Las cortinas de los desmontes, los quebrachos colorados, las plantaciones de pequeñas producciones a cielo abierto pero también las de invernadero, son afectadas históricamente por la aplicación aérea de «fitosanitarios» o agroquímicos que, en la jerga que da cuenta de esta realidad, se denominan mejor como «agrotóxicos».
Frente a la pérdida de su producción más de 200 pequeños productores de Anta (el departamento que instauró el modelo productivo en la provincia), impulsaron con el apoyo del intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, el pedido de prohibición del herbicida 2.4D Amina en toda la provincia.
«Yo soy un productor nuevo en Salta y perdí este año el 20 por ciento de la producción de tomate en una superficie de tres cuarto de hectárea. Pero con mi cuñado tenemos una hectárea más, y en esa perdimos el 80 por ciento de la producción«, dijo Daniel Cata, pequeño productor que decidió trasladarse desde La Plata al departamento salteño.
Sobre las afectaciones que tanto él como otros productores y el intendente Moisés le atribuyen al 2.4D, exhibieron imágenes en las que se pueden ver hileras de plantas evidentemente desmejoradas y otras que parecen lozanas. Cata explicó que las que están afectadas se habían plantado dos semanas antes que las demás, y fue en ese tiempo que por una acción de «deriva» (extensión del agrotóxico a raíz de los vientos) sobre la plantación terminaron en ese estado.
Cata habló con Salta/12 mientras se escuchaba el ruido del viento. Anta es uno de los lugares más ventosos. Especialistas adjudican la causa de estos movimientos del aire a la cantidad de desmontes, dado que es el departamento más deforestado de la provincia.
La producción de Cata y muchos otros pequeños productores se hace por esta razón en invernaderos. «Pero a veces con el ruido del viento uno no logra detectar que la avioneta (que realiza la fumigación en grandes campos de granos), está pasando y nos olvidamos de bajar el nylon». Entonces las plantas de invernadero quedan también afectadas como sucedió con estas plantaciones.
Controles «imposibles»
Moisés por su parte, dijo a Salta/12 que «no hay forma de controlar» la aplicación de estos herbicidas más allá de la buena intención que pueda tener la Secretaría de Ambiente de la provincia. Y es que si bien la ley dispone que la aplicación aérea de agroquímicos debe hacerse a una distancia mínima de dos kilómetros de la población civil, los pequeños productores suelen estar «rodeados de los campos grandes», dijo Cata.
El intendente agregó que el control se lleva adelante con una declaración jurada de quien hace la fumigación aérea y del productor que la recibe. Mientras, se van perdiendo alimentos de consumo humano como tomates, berenjenas, zapallitos, pimientos, y cebollas de verdeo, entre otros.
Pero el uso de herbicidas por parte de los productores de granos también afecta a otros grandes productores. «Es un tema que los divide», contó Moisés al indicar que La Moraleja, una de las grandes fincas de limones proveedoras de una marca mundial de gaseosas, como Anta del Dorado, que produce algodón, están de acuerdo con pedir la prohibición del herbicida.
«Es una lucha que tenemos desde hace 20 años», recordó el intendente al indicar que estos herbicidas terminan afectando al monte nativo e incluso a las cortinas forestales que supuestamente deberían frenar el viento y las derivas. Hace más de una década la organización ambientalista Greenpeace alertaba que esas «cortinas» terminarían siendo «tules», debilitadas por la mano humana. Cata, en tanto, lo explica en palabras más sencillas y contundentes: «el herbicida va matando la tierra».
Afectaciones a la salud
«No tenemos datos en la salud y no sabemos de qué manera puede afectar», sostuvo Moisés. Pese a que la zona de producciones con herbicidas tiene una gran extensión, en la investigación “Regulaciones, políticas y conflictos por agroquímicos en Salta, Argentina”, se encuentra registro de legisladores que afirmaron que no hay investigación alguna sobre las consecuencias de los agrotóxicos en la salud de las poblaciones salteñas.
Cata afirmó que al recorrer poblaciones del interior se encontró con muchas personas con afecciones respiratorias y muchos casos de discapacidad. «Pero dicen que hay miedo en firmar un papel diciendo que esto es por los agrotóxicos». El temor también es causa del silencio de comunidades anteñas dado que algunos de sus habitantes trabajan en las fincas que producen commodities.
Moisés, en tanto, pidió aclarar: «no estamos en contra de los grandes productores. Sino a favor de una producción sustentable cuidando al medio ambiente y a la población civil».
Pedidos de informes e inspecciones
El jueves en la sesión del Senado provincial, y ante el pedido de los pequeños productores afectados, el legislador anteño Marcelo García solicitó a los ministros de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, y de Salud Pública, Juan José Esteban, que informen «de manera conjunta y coordinada, en un plazo de 5 días», «qué controles se realizaron en la localidad de Apolinario Saravia, del Departamento de Anta, en cuanto al uso de agroquímicos y pesticidas destinados a la actividad agrícola, en los últimos diez años».
También solicitó que manifiesten la periodicidad con que se realizan estos controles, estudios o relevamientos. Si cuentan con denuncias por el mal uso de estas sustancias y la afectación a la salud de las personas o cultivos colindantes. Si existe un registro de personas habilitadas para la manipulación y aplicación de agroquímicos, o bien protocolos para llevar a cabo la actividad. Si cuentan con antecedentes, estudios, relevamientos de afectaciones a la salud de las personas por el uso o contacto con agroquímicos y pesticidas, de ser así. informen la cantidad de casos, quien brinda la cobertura de salud, costos de tratamiento, y cualquier otro dato relacionado. Si cuentan con estudios, informes o relevamientos, de la afectación del suelo por la aplicación de agroquímicos y pesticidas.
Por su parte, el técnico del área de Fitosanitarios de la Secretaría de Ambiente de la provincia, Fernando Taussig, afirmó que tomaron conocimiento de las denuncias por los medios de comunicación y no de manera formal. Reconoció que el 2.4D, cuya aplicación era más volátil, fue prohibido a mediados de 2021. Sin embargo, desde los laboratorios presentaron la fórmula 2.4D Amina que presentan como una «formulación líquida de baja volatilidad». Frente a la denuncia, Taussig sostuvo que se hará una inspección ocular la semana que viene.