El ministro de Salud Pública de Salta, Juan José Esteban, se reunió ayer con funcionarias de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia e integrantes de organizaciones sociales y políticas, para dialogar sobre la aplicación de la Ley Nacional 27.610 de Interrupción Legal del Embarazo.
En ese marco, desde la cartera sanitaria se informó que en 2021 en todo el territorio provincial se registraron 3006 prácticas. De este número, un 93% correspondieron a interrupción voluntaria (IVE), y un 7%, a interrupciones legales del embarazo (ILE).
La información proporcionada por la cartera fue en respuesta a un petitorio que dieron a conocer las organizaciones sociales a la Secretaría de Mujeres, a cargo de Itatí Carrique, quien compartió una copia con el ministro Esteban en una reunión previa que mantuvieron. Ese petitorio surgió luego que desde el Hospital Público Materno Infantil de la ciudad de Salta confirmara a Salta/12 que únicamente se estaban realizando ILEs a personas que cursan embarazos de hasta 20 semanas.
El supervisor de Salud Sexual y Procreación Responsable, Javier Yapura, contó a Salta/12 que la principal conclusión que surgió del encuentro fue «la necesidad de aumentar el recurso humano» que no sea objetor de conciencia. La ley 27.610 en su artículo 10 reconoce que el o la profesional de salud «tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia», es decir, a no realizar la práctica de interrupción.
Yapura aseguró que se ampliará la formación a los equipos médicos para dar mayor garantía de cumplimiento de la ley. «En eso se continúa trabajando para dar respuesta al mayor volumen» de solicitudes de IVEs que están recibiendo en todo el sistema público de la provincia, dijo. El 93% de esas solicitudes corresponden a interrupciones voluntarias, es decir, prácticas que son legales hasta las 14 semanas.
En Salud Pública no desconocen este incremento ya que lo pudieron observar con claridad en 2021. En el primer semestre del año pasado se contabilizó que el 75% de las solicitudes eran de la capital salteña, y el porcentaje restante (25%) era del interior de la provincia. Mientras que en el segundo semestre, ese número casi llegó a igualarse, ya que ahora sólo el 56% de los pedidos de interrupciones correspondían a la Capital, y el 44%, al resto de las localidades.
«Casi es un valor similar entre uno y otro», por lo que «hubo que trabajar en el interior para que cada uno de los hospitales pueda tener acceso», expresó Yapura. Afirmó que se trabaja en la incorporación de más recurso humano para garantizar el acceso al derecho -preferentemente- antes de que la persona curse la decimoquinta semana de gestación.
Por su parte, la integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, Mónica Menini, destacó que el encuentro con las autoridades provinciales fue positivo, y recordó que se habían pedido reuniones previas sin que se concretaran. En ese sentido, subrayó que se vio «que existe un plan» de parte del Ministerio de Salud «para lograr un efectivo acceso a las prácticas».
Asimismo, resaltó como positivo que se hayan nombrado profesionales en algunas localidades, mientras se siguen esperando otras designaciones. «Es un paso importante en este devenir que empezamos a tener en la sanción de la Ley», expresó, recordando que lo primero que circuló desde la provincia era que no se iba a garantizar el acceso al derecho porque lxs profesionales se declararían objetores de conciencia.
Durante el encuentro también se dejó en claro que existe una sobrecarga en los profesionales que sí garantizan el derecho, ya que se conoció que algunxs de ellxs atienden hasta 30 casos semanales. Esto se debe a que se les suma la consejería pre y post aborto, ya que el resto de lxs efectores se declaran objetores de conciencia desde el momento de las mismas consejerías, cuando en realidad la objeción de conciencia sólo está establecida en las prácticas de las interrupciones de embarazos.
En ese sentido, se pidió al Ministerio que informe de manera adecuada a lxs profesionales lo que establece la Ley. Yapura afirmó que la cartera está realizando capacitaciones en diferentes lugares de la provincia y sostuvo que «la Ley es clara y dice a quien alcanza la objeción de conciencia». «Muchas veces no es comprendido por algunos sectores del sistema de salud, pero estas capacitaciones sirven para poder sacar estas dudas», manifestó.
Mientras que desde la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad se planteó la posibilidad de que el Polo Integral de las Mujeres tenga una consejería que facilite información sanitaria de manera confiable y amigable. Carrique también consideró que fue un encuentro fructífero, en el que se habló de acciones concretas, con un trabajo articulado entre los distintos organismos.
“Destaco la participación del ministro Esteban y de algunos miembros de su gabinete y la participación activa de las organizaciones para abordar la temática”, expresó. Del encuentro también participaron la subsecretaria de Medicina Social, Susana Velazco; la directora de Materno e Infancia, Patricia Leal; integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito regional Salta, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, y la organización política Nuevo Encuentro.
Respuestas inmediatas y sin demoras
Las organizaciones insistieron en que se debe garantizar una inmediata respuesta a las solicitudes de interrupción durante el primer trimestre, ya que se somete a que las mujeres y personas gestantes tengan que pasar de una IVE a ILE sólo por obstáculos evitables. Además, de que no se respeta el plazo de 10 días desde que la persona realiza el requerimiento, como lo dispone la norma.
Las interrupciones legales rigen en el país desde 1921, cuando se estableció que se puede acceder a ella en cualquier momento de la gestación cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante y en caso de violación.
Menini señaló que es importante que el Ministerio tenga en claro cuáles son las vallas en el acceso a las prácticas porque «el obstáculo puede alargar esos plazos y convertirse en un situación compleja para quien está solicitando la práctica».
Varios relatos demostraron que hay demoras en la otorgación de turnos para las IVEs. Incluso, esta situación fue marcada el año pasado por Nación, cuando se advirtió a las autoridades sanitarias de Salta que hay «problemas recurrentes» en el cumplimiento del acceso a la Interrupción Legal (ILE) y a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En ese momento se puso de manifiesto que el 25% de los llamados que recibe la línea nacional de Salud Sexual (0-800-222-3444) es de usuarias que no han podido acceder a las prácticas en tiempo y forma.
En ese sentido, Yapura sostuvo que “se está confeccionando folletería clara y concisa, para que sean exhibidas en los centros asistenciales de salud y en redes sociales, con la finalidad de que las personas puedan despejar inquietudes sobre el tema y con la disponibilidad de números telefónicos, para un oportuno asesoramiento”.
Los bocetos de esa folletería fueron exhibidos a las integrantes de las organizaciones, quienes sugirieron que se refuerce la difusión del número telefónico en zonas donde no existe buena conectividad de Internet, y que las campañas comunicacionales incorporen la diversidad de lenguas originarias que están presentes en la provincia.
Capacitaciones en marcha
El revuelo en Salta sobre el acceso a las IVEs e ILEs, surgió hace dos semanas cuando el jefe del servicio de Ginecología del Materno Infantil, Esteban Rusinek, confirmó a Salta/12 que no tenía «ningún médico capacitado» dentro de su institución que garantice la interrupción en pacientes con un embarazo superior a las 20 semanas. Eso llevó a que decidieran no atender más solicitudes mayores a este período.
Sin embargo, Yapura comunicó que ya estaban seleccionados los profesionales para que fueran capacitadxs en Buenos Aires, lo que pudo concretarse en articulación con el Ministerio de Salud de la Nación. En ese sentido, comentó que el equipo sanitario provincial continúa actualizando conocimientos para aumentar su capacidad resolutiva en la temática, con cursos dictados por la cartera provincial y por Nación.