El presidente de Brasil, Lula da Silva, anunció una serie de medidas destinadas a terminar con la discriminación racial y reducir las desigualdades contra la población afrodescendiente en el gigante sudamericano.
Desde que asumió la presidencia, Lula se comprometió a reparar la deuda histórica que tiene el Estado de Brasil con la población afrodescendiente por los 350 años de esclavitud.
Hacia la igualdad racial
Desde el Palacio de Planalto en un acto por el Día Internacional de combate a la Discriminación Racial, el mandatario brasileño firmó un decreto para que al menos el 30% de los cargos de confianza en la administración pública federal sean destinados a personas negras. Lula quiere que su gobierno tenga “la cara de la sociedad brasileña” donde la población es mayoritariamente afrodescendiente.
«Combatiendo el racismo, combatimos la raíces históricas de las desigualdades de este país», afirmó Lula en un acto en el Palacio de Planalto en Brasilia.
«Ningún país del mundo vivirá una verdadera democracia mientras el color de las personas determine las oportunidades que tendrán o no a lo largo de sus vidas», expresó el mandatario.
La población afrodescendiente en Brasil sufre tasas altas de desempleo, ganan menos y son las principales víctimas de violencia policial. Según el Fórum Brasileño de Seguridad Pública, la población negra o mestiza representa cerca del 85 % de las víctimas en intervenciones policiales.
Lula también aprobó medidas para mejorar las condiciones de vida de los brasileños afrodescendientes. Una de las iniciativas es un programa enfocado en garantizar el acceso a la tierra, infraestructura y servicios públicos a las comunidades quilombolas integradas por descendientes de personas negras que fueron esclavizadas.
Según datos oficiales, más de un millón de personas en Brasil se declaran quilombolas. Esta semana Lula firmó la titulación de tres nuevos territorios quilombolas en Minas Gerais y Sergipe que estuvieron en estudio desde hace dos décadas.
La decisión de Lula se contrapone a la de su antecesor, Jair Bolsonaro (2019-2022) que había paralizado estas iniciativas.
Acceso a la tierra, educación y salud
El mandatario también creó grupos de trabajo interministeriales para impulsar proyectos que garanticen el acceso y la permanencia de estudiantes negros en las universidades, así como proponer políticas de cuotas obligatorias en instituciones oficiales.
También tendrán la misión de elaborar un programa para disminuir los homicidios y las vulnerabilidades sociales de la juventud negra para dar continuidad a un programa similar que había lanzado Dilma Rousseff durante su gobierno (2011-2016).
Otro grupo de trabajo estará encargado de luchar contra el racismo religioso que afecta en especial a comunidades tradicionales de raíces africanas.
Según datos oficiales, la tasa de pobreza entre negros y mestizo, que representan el 56 % de los más de 210 millones de brasileños, es casi dos veces mayor que la de los blancos.
La ministra de Igualdad Racial, Anielle Franco, garantizó que no se detendrán «hasta que ninguna persona negra en Brasil pase por hambre, tiros, falta de oportunidades y el racismo sistemático que se profundiza en muchas dimensiones». «Nuestro Brasil es el de la igualdad racial», añadió Franco, hermana de Marielle Franco, la concejala de Río de Janeiro asesinada a tiros en Río de Janeiro el 14 de marzo de 2018, en un crimen que todavía no fue esclarecido.
El gobierno también revitalizará el Cais do Valongo (Muelle del Valongo), un antiguo puerto de Río de Janeiro por donde pasaron más de un millón de esclavos y que en 2017 fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco, por medio de la construcción de un «centro de referencia de la herencia africana».