La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anuló la disposición contenida en el único aparte del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que castigaba con pena de cárcel a los funcionarios homosexuales en la Fuerza Armada. En 2023 un milico bolivariano ya puede ser puto.
El tema es interesante porque Venezuela, al igual que Cuba, se asumen como gobiernos ‘progresistas‘. Es desconocido cómo explican ese enfoque. Tampoco se entiende cómo es que son reivindicados por los supuestos ‘progresistas’ del Mercosur.
La norma ahora suprimida imponía pena de 1 a 3 años de prisión, al militar que cometiera “actos sexuales contra natura”.
Activistas LGBT y organismos internacionales defensores de derechos humanos exigían desde 2016 la derogación de esta disposición. Pero el Tribunal Supremo de Justicia ignoró estos reclamos hasta ahora que tomó la decisión, mediante sentencia Nº 128 del 16/03/2023, luego de una solicitud del defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
El Tribunal consideró que el artículo no definía taxativamente a qué se refería con “actos sexuales contra natura” y que su hipotética aplicación pudiera lesionar los derechos humanos y el debido proceso.
Venezuela era uno de los pocos países latinoamericanos que aún tenía vigentes leyes que criminalizan la homosexualidad.
El 14/02/2023, activistas LGBTI protestaron frente al Supremo para exigir una respuesta definitiva al recurso que pedía la anulación de un artículo del Código de Justicia Militar, además de otros derechos en mora, tal como el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género.
Quienes aspiraban a integrar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), debían ser “moralmente” aceptables, ya que para el Estado venezolano era una ofensa que sus oficiales tuvieran intimidad con personas de su mismo sexo: la moralidad pasa por la heterosexualidad.
Yankilandia
Sin embargo, USA no debería cuestionar demasiado. Hasta el arribo de Bill Clinton a la Casa Blanca, el Pentágono rechazaba la homosexualidad en un soldado.
La historia anterior fue densa.
En 1962, los 50 estados habían criminalizado la actividad sexual entre personas del mismo sexo, y no sería sino hasta 2003 que todas las leyes restantes se invalidarían.
La Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA) había definido en 1952, ‘gay’ como un trastorno, más específicamente, una «perturbación psicopática de la personalidad».
La clasificación significaba que cualquiera que se saliera de los límites de la heterosexualidad podía ser institucionalizado en contra de su voluntad, y sometido a «curas» como castraciones químicas, terapias electroconvulsivas y lobotomías.
Boliviarianos
Volviendo a Venezuela 2023, el Código Orgánico de Justicia Militar castigaba con hasta 3 años de cárcel y expulsión, las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo en las fuerzas armadas.
Esta disposición, que forma parte de un capítulo del Código titulado ‘De la Cobardía y otros Delitos contra el Decoro Militar‘, penaliza los “actos sexuales contra la natura”. .
Giovanni Piermattei, presidente de la organizaciones de la sociedad civil Venezuela Igualitaria, que trabaja en temas de derechos de personas LGBT en Venezuela, dijo a la ONG Human Rights Watch que su entidad ha recibido denuncias reiteradas sobre este tipo de acoso homofóbico, incluso en enero de 2023. L
Luego de que la ONG Venezuela Igualitaria presentara una demanda de inconstitucionalidad, el Tribunal Supremo de Justicia ha anunciado que analizará la constitucionalidad de la disposición.
En algunos países anglófonos tal como Jamaica, Guyana y Dominica, estas leyes siguen en vigencia, un legado del imperialismo británico.
Los actos sexuales entre personas del mismo sexo siguen estando penalizados en 69 países, incluyendo a Irán, Myanmar y Sudán.
En los últimos meses dentro del estamento militar se había agudizado la expulsión de cadetes y oficiales por su orientación sexual, pese a que tengan una conducta intachable dentro del ejercicio de sus funciones, si son descubiertos en una relación “inmoral”. Son sometidos a vejámenes e incluso enjuiciados, pero la pareja del oficial también puede ser salpicada por las leyes castrenses.
Un relato
El siguiente texto, en abril de 2022 y que ahora se supone es historia, la agencia de noticias francesa AFP intentó reflejar la situación:
«El capitán José desertó acorralado por años de presiones. Al teniente Rafael le abrieron un juicio y lo expulsaron. Ambos tenían expedientes limpios en la Fuerza Armada de Venezuela, pero ser homosexuales les valió persecución, discriminación y humillaciones.
«Actos contra natura» pueden acarrear tres años de cárcel y una salida deshonrosa, según el Código Orgánico de Justicia Militar vigente, lo que obliga a militares homosexuales a ocultarse.
Tras varias reformas, la más reciente en septiembre de 2021, el código mantiene inamovible este artículo, pese a pedidos de derogación hechos por activistas ante el Parlamento, de mayoría oficialista.
«Es más grave ser gay que ser corrupto», lamenta José, como pidió ser llamado este capitán de la Guardia Nacional, de 36 años.
«Hay militares corruptos, ladrones, narcotraficantes, con procedimientos, que los sancionan y siguen trabajando luego como si nada», dice José, quien guarda en su celular una fotografía donde se observa una zona pelada en su cabeza. «Era tal la presión que se me caía el cabello».
La Fuerza Armada ha sido acusada de violaciones sistemáticas de derechos humanos en el control de protestas, lo que niega su cúpula.
La «primera pregunta que te hacen en la entrevista de ingreso es ¿cuál es su inclinación sexual: homosexual, bisexual o heterosexual? Si no respondes que eres heterosexual estás descartado, allí empieza el primer filtro», apunta Rafael, el teniente del Ejército expulsado, de 37 años.
La pesadilla de José comenzó en 2017, cuando se investigó a «un grupo grande de militares» para determinar quién era gay.
Ni era casado, ni tenía hijos, requisitos obligatorios para ascender a grados superiores. Si bien muchos se casan por salvar su carrera, José se negó y mantenía en secreto una relación con un hombre.
Estuvo cuatro días detenido. «Fueron los peores cuatro días de mi vida», relata entre lágrimas.
«¿Tú tienes novia?», recuerda le preguntaron una y otra vez, con saña.
«El último día de la investigación me hicieron la prueba del polígrafo, me encerraron en un cuarto, me conectaron a unas máquinas, prácticamente sin ropa, conectado con chupones en los dedos, en las manos. Me preguntaron lo más íntimo».
«¿Cómo vamos a tener aquí a un marico?», dice que le repetían para obligarlo a firmar un documento en el que aceptaba ser gay. «Como no tuvieron una prueba firme (…), se dedicaron a humillarme».
Nunca más se le permitió comandar tropas. Pasó meses encerrado en un galpón, donde solo cumplía horario. «El comandante de esa unidad me decía que le tenía asco a los maricos, que no me quería cerca».
Por último le asignaron manejar el Twitter de un comando.
«Estaba tan decepcionado que decidí irme», sostiene José, que ahora está exiliado en España.
Para Rafael -quien pide mantener su nombre real bajo reserva-, fue un encuentro casual en su apartamento lo que le costó su carrera. Su acompañante, otro militar, intentó matarlo después de intimar tras una noche de tragos.
Le dijeron que pidiera la baja para evitar la «humillación». «Se está investigando que usted es gay y no puede haber gays en la Fuerza Armada», asegura que le respondieron al citarle el Código de Justicia.
«Tú verás si la haces por la vía fácil o la difícil», relata que le dijeron, recordando vejaciones que incluyeron una prueba forense anorrectal sin su consentimiento.
Fue citado por la Fiscalía militar para informarle que era investigado «por homosexual».
«Si no acepta la baja lo vamos a tener que procesar y va a ir preso de dos a tres años. Tiene dos opciones: pedir la baja o lo imputamos», cuenta que le indicaron en el tribunal militar. Rafael aceptó ir a juicio.
Sin embargo, fue expulsado mediante un proceso disciplinario y el juicio no prosperó al estar ya fuera de la Fuerza Armada. (…)