Desde Rosario, a donde viajó para participar de la conferencia «Argentina: un modelo de desarrollo económico y social fallido, desigualdades sociales, pobreza e inseguridad», el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, señaló que el indicador de pobreza bajó con la recuperación económica pero que ahora retomará la suba.
Es que la estanflación amenaza la economía argentina y frena la caída de los índice de pobreza que venían registrándose en los últimos períodos: frente al actual contexto inflacionario y estancamiento de la actividad «la pobreza va aumentar», afirmó.
La tasa de pobreza venía en baja. Durante el primer semestre de 2022 se ubicó en 36,5% -según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y el próximo 30 de marzo publicará las cifras oficiales del segundo semestre del año pasado, un período marcado por turbulencias económicas y políticas.
Así, en medio del año electoral, las perspectivas dejaron de ser positivas. Apuntó Salvia, que el mayor consumo y la recuperación del empleo produce un efecto de caída de la pobreza. «Eso se logró en 2011/12 y 2017 pero ficticiamente«, dijo. A su juicio, eran parte de «burbujas» a las que las clases medias apostaron en el 2011, cuando ganó Cristina y en 2015, cuando Macri ganó con la promesa de pobreza cero y bajar la inflación. Y recordó:
Con la pandemia, en 2020 la pobreza subió hasta el 47/48% pero luego bajó «en un contexto de reactivación, a pesar de la inflación, sobre fines de 2020 y 2021 y buena parte del 2022«.
En ese período se creó más trabajo pero a Salvia no lo convence el mecanismo: «No se creó más empleo formal ni mejoraron los salarios«, lamentó. Igual, reconoció que las familias lograron recuperar su nivel de actividad, lo que produjo que la pobreza cayera al 35-36% durante el último semestre del año, «incluso algo por debajo de lo que había dejado Macri«:
Y vaticinó que ahora se viene justamente ese proceso, en el que «ya no hay oportunidad de crear más trabajo, ni siquiera informal«. Esa situación estaría alimentada por el efecto de «una estanflación que parece amenazar la economía argentina«.
Aclaró que «esto no es explosivo» pero «la pobreza va aumentar» y se quejó porque los programas sociales se incrementaron durante este gobierno y crearon una dependencia de los hogares pobres respecto de la asistencia pública.
En tanto, el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina entiende que esta clase media baja que ahora se ve empobrecida «no reclama programas sociales» sino «que se los deje trabajar tranquilos, que baje la inflación y que su trabajo les permita vivir». Piden, dijo «seguridad y estabilidad». Son demandas básicas, subrayó, que «todos los gobiernos les prometieron pero ninguno se lo garantizó».
Acá entra a jugar el año electoral y el rol de estos segmentos que «políticamente están enojados y que se están volcando a la antipolítica«.
Considera además que los meses que vienen no serán fáciles de recorrer, aunque estimó que «están dadas las condiciones para que no explote, para que con alta inflación y estancamiento lleguemos a las elecciones, se renueven las expectativas y haya posibilidades de un cambio de escenario«.
Para Salvia cualquiera de los que ganen tendrán que «tomar medidas de estabilización macroeconómica«, prescribió.
Y aunque fantaseó con que esta estabilización «no necesariamente significa ajuste», consideró que «el sistema de precios se tiene que reacomodar», dejando «perdedores y ganadores». De hecho, llamó a «un acuerdo societal, un acuerdo político» que permita transitar ese camino sin entrar en un «colapso institucional o un colapso social».
Es un camino, enfatizó, del que «no se va a salir sin un ajuste». Y avizoró, en ese sentido, un «reacomodamiento» en el marco de las alianzas políticas, gremiales, sindicales, de los movimientos sociales, de los actores económicos, empresariales y de los sectores profesionales.
«Duele la palabra ajuste pero el Estado nacional va a tener que producirlo, no los provinciales que están manejando muy bien sus finanzas públicas», dijo. De esa manera piensa que «las clases medias, que tienen 20.000, 50.000 ó 100 mil dólares» la sacarán del colchón e invertirán «en un país que va a progresar, que va a producir trabajo, que va a crear beneficios, ganancias».
Salvia las llama «reformas estructurales progresistas». Aunque, paradójicamente, apuntan, por ejemplo, a reformar la ley de contrato de trabajo. Es que para el investigador, esa norma es culpable de que «al trabajador que se incorpora en un taller se lo explote y se lo mantenga en situación de precariedad laboral».
En materia impositiva, en cambio, sí considera necesario una reforma por la cual «los sectores más pudientes hagan aportes de ganancias mayores». También que el sector financiero debe aportar. «Hay cambios, giros estructurales que hay que hacer en materia tributaria, laboral y de seguridad social», subrayó. Y, aunque aclaró que los programas sociales «no se pueden erradicar de manera inmediata», sí deben ser reformados.