Luego de haber mantenido perfil bajo durante un tiempo, mientras avanzaba la causa por abuso sexual que enfrenta en los tribunales tucumanos, el líder de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, presentó el último viernes un pedido de juicio político contra el ombudsman, Eduardo Cobos, por el presunto uso de los recursos estatales con fines de fomento y difusión de la figura política de su hijo, Tomás Cobos.
El pedido estuvo motivado por un informe periodístico publicado por el programa “Periodismo para todos”, conducido por Jorge Lanata durante la emisión de su programa del domingo 18 de septiembre, en el cual se concluía que presuntamente Cobos estaría haciendo uso de fondos estatales para fomento de la figura política de su hijo (puntualmente, la contratación de personal con fines proselitistas).
Más allá del pedido en sí, que de comprobarse sería un hecho antiético y antijurídico por parte de Cobos, lo curioso del caso es que el planteo surja de un político que enfrenta desde el 2020 una denuncia por abuso sexual por parte de una excolaboradora del partido, hechos que se habrían producido además en su despacho en la Honorable Legislatura de Tucumán.
Además, vale recordar que, en el avance de esa causa, en abril de este año, el juez Guillermo Matías Puig solicitó a la Legislatura provincial el desafuero de Bussi, planteo que aún no acusó recibo por sus pares.
La causa llegó hasta la ONU
Además de la Justicia local, por el caso, la joven denunciante realizó una presentación ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el acompañamiento de Abofem Argentina y Actrices Argentinas, entre otras organizaciones.
Según consta en la denuncia, M.J.A trabajó durante 2019 como colaboradora en algunas actividades de FR, que preside Bussi y luego supo que alguien había abierto una cuenta en un banco a su nombre, en la que había un monto superior a los 500.000 pesos. Según explicó el abogado de la denunciante, Salvador Iovane, la joven intentó resolver esa situación por cuenta propia «pero no pudo”. Luego, «acudió al partido a informar la situación; trató con distintas personas y luego con Bussi, quien le indica coactivamente que cese con la intención de denunciar esa irregularidad y comete el abuso sexual como un acto de intimidación”.
La denuncia fue radicada en 2020, por lo que el expediente se tramita bajo el viejo Código Procesal Penal, según el cual el legislador, debido a sus fueros, debe ser sometido a una “investigación jurisdiccional”, que “no podrá exceder de dos meses, bajo pena de caducidad”.
En abril, M.J.A acudió ante la ONU y la CIDH con el acompañamiento de distintas organizaciones. La presentación del caso, detalló un comunicado de Abofem Argentina, se debió a “la falta de respuesta del Estado argentino. Esta denuncia muestra las garantías extra constitucionales que la legislación provincial le concede a Bussi y a otros abusadores del poder político».
La joven había radicado inicialmente la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual. En agosto del año pasado, M.J.A viajó a Buenos Aires y se reunió con autoridades del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Luego del encuentro, su abogado, Iovanne, explicó que el objetivo era “avanzar con el desafuero de Bussi” y lograr que se declarara “la inconstitucionalidad del proceso de Tucumán”, la única provincia “que requiere una investigación previa para comenzar una investigación”.
Ricardo y Milei, unidos por la demagogia y por el genocida Antonio Bussi
Algunos afiches callejeros en las calles de San Miguel de Tucumán con la firma de Fuerza Republicana convocan al acto que hará Javier Milei con la venia de Bussi, actual conductor del partido fundado por el genocida Antonio Bussi, responsable del Operativo independencia, condenado por delitos de lesa humanidad, de quien Milei fue asesor.
Milei viene acercándose en varias provincias del país a partidos que estuvieron ligados al genocidio, en Mendoza, Córdoba y Tucumán. Fuerza Republicana le dará su estructura para presentarse en nuestra provincia. El propio legislador Ricardo Bussi tiene causas abiertas por “apología a la tortura”, reivindicando la dictadura en Tucumán.
Pero está unión cuenta incluso con el rechazo del Partido Libertario de Tucumán, desde donde emitieron en junio un comunicado en el que manifestaba su “disconformidad” y la “decisión de no acompañar esa alianza electoral en la provincia”. A lo que agregaron: «Lamentamos que nuestro máximo referente haya elegido su propia conveniencia antes que los valores libertarios». En esa línea, el dirigente del partido libertario tucumano, Mariano Olivera, había posteado: “Se acabó el tolerar candidatos impuestos a dedo por el porteñocentrismo.” “Con Bussi, ni a la esquina».
Lo curioso de la alianza, aunque realmente no sorprende en demasía, es que la retórica del ultraconservador Milei en contra de la “casta política” choca de frente con su aliado político en Tucumán. Por caso, Ricardo Bussi, actual Legislador, ocupa cargos públicos desde hace más de 30 años. Además, y para sostener la tradición familiar, en las últimas elecciones presentó como candidata a diputada nacional a su hija Josefina Bussi. En fin, la hipotenusa.