El diputado liberal de Javier Milei de la provincia de Buenos Aires, Nahuel Sotelo, se reunió con el embajador de El Salvador, Eduardo Cardozo Mata, en la embajada que el país tiene en Buenos Aires para conversar sobre diversos temas, principalmente el combate contra la inseguridad.
La política dura de Nayib Bukele contra la inseguridad resonó en todo la prensa internacional por su efectividad en la limpieza de La Campanera, pero también recibió críticas y denuncias de organismos y ciertos “progresistas” por violar derechos humanos de los delincuentes en la mega prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo, en Tecoluca.
Lo cierto es que los vecinos de La Campanera lograron recuperar la tranquilidad y volver a disfrutar del aire libre. El Salvador pasó de ser el país más inseguro del continente al más seguro en tan solo dos años, de acuerdo a lo expresado por el embajador de aquel país.
En este contexto, Sotelo mantuvo un encuentro con Mata para conocer detalles del operativo ya que piensa que el camino que emprendió Bukele es el “correcto” pues, “los ciudadanos vivan tranquilos y los delincuentes con miedo”.
La decisión del legislador pudo haber respondido a su preocupación por la creciente violencia en Rosario para interiorizarse en el modo de combatir a las narcos que hunden a la provincia en la máxima inseguridad.
A través de su cuenta Twitter, el legislador dio detalles de lo conversado con el Embajador durante el encuentro, entre los cuales destacó la problemática que atraviesa nuestro país en materia de seguridad, economía y migración de jóvenes al exterior en busca de una mejor calidad de vida.
“Pasamos de 101 homicidios cada 100.000 habitantes, a tan solo 2 homicidios cada 100.00 habitantes”, sostuvo el diplomático en la reunión.
También se habló de las juventudes de ambos países y de cómo El Salvador logró reducir drásticamente el número de migrantes que se iban hacia Estados Unidos. “La economía y la seguridad, entre otras cosas, hacen a la calidad de vida de un país”, resaltó Sotelo.
El diputado concluyó que las denuncias de organismos internacionales sobre violaciones a los Derechos Humanos en El Salvador “demuestran que el presidente Bukele está en lo correcto. Él convirtió a su país, en un lugar donde los delincuentes tienen miedo y los ciudadanos viven tranquilos, contrariamente a lo que se ha convertido Argentina en el último tiempo”.
Guerra a las maras
En el país actúan tres “maras” la Salvatrucha 13, Barrio 18 sureños y la disidente Barrio 18 revolucionarios que dominaron hasta hace unos meses la vida de los millones de salvadoreños infundiendo temor.
Desde el inicio del Estado de Excepción impuesto por el Gobierno de Bukele, los habitantes de La Campanera empezaron a descubrir patrullajes constantes de fuerzas de seguridad y desde, finales de marzo de 2022, según El Faro, los vecinos volvieron a la cancha a ciertas horas del día.
El 03/12/2022, con la militarización de Soyapango, la comunidad volvió en pleno a una vida afuera de sus casas que por décadas estuvo restringida tras el ocultamiento del sol, e incluso antes si había crispación entre los pandilleros.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo, es una cárcel de máxima seguridad que tiene capacidad para albergar a 40 mil pandilleros.
Críticas a Bukele
Sin embargo, la gran popularidad del presidente Nayib Bukele (llega al 80% según los últimos sondeos) crece a la par de las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
En “Humans Rights Report 2022” Estados Unidos indicó que ha habido “numerosos reportes” de arrestos arbitrarios, procesos judiciales injustos, desapariciones y muertes a mano de las fuerzas del orden de El Salvador desde que se impuso el estado de excepción en marzo de 2022.
“Más de 52.000 personas fueron arrestadas durante los primeros seis meses del estado de excepción, llevando a denuncias de hacinamiento y tratos inhumanos en las prisiones”, destacó Washington.
Por su parte, una organización de defensa de derechos humanos aseguró el viernes pasado (17/03) que denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado salvadoreño por “la violación sistemática” de derechos de 66 personas detenidas durante su estrategia ofensiva contra las pandillas.