La Unidad de Información Financiera (UIF) posó su atención sobre una causa penal de presunto lavado de dinero en Rosario, urdido a partir de una organización que ofrecía préstamos hipotecarios tras la pantalla de una inmobiliaria, pero con el fin de ejecutar los inmuebles en garantía y comprarlos por menor valor en remates judiciales que están bajo sospecha.
El organismo fiscal de la Nación solicitó al juzgado federal Nº 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque, obtener acceso al expediente que impulsa la fiscal Adriana Saccone, quien viene tomando testimonio en los últimos días sobre al menos 34 personas damnificadas por la organización denunciada.
Y el juez rosarino concedió la intervención requerida. Con esta, es la segunda repartición federal que pone la lupa sobre lo que está pasando en la causa penal, ya que primero fue la Procelac el organismo que recibió la denuncia de una abogada rosarina, Micaela Domínguez, luego de que el Ministerio Público de la Acusación provincial desestimara la chance de abrir investigación. Y fue Procelac la que le encomendó a la fiscal Saccone indagar en el asunto.
En sus considerandos, el magistrado asume que “existiendo interés legítimo por parte de la UIF, se autoriza a los profesionales mencionados a tomar vista de las presentes” actuaciones en el expediente.
Quienes investigan entienden que hay razones para profundizar, dado que el juez Bailaque renovó el viernes 21 la medida cautelar que declara como “bienes litigiosos” las casas de dos deudores de la organización prestamista.
Uno de esos deudores – víctimas ya perdió la vivienda en remate judicial, pero el status de bien litigioso que impone el juez impide la comercialización del inmueble y queda en situación de “no innovar”. La otra persona deudora aún no fue rematada, pero la medida judicial federal viene postergando la fecha de subasta.
Fue la fiscalía de Saccone quien solicitó la extensión de la medida de no innovar sobre esos dos inmuebles hipotecados. Son los dos casos testigo que dieron pie a la investigación. Pero hay muchos más: 34 por lo menos, según la lista de testigos que está interrogando la fiscal. Y según pudo saber este medio, las declaraciones guardan coherencia en describir un mismo proceder por parte de la organización denunciada.
El decreto emitido por el juez Bailaque ya fue notificado al Registro General de la Propiedad, y a los juzgados en lo civil y comercial nº 5 y nº 12, donde se tramita la ejecución hipotecaria de ambos deudores damnificados.
El caso tomó forma penal en 2016, cuando un vecino de zona sur, con un pariente urgido de dinero, acudió a una inmobiliaria de Italia al 1200 que ofrecía préstamos inmediatos a través de un aviso clasificado del diario La Capital. Pero resultó luego que en la escritura del contrato de mutuo este hombre nunca conoció a la supuesta persona que le otorgaba el préstamo y a cuyo nombre tenía el beneficio de la hipoteca de su casa. La inmobiliaria en cuestión no aparecía en la transacción y solo era el lugar donde él debía llevar la plata de cada cuota.
Se sospecha que las personas que figuran como prestamistas son prestanombres.
A pesar de intentar cumplir con los pagos acordados, la parte acreedora –representada por el mismo abogado en todos los casos– rehusó cualquier arreglo y apuró el pedido de ejecución judicial de la hipoteca.
«Jamás fue mi intención no pagar. Por un préstamo de 200.000 pesos nos exigieron 1.500.000 pesos. Frente a esos montos imposibles que nos requerían para cancelar, advertimos claramente que la intención era quedarse con nuestra propiedad llevando adelante la ejecución hipotecaria», relató el hombre estafado en la denuncia elevada a la Procelac.
Luego en el remate, resultó que el comprador de la vivienda subastada fue el mismo abogado que representó al presunto acreedor. Su nombre se preserva de publicarse por ahora al no haber aún una imputación penal por parte de la fiscal Saccone.
Por esta maniobra es que la Procelac, y ahora la UIF, sospechan que hay maniobras de lavado de dinero a partir de otro delito previo, la intermediación financiera no autorizada, porque una inmobiliaria no tiene autorización legal para promover préstamos hipotecarios.
Esta operación se habría repetido decenas de veces en los últimos años.
La abogada Micaela Domínguez, al acudir a la Procuraduría, expuso que el objetivo de esta organización es «quedarse con la propiedad de los deudores, lavando de éste modo colosales sumas de dinero en pesos y en dólares frente al accionar impávido de la Justicia que le permite, sin mayores obstáculos, no sólo concretar sus objetivos, sino que además termina siendo funcional a los mismos».