Y un día el Poder Judicial se pareció un poco más a la justicia para los hermanos María, Carlos y Mariano Ramírez. Los tres sufrieron un operativo brutal en el que terminó asesinada su mamá y fueron alojados entre abril de 1977 y diciembre de 1983 en el Hogar Casa de Belén, donde fueron sometidos a todo tipo de padecimientos –incluidos los sexuales–. El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata condenó a prisión perpetua por estos hechos a seis policías bonaerenses y al exministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart. Los jueces también encontraron culpable a la secretaria del Tribunal de Menores que internó y retuvo a los chicos en ese lugar, pese a los pedidos de su padre –un preso político– de que le devolvieran a sus dos hijos y a su hija.
El tribunal integrado por José Michilini, Andrés Basso y Nelson Jarazo consideró los hechos como crímenes de lesa humanidad en el marco del genocidio que vivió la Argentina durante la última dictadura. Con esa caracterización, dictaron las condenas a perpetua contra cinco integrantes de la Brigada de Investigaciones de Lanús –conocida también como El Infierno por el centro clandestino que allí funcionó–: José Augusto López, Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez, Roberto Guillermo Catinari y Héctor Raúl Francescangelli.
Para el exjefe de la Dirección de Investigaciones de la Zona Metropolitana Juan Miguel Wolk –conocido como el “Nazi”– también llegó la prisión perpetua después de años de escaparle a la justicia –ya sea como prófugo o simulando estar muerto–. Wolk está también como imputado en el juicio de las Brigadas y se lo sindica como el principal responsable de las desapariciones de los chicos y las chicas de la Noche de los Lápices.
Smart, uno de los pesos pesados de los civiles de la dictadura con importantes vínculos con el Poder Judicial, recibió también la pena de prisión perpetua. Escuchó la decisión del TOF1 de La Plata desde su casa.
Los jueces también decidieron condenar a Nora Susana Pellicer, por entonces secretaria del Tribunal de Menores de Lomas de Zamora que dirigía Marta Delia Pons. Para Pellicer, la pena es de cinco años de prisión. La fiscalía, en su caso, había pedido la pena de 21 años.
Los crímenes
El tribunal analizó dos operativos distintos ocurridos en marzo de 1977 y en los que intervino personal de la Brigada de Lanús. El primero ocurrió el 15 de marzo de ese año en una vivienda de la calle Nother del barrio San José de Almirante Brown, donde vivía Vicenta Orrego Meza con sus tres hijos: Carlos, María y Mariano. Con ellos estaban dos compañeros de militancia, José Luis Alvarenga y María Florencia Ruival. Después de que salieron los tres chiquitos de la casita, los policías acribillaron a los tres mayores. Sus cuerpos fueron sacados del lugar y trasladados en un carro por unos muchachos que vivían en el barrio.
Al día siguiente, la patota de la Brigada de Investigaciones de Lanús se sumó a un operativo en el que intervinieron la Brigada de Quilmes y el Ejército en la zona de Llavallol. Allí, abrieron fuego contra la casa en la que vivían Pedro Juan Berger, Narcisa Adelaida Encinas y Andrés Steketee. Todos fueron asesinados. Berger era el padre de María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew que después se convertiría también en víctima de la última dictadura.
El juicio también contempló lo sucedido con los hermanitos Ramírez en el Hogar Casa de Belén, que dependía de la parroquia Sagrada Familia de Banfield. Allí llegaron por decisión de la jueza Pons –una de las magistradas que se jactaba de su adhesión al “Proceso”– y estuvieron hasta finales de 1983, cuando su papá, Julio Ramírez, logró recuperar la patria potestad gracias a la labor de los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En el Hogar Casa de Belén, los hermanitos Ramírez fueron sometidos a condiciones inhumanas de vida, como reconoció el TOF 1 de La Plata. Ellos reemplazaron los juegos por los padecimientos: desde golpes, penitencias que incluían comer con los perros hasta reiterados abusos sexuales.
La institución era manejada por el matrimonio compuesto por Manuel Maciel y Dominga Vera, quienes vivían en la casa de la calle Pueyrredón 1651 con sus tres hijos. Maciel solía vestir uniforme de fajina, tenía armas y organizaba reuniones con militares en el lugar. Maciel y otros hombres que frecuentaban el Hogar fueron señalados por los abusos.
Por el tiempo transcurrido, Pons, Vera y Maciel no llegaron a sentarse en el banquillo. Por eso, la fiscalía –encabezada por Juan Martín Nogueira y Ana Oberlin– y las querellas pidieron que el TOF 1 efectuara una declaración de verdad en la que se reconociera los padecimientos de los chicos en ese lugar. La única imputada vinculada a la sustracción de los menores que llegó al juicio fue Pellicer, la secretaria del Tribunal de Pons.
La fiscalía también pidió que el Hogar Casa de Belén se desafecte porque entendió que funcionó como un campo de concentración en el que se buscó destruir la identidad de los tres hermanitos. El TOF ordenó que sean las autoridades las que lleven adelante esa medida tendiente a convertir el lugar en un espacio de memoria. Ésta será parte de la reparación que reclaman los hermanos Ramírez para que nunca más otros niños y otras niñas tengan que atravesar lo que ellos padecieron.