Un operativo policial digno de un premio por su mega producción cinematográficadirigida por Nayib Bukele fue noticia mundial en las últimas semanas, y tras las repercusiones, ahora la oposición argentina pide y mano dura al Gobierno en todas las cárceles del país.
Los protagonistas de ese mega operativo viral fueron 2.000 delincuentes siendo trasladados a una cárcel de El Salvador, video en el que el presidente de ese país, Nayib Bukele, mostró a sangre fría en dónde pasarán el resto de sus días peligrosos delincuentes «que no le harán más daño a la población». Las repercusiones fueron muchas, desde halagos a la gestión de Bukele para disminuir la inseguridad y delincuencia, hasta la discusión sobre la vulneración de los derechos humanos, debate del que la Argentina no quiso quedarse afuera.
Argentina se encuentra entre los países con las tasas más altas de delito mundial, pero no solo eso, sino que además el sistema judicial y las normas vigentes -en la mayoría de los casos- apañan a delincuentes, y las cárceles y comisarías parecen tener una puerta giratoria permanente.
Ante ese escenario, la sociedad argentina muestra su malestar reiteradamente, sobre todo a través de sus redes sociales, y tras el «operativo Bukele» hubo cientos y miles de elogios para el presidente salvadoreño, ya que gran parte de la sociedad argentina consideró que los delincuentes y privados de libertad del país gozan de insólitos beneficios y privilegios de los que no son merecedores.
«Modelo Bukele en Argentina y se van a acabar estas ratas… unas ganas de que a Argentina la gobierne Bukele… En Argentina los presos narcos planean su fuga desde su celulares en carceles federales VIP, en El Salvador tienen hasta las visitas prohibidas duermen en una cama de chapa», fueron algunas de las opiniones que se leyeron en las redes sociales.
Sin embargo, la discusión, debates, críticas y elogios no solo quedaron en la opinión pública, sino que el debate se trasladó a la dirigencia política, y funcionarios como Sergio Berni o Daniel Scioli, que decidieron también opinar sobre el tema.
«No tengo dudas que la solución de la Argentina es el camino que llevó adelante Bukele… Yo creo que Bukele me copió lo que tengo en la cabeza», dijo, por ejemplo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Lo mismo hizo Scioli en C5N, que en un guiño a Bukele dijo estar «a la derecha de la derecha».
«Los narcos son mercaderes de la muerte y como tal hay que tratarlos. Yo en esto estoy a la derecha de la derecha. Si los tipos están dispuesto a todo, el Estado también debe estarlo. Hay que usar todas las herramientas del Estado de Derecho para combatirlos», disparó.
También opinó el periodismo, y en ese sentido la conductora Viviana Canosa reflexionó: «con la delincuencia no se negocia… ¿Cómo hizo el presidente de El Salvador? si querés terminar con las mafias se puede, sí se puede, pero tenés que tener unas pelotas enormes y ponerlas arriba de la mesa».
La oposición pone la mira en las cárceles
Con el tema en caliente, la oposición no perdió la oportunidad para responsabilizar al Gobierno respecto al «mal funcionamiento de las cárceles», y en ese sentido, presentó un proyecto en el que piden la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, para que brinde información y explicaciones sobre el tema.
En concreto, los diputados de Juntos por el Cambio solicitaron que Soria de explicaciones «acerca de la situación actual en establecimientos penitenciarios en cuanto a actividades delictivas promovidas por parte de personas alojadas allí y las medidas concretas que están tomando al respecto. En particular, en lo atinente a comunicaciones y utilización de equipos de telefonía celular o móvil de la población carcelaria», es decir, que explique en el Congreso sobre el uso de celulares en cárceles.
«Las cárceles en Argentina funcionan mal. Tanto es así que desde los propios establecimientos penitenciarios se coordina el accionar de las bandas delictivas. La semana pasada se encontraron celulares en los allanamientos ordenados en cárceles federales, los fiscales presentaron varios informes advirtiendo la situación, pero el gobierno aún lo niega. El Ministro de Justicia debe explicar cómo es que el Estado, por acción u omisión, se termina convirtiendo en cómplice de los delitos que se cometen bajo su supervisión», sostuvo Carla Carrizo, diputada autora de la iniciativa.
En ese sentido, la oposición recordó que en el 2017, a través de la Ley N° 27.375 que introdujo una modificación en el artículo 160 de la Ley 24.660 de Ejecución Penal, los celulares están prohibidos en las cárceles, pero que evidentemente los delincuentes siguen gozando de dichos beneficios; aparatos con los que incluso, siguen cometiendo delitos dentro de la propia cárcel.
“El caso de Rosario no solo puso en escena la falta de políticas concretas del gobierno contra la inseguridad y el delito organizado, también evidenció que no hay una política penitenciaria. El Estado está ausente fuera y dentro de las cárceles. Y no es que falten leyes, en el 2017 se prohibieron los celulares en los penales, pero el gobierno no las cumple”, añadió la diputada.
Estafas virtuales organizadas desde las cárceles y uso de las redes sociales
El uso de celulares en las cárceles sirve de puente para que dentro de los centros penitenciarios continúe el delito del narcotráfico, se realicen secuestros extorsivos y se concreten estafas virtuales, organizadas concretamente por sujetos privados de su libertad. En teoría, el uso de teléfonos celulares está prohibido, pero la llegada de la pandemia modificó la aplicación de las normas y en las cárceles, al verse restringidas las visitas a los reclusos por motivos epidemiológicos, permitieron el ingreso de telefonía celular. Ahora, el remedio parece ser peor que la enfermedad.
Lo que en principio se pensó como un aparato tecnológico que contribuiría a mantener el vínculo con sus familiares, se convirtió en una nueva herramienta para que los presos sigan cometiendo delitos. Por ejemplo, un caso viral fue el de la banda de «El Tumbero» quien dentro de una cárcel y gracias a un teléfono celular lograba vender automóviles robados.
El jefe de la organización criminal estaba preso en la Unidad Penal N° 9, de La Plata y desde la cárcel, con un celular, se dedicaba a engañar a todos los interesados que intentaban comprar un auto publicado a través de la red social Facebook.
Según publicó el diario La Nación el año pasado, con esa metodología la banda estafó a decenas de personas que pagaron por vehículos que, en realidad, eran robados. A su vez, fuentes de la Policía Federal, explicaron que “El Tumbero”, tal como se conocía al jefe de la banda cobró $ 35.000.000 por vehículos robados y que eran entregados con documentación apócrifa. Cuando allanaron la Unidad Penal le secuestraron el celular.
Otro fenómeno que genera malestar en la sociedad y siempre está en el debate sobre el uso de celulares en las cárceles tiene que ver con el uso de las redes sociales por parte de los presos. Por ejemplo, en octubre del año pasado, Juan Marquestau, un femicida, fue noticia por los videos que subía a TikTok desde la cárcel. En ellos, bailaba y saludaba a sus seguidoras mujeres. Lo mismo ocurrió con Pablo Rivas Stewart, presunto asesino del periodista mendicino Luziano Moreno, delincuente que se promocionaba en Tinder con la reseña «Pablo, 29 años, detenido en San Felipe (cárcel de Mendoza) no busco nada serio».