El actual mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso se enfrenta a una moción de censura por el delito de peculado (malversación de fondos) por su continuidad de contratos dañinos para el país entre la estatal petrolera flopec y la transportadora de hidrocarburos Amazonas Tankers. Pero este juicio político a su investidura se erige también sobre el desprestigio popular al estar implicado en una red de narcotráfico que le financió su campaña política.
Lasso está a un paso en falso de caer por la borda tras la aprobación en la Asamblea Nacional del juicio político, que finalmente tendrá su veredicto por destitución o no durante el 20 y 22 de mayo con la posible luz verde de 92 legisladores como mínimo (de los 137).
Pero si el presidente ecuatoriano no expira tras la decisión parlamentaria final quizá no podría finalizar su mandato porque su imagen política está muy deslegitimada. Es que en febrero de este 2023, el diario La Posta reveló un informe de la Fiscalía de Manta (2021) apodado como “El León de Troya” que le dio la estocada de muerte a Guillermo Lasso al detallar los vínculos entre su cuñado con la mafia albanesa y la influencia de éstos en la designación de cargos públicos en Ecuador.
El caso que mediáticamente se denominó como “El Gran Padrino” mostró los nexos entre el cuñado de Lasso, Danilo Carrera, un ciudadano llamado Rubén Chérres–que fue asesinado en marzo- y el albanés Dritan Gjika, quienes usaban como cortina la empresa Osaka Fish que comercializa pescados.
El albanes Gjika “lleva en Ecuador casi una década y desde Guayaquil ha dirigido diversos negocios, entre ellos una exportadora de banano que se relaciona con una importadora albanesa acusada de narcotráfico”, según un diario local.
Ahora bien, unas 10 mil escuchas telefónicas presentes en el informe policial -de las cuales algunas se filtraron a los medios -develó como el cuñado de Lasso y Chérres gestionaban cargos públicos, la entrega de créditos del Estado a empresas amigas y cupos para exportación de banana, en toda una estructura que alcanzó a BanEcuador, Ministerio de Agricultura, Aduanas, Migración, Ministerio de Energía yel control del espacio aéreo.
Además, los cargos públicos gestionados eran en instituciones claves del Ecuador como en el servicio de Aduanas para permitir el paso libre de drogas y armas ilegales o bien en el Ministerio de Energía para lavar dinero del narcotráfico.
A su vez, en los audios filtrados por La Posta, Rubén Chérres (encontrado asesinado en febrero del 2023 con signos de tortura) habla sobre una cuota mensual de US$ 30.000 para Danilo, el cuñado de Lasso. Mientras que en otro audio, Chérres menciona que él y sus socios han aportado al menos US$ 1.5 millones para la campaña de Guillermo Lasso que asumió al Ejecutivo en el 2021.
Sin embargo, el informe policial se archivó porque el fiscal recibió un documento de la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito para el Consumo Interno que aseguraba que “no se ha logrado obtener elementos de convicción que aporten al proceso investigativo”, lo que denotaría un pedido político.
La Asamblea Nacional del Ecuador está en la etapa resolutiva del juicio político de censura contra el actual presidente Guillermo Lasso por el delito de peculado -o malversación de fondos- que manchó su ‘investidura impoluta’ de la misma corruptela que acusa al correísmo, lo que podría destituirlo del Ejecutivo.
El partido opositor Movimiento Revolución Ciudadana -que integraba el ex mandatario Rafael Correa- empezó con el proceso en enero pasado, que desencadenaría en el juicio político al actual presidente con la conformación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional -el Parlamento- tras la presentación de un informe firmado por 104 asambleístas que exponía cómo Lasso no evaluó riesgos en contratos de la estatal petrolera Flopec, y hasta lo acusaban de “traición a la Patria”.
Luego, el 16 de marzo, la Comisión de Fiscalización presentó formalmente el pedido de juicio político al actual líder ecuatoriano con el respaldo de 59 firmas y 3 causales entre las que se encontraban el delito de cohecho y peculado a través de la estatal petrolera FLOPEC.
Cuando este pedido de juicio político pasó a la Corte Constitucional del Ecuador el 24 de marzo para que lo legitime o desestime, finalmente desechó las dos causales del pedido pero sólo dejó la de peculado -malversación- de Flopec con Amazonas Tanques.
En ese sentido, Flopec tiene el monopolio del transporte marítimo de hidrocarburos a Estados Unidos, Panamá y Chile, y la importación de derivados (nafta, gasolinas y diésel), para cuyas operaciones utiliza buques de tipo Aframax (mayor carga) y Panamax (menor carga). Pero como no tiene buques para satisfacer la demanda nacional, renta busques a terceros.
Y en cuanto a Amazonas Tanker Pool, es un conglomerado de transporte marítimo cuyo contrato envuelve a la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), y salpica a Guillermo Lasso por una controversia en torno a “las tarifas que Flopec recibía por transportar el crudo en sus buques Aframax y en las que pagaba, y por rentar los buques que le hacían falta para cumplir con las condiciones del pool Amazonas Tanker”, así lo refirió el diario Primicias del Ecuador.
Ahora bien, FLOPEC tuvo un acuerdo comercial o pool firmado con la empresa Dragun USA LLP, en diciembre de 2018 para mejorar la rentabilidad de la empresa. Luego se modificó parte del contrato entre 2020 y 2022 con adendas e inclusión de Amazonas Tanker Pool para transportar el crudo ecuatoriano vendido a Petrochina.
Entre estas cláusulas adicionales se especificó un plazo inicial de participación obligatorio de dos años, una renovación automática, el sometimiento a las leyes de Nueva York en caso de controversias y que Amazonas Tanker pasara a formar parte de Mjolner Aframax Pool CO LLC, que ponía dos buques Aframax en el pool.
¿’Opereta’ o peculado real?
El problema empieza, como ya hemos dicho, por el dinero que recibía Flopec por transportar crudo en buques de Aframax y en el alquiler de los buques que le faltaban por la demanda local y en cumplimiento del pool Amazonas Tanker.
La Contraloría, que es una institución gubernamental del Ecuador destinada a la vigilancia y control de los gastos de la administración pública, exhibió en noviembre del 2021 que había una diferencia de USD 6,1 millones con lo que se habría ganado si Flopec usaba sus buques propios -y que pagaba precios superiores a los del mercado por el alquiler de buques- coincidiendo con las irregularidades denunciadas por la ex gerenta general de la estatal, lo que destapó el supuesto de que Lasso no «hizo nada».
En tanto, las asambleístas Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (Pachakutik) que presentaron las pruebas ante la Asamblea Nacional, acusan al presidente Guillermo Lasso de participar en una “estructura de corrupción que perjudicó las arcas estatales” con el mantenimiento del acuerdo comercial Amazonas Tanker Pool a través de Flopec, pese a que perjudicaba al estado, haciendo caso omiso a las recomendaciones de finalizar el contrato.
En el 2021, Pilar Ferri, ex gerente general de FLOPEC envió al ex ministro de Energía y otras autoridades gubernamentales un informe para que reevaluaran los contratos y acciones para «mitigar los riesgos de los hallazgos encontrados».
Entonces Lasso «no hizo nada» cuando se le advirtió sobre irregularidades en el contrato, según dijo la legisladora Viviana Veloz ante la Comisión de Fiscalización. «Por eso pretendemos que sea censurado y destituido, esa es la verdad constitucional y es la verdad política que muchos pretenden ocultarle al pueblo ecuatoriano», lanzó.
Como consecuencia del contrato, según las legisladoras correístas, Flopec terminó ‘perdiendo’ porque los buques ecuatorianos como parte del pool cobraban una tarifa diaria inferior a la que conseguían en otros contratos por fuera; mientras que, los buques de otras empresas internacionales que eran parte del pool que transportaba el crudo ecuatoriano (y para lo que Flopec les pagaba), cobraban tarifas diarias más altas que las del mercado.
Sin embargo, Lasso se defendió a través de su abogado defensor Edgar Neira, quien aseguró que la finalización anticipada de aquel contrato los hubiera llevado como Nación a un arbitraje internacional y que jamás ha estado involucrado en los contratos de transporte de Flopec. Además, la acusación por peculado «pasa por un complejo entramado de beneficios a corporaciones que mantienen contratos con Flopec hace 10 años, cuando gobernaba Rafael Correa«, en palabras de un diario ecuatoriano.
«El presidente no tiene bajo su cuidado recursos de la empresa Flopec, ni de ninguna empresa pública», ratificó Neira. «No se ha establecido cuál habría sido esa distracción de fondos públicos, no hay un análisis económico contable que nos indique en qué habría consistido el pretendido perjuicio», agregó.