“Quien hizo esto será encontrado y castigado. La democracia garantiza el derecho a la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones. No hay precedente en la historia del país de lo que hicieron hoy. Por eso deben ser castigados”, sostuvo Lula Da Silva. Luego de los acontecimientos, se registraron 1.459 detenidos, entre los que se encontraban 45 candidatos a cargos públicos en la última década. La Corte Suprema de Brasil decretó la prisión preventiva por tiempo indefinido a 140 de ellos.
Como parte de la reestructuración de las fuerzas de seguridad, el mandatario brasileño cesó esta semana a los 27 superintendentes regionales de la Policía Federal de Carreteras y a 18 de la Policía Federal. Además, este miércoles la Justicia Federal de Brasil ordenó bloquear el patrimonio de 52 personas y siete empresas sospechosas de financiar el intento de golpe de Estado, incluido los colectivos que llevaron a los manifestantes hasta los edificios gubernamentales.
En un video publicado en redes sociales, Jair Bolsonaro se refirió a los acontecimientos: «Lamento lo que pasó el día 8, algo increíble, pero en mi gobierno la gente aprendió lo que es la política, conoció los poderes, empezó a valorar la libertad». El ex ministro de Justicia de su administración, Anderson Torres, fue detenido este sábado en el aeropuerto internacional de Brasilia. Al ocupar el cargo de secretario de Seguridad del Gobierno del Distrito Federal, era el máximo responsable de garantizar la integridad de los edificios públicos que fueron tomados.