Las organizaciones que solicitaron el amparo para que se suspenda la medida adoptada por el Gobierno porteño para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas del distrito dijeron en la audiencia realizada este miércoles, que esperan «que la justicia escuche a todas las partes y dicte la cautelar que solicitamos, por lo cual vamos a pedir pronto despacho y habilitación de feria» para tratar de que se retrotraiga la medida hasta que haya una resolución judicial definitiva.
La Justicia porteña escuchó los argumentos de funcionarios del Ministerio de Educación local y de organizaciones sociales y políticas en torno a los amparos presentados para frenar la resolución de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas del distrito.
Las manifestaciones se dieron durante la audiencia convocada por la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 1, Romina Tesone, a la cual concurrieron representantes de la cartera porteña que conduce Soledad Acuña y los impulsores de cinco amparos.
Según indicaron a Télam fuentes judiciales, la instancia sirvió para que las partes expresaran las explicaciones relacionadas, por un lado, a la implementación de la medida para regular el uso del lenguaje inclusivo, así como también las de los sectores que pidieron la anulación de la normativa.
Posteriormente, la jueza deberá determinar si hace lugar a los amparos, no obstante para ello deberá recibir el dictamen del Ministerio Público Tutelar, encargado de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y cuyas autoridades también estuvieron presentes en la audiencia.
En ese marco, los amparistas adelantaron a Télam que pedirán a la magistrada «un pronto despacho» de su reclamo dado que el lunes próximo comienza la feria judicial que se extenderá hasta el 29 de este mes, por lo cual buscan que se dé una respuesta favorable a la medida cautelar hasta tanto se resuelve la cuestión de fondo.
El pedido alude a la vuelta atrás de resolución del Ministerio de Educación porteño que prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas y privadas de los tres niveles, tanto para el aprendizaje en el aula como en la comunicación con las familias.
Para ello, se presentaron ante la Justicia distintos amparos, entre ellos las referentes de Izquierda Celeste Fierro y Vanessa Gagliardi, María Rachid de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans; y las legisladoras porteñas del Frente de Todos María Bielli y Laura Velasco.
En sintonía, pidieron por el cese de la normativa al considerar que la resolución «vulnera el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la libertad de expresión» y entender que va en contra de leyes locales, como la de Educación Sexual Integral, y nacionales como la de Identidad de Género.
Si bien en un principio se especuló con la presencia de la ministra Acuña en la audiencia, finalmente concurrieron a la reunión ocho funcionarios de menor rango, entre ellos, Lucia Feced, de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; Carolina Ruggero, de la Unidad de Evaluación Integral de la Desde el Ministerio porteño informaron que se ratificó la normativa que «busca ordenar el uso del lenguaje en las escuelas de la Ciudad para facilitar el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes» mediante «la regularización de la utilización de la e, x, @, etc. por parte de los/as docentes en las escuelas».
«Es una medida que aplica únicamente a los contenidos que dictan los/as docentes en clase, al material que se le entrega a los/as estudiantes y a documentos oficiales de los establecimientos educativos», indicaron en un comunicado.
Durante la audiencia, en tanto, también se escucharon las posiciones a favor de la resolución, entre ellas la legisladora de Republicanos Unidos Marina Kienas y la investigadora del Conicet y excandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio Sandra Pitta.
En diálogo con Télam, la legisladora Velasco reiteró que la medida es «anticonstitucional y significa una grave exclusión en la educación pública», por lo que anticipó que los amparistas pedirán «un pronto despacho para que los tiempos de resolución sean los más rápidos posibles porque se están avasallando derechos».
Bielli, por su parte, sostuvo que los funcionarios de Educación «no pudieron establecer el argumento que los lleva a pensar que el lenguaje inclusivo es un impedimento para la comprensión lectora» y agregó que «dejaron expuestas imprecisiones», por lo que dijo que espera que la jueza Tesone «se expida pronto y dé de baja la resolución que es completamente injusta».
La dirigente Celeste Fierro, en tanto, dijo que «con esta audiencia quedó demostrado que el Gobierno de la Ciudad no tiene ningún argumento para eliminar el lenguaje inclusivo, no pudo dar una explicación coherente para seguir con esta medida».
«Esperamos que la justicia escuche a todas las partes y dicte la medida cautelar que solicitamos las amparistas, por lo cual vamos a pedir pronto despacho y habilitación de feria para que suspenda esta resolución», agregó.
