Gabriel Brener, especialista en gestión de sistemas educativos, y María José Luzuriaga, experta en políticas de salud, cuestionaron hoy el proyecto presentado por el legislador porteño Roberto García Moritán que pretende establecer un arancel para las personas que no residan la Ciudad de Buenos Aires y utilicen los servicios de educativos y sanitarios del distrito, al considerar que se trata de una iniciativa que tiende a «hacer adelgazar la democracia».
«La idea es un sinceramiento por parte de la oposición política, que fuerza a transparentar la posición del propio Gobierno porteño. Los servicios de salud y de educación deben fortalecerse y esto es todo lo contrario», señaló Brener en declaraciones a Télam.
Por su parte Luzuriaga, integrante de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS), afirmó que el proyecto «se sustenta en falacias, como la idea de que existe un uso abusivo de quienes no viven en CABA».
«Entonces a esas personas hay que cobrarles. Eso va en contra del sistema universal de salud. Sobre todo teniendo en cuenta que los hospitales de CABA se construyeron con recursos nacionales. También hay una desigualdad de recursos en el distrito porteño, donde se concentran la mayor cantidad de centros de salud. Es necesario que esos recursos sean usados por cualquier tipo de habitante de nuestro país», afirmó a Télam Luzuriaga.
En materia educativa, Brener se preguntó si la propuesta del legislador del espacio de Republicanos Unidos -integrante de la coalición Juntos por el Cambio (JxC)-, podría resolver «la falta de vacantes en las escuelas públicas de CABA».
«Es el distrito más rico del país y no logra cubrir la demanda de educación pública por parte de las familias porteñas. Hace una década que el presupuesto educativo se reduce de forma sistemática», apuntó Brener.
Para el especialista, el proyecto de García Moritán es «centralmente un acto deliberado de egoísmo que muestra la cara más elitista y deshumanizante de la que tantos y tantas porteños nos sentimos avergonzados».
«Aunque también es consecuente con una posición mercantil de lo público, en la cual lo selectivo y excluyente son rasgos de un modo de entender la educación y la salud de la sociedad», finalizó.
El ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también cuestionó el proyecto presentado por legisladores porteños de Republicanos Unidos que busca que se les cobre por servicios de salud y educación a las personas que no tienen domicilio en la ciudad de Buenos Aires, y dijo que «además de no pensar en la integración y la solidaridad que debe tener el sistema» tampoco se piensa «en la economía de las y los habitantes de CABA».
De acuerdo a la iniciativa presentada por los legisladores, serían las administraciones de la provincias las que afrontarían esos costos.
El proyecto, llamado «Reciprocidad sanitaria y educativa interjurisdiccional», ya ingresó en la Legislatura y plantea la creación en la Capital de un Sistema de Reciprocidad Interjurisdiccional para que actúe entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, y que abarque al sistemas de salud y de educación públicos.