contra la esencia de los derechos, hay que relativizar el secreto. Los periodistas tienen el derecho constitucional de preservar la fuente, pero esto era fundamental para que la niña tuviera garantizado el derecho al aborto”.
La investigación contra las abogadas que actuaron como defensa de la niña movilizó a varios colectivos feministas y de la sociedad a civil que reprobaron la “violencia institucional” contra la chica y la madre durante la audiencia presidida por jueza Joana Ribeiro Zimmer.
Según ellos, las violaciones contra las abogadas se dan “en un contexto de criminalización del derecho al aborto legal y persecución ideológica de las profesionales que defienden este y otros derechos sexuales y reproductivos”.
Desde el otra lado de la vereda, acusan a profesionales de la salud, abogados y periodistas de formar una “organización criminal” que “fomenta la práctica del delito de aborto” .
Defienden también que “el secreto de los casos judiciales se basa únicamente en la preservación de los derechos de los niños, niñas, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, y que no puede ser utilizado para encubrir violaciones, que de hecho caracterizarían verdaderas conductas delictivas”.