El Caso Beatriz contra El Salvador llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. La CorteIDH deberá pronunciarse por primera vez sobre la prohibición total del aborto que rige desde 1998 en el país centroamericano.
La CorteIDH convocó a una audiencia pública que se desarrollará entre el 22 y 23 de marzo por el Caso Beatriz contra El Salvador. Organizaciones sociales y familiares de Beatriz presentaron la denuncia ante la CorteIDH por las reiteradas violaciones a los derechos de la joven salvadoreña.
La audiencia pública será en la sede de la CorteIDH en Costa Rica donde está previsto que declaren 42 personas que fueron propuestas por los demandantes y por el Estado salvadoreño.
«Al conocer todas las violaciones de derechos que enfrentaron Beatriz y su familia, esperamos que el Estado salvadoreño sea condenado«, declaró Sara García, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (Acdatee).
También esperan que la Corte IDH ordene medidas de no repetición y se traduzca en cambios estructurales en las leyes de El Salvador, agregó García.
La noche del martes hubo una vigilia afuera de la sede de la Corte IDH para pedir justicia por Beatriz.
«Este es un caso muy importante para el Salvador y la región porque refleja las consecuencias de las leyes restrictivas de aborto y la falta de acceso de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos. No es casual que el primer caso que conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre aborto sea de El Salvador», dijo Angélica Rivas de la Colectiva Feminista de El Salvador.
La historia de Beatriz
Beatriz, era una joven que vivía en condiciones de pobreza y a la que el Estado salvadoreño le negó la posibilidad de acceder a un aborto luego de que se comprobó que el embarazo representaba un riesgo para su vida y que el feto no tenía posibilidades de vida por fuera del útero.
Beatriz tenía 20 años cuando en febrero de 2013 le confirmaron un segundo embarazo. La joven había tenido un primer parto de riesgo y había sido diagnosticada con lupus. Un mes después los médicos advirtieron la posibilidad de que Beatriz muriera si se extendía el embarazo. Además, el feto fue diagnosticado con malformacion congénita incompatible con la vida, no tenía partes del craneo y cerebro.
Pero la leyes salvadoreñas le negaron a Beatriz la posibilidad de salvar su vida. Fue obligada a continuar 81 días con el embarazo a pesar de que el feto no tenía posibilidades de vida fuera del útero. Durante esos meses a Beatriz no se le permitió salir del hospital. A la joven le practicaron una cesárea y el feto murió cinco horas después.
Continuar el embarazo le trajo complicaciones médicas que se sumaron a los padecimientos previos que tenía Beatriz, quien murió en 2017 en un accidente mientras iba al hospital.
El Salvador y el aborto
El Código Penal de El Salvador impone penas de dos a ocho años de cárcel por abortar. Pero fiscales y jueces tipifican con frecuencia los casos de pérdida del embarazo como homicidio agravado, delito que se castiga con penas de 30 a 50 años de prisión.
Al elevar el caso a la Corte IDH en febrero del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que “si bien la protección de la vida desde la concepción constituye un fin legítimo, la criminalización de la interrupción del embarazo cuando existe incompatibilidad del feto con la vida extrauterina no logra satisfacer el requisito de idoneidad”.
La CIDH estableció que la penalización del aborto, en particular la prohibición bajo toda circunstancia y sin excepción, puede incentivar a que las mujeres recurran a abortos ilegales e inseguros, poniendo en riesgo su salud física y mental e, incluso, su propia vida.
Consideró, además, que el dolor y sufrimiento que atravesó Beatriz desde que solicitó la interrupción del embarazo y aún con posterioridad al nacimiento y muerte del feto, constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes.