El Tribunal Oral 14 de la Ciudad de Buenos Aires absolvió a los tres exfuncionarios del hospital Borda acusados de abandono de persona seguida de muerte y sustracción de documentos públicos de Matías Carbonell, el joven de 23 años paciente del neuropsiquiátrico que falleció en el hospital Penna, adonde había sido trasladado de urgencia el 19 de octubre de 2010. El CELS denunció luego del fallo demoras e irregularidades en el proceso judicial y cuestionó «el lugar que le asigna el Estado a las personas con problemas de salud mental».
Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de Salud Mental de CELS dijo a Página 12 que la sentencia será apelada a Casación. “Estamos convencidos de que tenemos argumentos que pudimos probar para seguir cuestionando esta decisión y por eso vamos a continuar hasta el final”, sostuvo.
En total, a juicio llegaron seis imputados, pero a tres enfermeros se les levantó la acusación antes del final del juicio por falta de pruebas. En el proceso judicial que se llevó adelante de forma virtual participaron como testigos la mamá de Matías Carbonell, profesionales del hospital Borda y peritos del cuerpo forense y otros expertos.
“La Justicia hizo todo lo que no había que hacer con una familia que atravesó esta situación«, aseguró Sabin Paz sobre el proceso judicial que a su criterio fue estigmatizante con Carbonell y moralizante hacia su madre. Matías Carbonell desde muy chico era considerado “revoltoso” en la escuela y en los espacios que transitaba, por eso su mamá lo llevó a terapia con psicólogos y psiquiatras. Con los años, la situación fue empeorando hasta que se decidió la institucionalización en el hospital Borda, donde estuvo alojado varios años.
En su vida, Matías llegó a trabajar en un gimnasio, un locutorio y hasta se puso un kiosco ambulante en la puerta del hospital mientras estuvo viviendo allí. Sus compañeros lo eligieron como delegado para defender los derechos de los pacientes. “Lo querían mucho, era empático, tenía alma de líder. Claramente estaba mucho mejor”, remarcó Sabin Paz.
Pero nueve meses antes de su muerte fue trasladado al servicio 1422 por los problemas que tenía. “Comprobamos que le decían dichos muy amenazantes, estigmatizantes. Incluso cuando lo derivaron le dijeron: acá vas a estar tranquilo porque acá hay loquitos más loquitos que vos y ya vas a ver cómo te vas a tranquilizar”, afirmó Sabin Paz. El tribunal no dio aún los argumentos del fallo.
En ese servicio la salud de Carbonell empeoró, aumentó 18 kilos por las altas dosis de medicación que se le administraron, estaba golpeado y tenía –según la autopsia– quemaduras producto de haber sido sometido a electrocución. “A Matías le hicieron todo lo cruel que le podían hacer, le sacaron la ilusión, le borraron los proyectos, la subjetividad y finalmente hicieron todo para que perdiera la vida”, remarcó la coordinadora.
Luego de ese tiempo en el 1422, Carbonell fue trasladado al hospital Penna donde finalmente falleció. “En el diagnóstico de salud mental va implícito que la persona se puede morir y no es así, el problema está en las condiciones de encierro”, explicó Sabin Paz. Y añadió: “Nos tenemos que preguntar cuál es el lugar de las personas con una enfermedad de salud mental para los jueces que tienen que llegar a un veredicto y para el Ministerio Público Fiscal que es el que tiene que investigar”.
Existe el protocolo para la investigación de muertes en instituciones de salud mental, resuelto en 2014 por el Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental, que señala que todas las muertes en establecimientos de encierro deben ser consideradas dudosas. También sostiene la obligación de valorar el encierro como causal de muerte y de brindar adecuada respuesta judicial a familiares. En este sentido, el CELS sostiene que el caso de Matías llegó a juicio gracias al empuje de la querella y la familia.
El organismo, que viene denunciando el desinterés del Estado con las personas que padecen sufrimiento mental y aún más para aquellas que están en situación de encierro, consideró el fallo como «demoledor». En tanto, llamó a la Ciudad de Buenos Aires a implementar la Ley de Salud Mental. La familia de Matías tuvo que esperar 12 años para que el caso llegara a un juicio “que aliviara su dolor”, aseguró Sabin Paz. Y concluyó: “El fallo es un dolor muy grande, es un recrudecimiento. Es una revictimización”.