A partir de un recurso de amparo presentado por la asociación civil Fodecus, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo tomó la medida, a la vez que solicitó a las autoridades de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que envíen, dentro de un plazo de 48 horas, toda la documentación referida a la concesión del servicio de estacionamiento medido: desde la ordenanza que le da origen, hasta el decreto reglamentario, pasando por el expediente de llamado a licitación. Esto implica que, en tanto se resuelva lo contrario, quedan suspendidos preventivamente todos los actos relacionados con la prestación del servicio: la ordenanza, la concesión y el cobro. El estacionamiento medido venía siendo objeto de una fuerte polémica entre dirigentes vinculados al oficialismo provincial y funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. De los cruces habían participado, incluso, el vicegobernador -a cargo del Poder Ejecutivo-, Osvaldo Jaldo, y el intendente de la Capital, Germán Alfaro.
