La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) vive un situación política, institucional y económica y financiera compleja acreditada en la sesiones públicas del Consejo Superior por sus integrantes. La conducción de la institución está a cargo del rector Daniel Quiroga y la vicerrectora María Corzo. La puja de sectores internos de la Casa de Altos Estudios impacta en vida institucional.
María Corzo dejó este viernes de ser la presidenta de OSUNLaR, la obra social de trabajadores de la universidad luego de ser removida en la sesión del Consejo Directivo.
En un comunicado emitido por la obra social y de acuerdo con un informe elevado al Consejo Superior por la síndica, Liliana Ortiz, se expresa que “existen presuntas irregularidades en procedimientos administrativos y manejo financiero dentro de la obra social por ejemplo el otorgamiento de becas de montos excesivos por parte de la presidencia”.
Según la información “en reiteradas oportunidades se presentaron denuncias por la situación hostil y de violencia ejercida por la presidenta tales como amenazas de apercibimiento, cambios de lugares de trabajo, mobbing laboral o quita de funciones”.
Previo a esta determinación de quitarle el manejo de la OSUNLaR a Corzo, la obra social había recibido una auditoría que trajo el primer conflicto, ya que la auditora Liliana Ortiz Fonzalida había indicado en Riojavirtual Radio que la documentación solicitada no había sido «presentada en los términos legales y por eso se lo ha requerido mediante nota».
“Luego, la Presidenta de la obra social emite una circular mediante la cual ordena no darme la documentación, negármela y eso me ha llevado a mi responsabilidad como síndica de enviar carta documento, lo cual no es lo normal sino que es una situación extrema. La información solicitada, según el estatutos y normas, es obligatoria”, agregó Ortiz Fonzalida en ese momento.
El Consejo Superior también decidió apartar la semana pasada de sus cargos a los directivos del Colegio Preuniversitario General San Martín por violencia de género en contra de una docente. La docente presentó además dos denuncias en el Ministerio Público Fiscal, de donde depende la Unidad Fiscal de Violencia de Género, una por violencia institucional y la otra por violencia de género.