Primera consulta a comunidades indígenas en Santa Victoria Este

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Por primera vez, el Estado argentino consulta a integrantes de pueblos indígenas sobre obras y acciones que los involucran. Es en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en febrero de 2020 le ordenó al Estado que otorgue un título único sobre el territorio reclamado por las comunidades comprendidas en la organización Lhaka Honhat, y que lleve a cabo una serie de acciones para garantizar mejores condiciones de vida y ejercicio efectivo de los derechos sociales por parte de esa población.

Las consultas, con la modalidad de talleres participativos, se están llevando a cabo en diferentes puntos de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia.

Se previeron seis talleres de consulta, en poblaciones de las zonas de San Luis, Kilómetro 2, Santa María, La Puntana, Pozo del Toro (donde habrá también una reunión con organizaciones criollas) y Alto La Sierra. Hasta ayer se habían hecho cuatro, con un resultado que el titular de la Unidad Ejecutora para el cumplimiento de la sentencia, Nicolás Rapetti, calificó de positivo. «Estamos muy contentos porque es la primera experiencia de consulta que hacemos desde la Unidad Ejecutora», destacó anoche desde Santa Victoria Este, recién llegado de La Puntana.

(Imagen: Gentileza Augusto Famulari).

El delegado de Asuntos Indígenas de Salta, Marcelo Córdova, recordó que el fallo de la Corte IDH «establece que todo tipo de obras tiene que tener la consulta previa, libre e informada, por eso se hacen los talleres en los cuales se consensúa con las comunidades las obras que se van a hacer».

De los talleres, financiados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), están participando también otros funcionarios nacionales, como el titular de la Unidad Ejecutora de Integración Interjurisdiccional del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Oscar Minteguía; funcionarios de la provincia y del municipio de Santa Victoria Este. Y participan trabajadores y trabajadoras del INTA y Agricultura Familiar, los dos organismos nacionales que tienen mayor presencia en este punto de la geografía salteña, a más de 500 kilómetros de la capital provincial.

Rapetti explicó a Salta/12 que los lugares donde se hacen las consultas fueron propuestos por Lhaka Honhat y que la idea es que toda la población comprendida en los ex lotes fiscales 55 y 14, esté al tanto de las propuestas que está haciendo la Nación sobre obras de acceso al agua y los equipos técnicos que deben avanzar con los acuerdos para la relocalización de pobladores criollos. Es que la sentencia dispone que las comunidades que integran Lhaka Honhat tienen derecho a un título único sobre 400 mil de las 643 mil hectáreas que comprenden los ex lotes 55 y 14. Para cumplir con esa disposición, es necesario reubicar a familias criollas, y para eso también el Estado debe realizar obras.

Córdova añadió que los talleres se hacen «con las comunidades que son centrales». «Después (con ese aporte) se va a tener claro qué obra y dónde se va a realizar».

«Estamos terminando de escribir el plan de ejecución de la sentencia», informó Rapetti. Detalló que ese plan contiene más de 200 acciones, de «acceso a la salud, la educación; garantizar todas las condiciones de vida digna para las poblaciones indígenas además garantizar las condiciones para que los criollos se relocalicen«.

Cristina Pérez, coordinadora de Lhaka Honhat, y Rapetti en la consulta (Gentileza Augusto Famulari).

La consulta que se desarrolla esta semana es sobre los ejes terminados: las obras de acceso al agua segura para consumo humano y, por otro lado, la conformación de los equipos territoriales para avanzar en los acuerdos de parte. «Estos son los dos puntos más importantes según nuestra manera de ver», indicó Rapetti.

Informó que en las cuatro consultas que se hicieron hasta ahora la propuesta que llevaron «fue aceptada». «Eso nos da chance» para avanzar con el próximo paso: «Una vez que tengamos el ok de los seis talleres, queremos presentar ante la Corte, junto con el CELS (asesor legal de Lhaka Honhat), estos dos ejes ya aprobados porque ya cuentan con la consulta» con el objetivo de «arrancar cuanto antes con las obras», lo que consideró «una necesidad imperiosa». Ya la coordinadora de Lhaka Honhat, Cristina Pérez, viene señalando la lentitud en el proceso de cumplimiento de la sentencia.

El funcionario nacional destacó por otra parte que están «trabajando muy bien con el municipio, y bien con la provincia también». «Para nosotros el municipio es un actor fundamental porque es un intendente, Rojelio Nerón, que viene de las comunidades y fue electo por una importante cantidad de votos».

Como las obras en el territorio van a tener que ser realizadas a través de la provincia, Rapetti consideró «fundamental que esa interacción funcione y funcione bien». «Es un experiencia nueva para el Estado, que a veces es torpe, nos cuesta mucho ya el hecho de coordinar la intervención del Estado nacional, y hay que sumarle la coordinación con la provincia y el municipio, pero va bien», insistió.

Experiencia piloto

La sentencia que ordenó la entrega del título comunitario a las 132 comunidades indígenas nucleadas en la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) sentó un precedente continental, de modo que cada acción es un camino nuevo para el Estado argentino. «Esperamos que si esto sale bien sea un experiencia piloto para después replicar en otras experiencias, es la manera en que debería funcionar el Estado y muchas veces eso no sucede», reflexionó Rapetti.

Sobre los equipos territoriales, contó que el INAI financiará su conformación y la provincia de Salta se comprometió a poner a disposición cuatro camionetas, con el combustible y choferes, para recorrer el territorio, «una zona inhóspita y donde es difícil acceder a muchas de las comunidades». El jefe de la Unidad Ejecutora destacó que de este modo la provincia está asumiendo la responsabilidad en este proceso.

(Imagen: Gentileza Augusto Famulari). 

En este caso la decisión de los habitantes fue que en estos equipos haya «participación de criollos y pueblos originarios, y que estén en Santa Victoria permanentemente». Y se plantearon una serie de requisitos, añadió; se acordó que se hará una prueba por seis meses y si se cumplen las condiciones continuarán por otros seis meses.

Rapetti contó que en los talleres llevan material gráfico, un mapa de la zona, y piden primero que los ayuden a identificar las comunidades que viven en la zona y luego que identifiquen las obras de provisión de agua existentes y si están en funcionamiento. «Y sobre lo que ya existe la Nación hace la propuesta»: si ya hay perforaciones, completar con redes que de distribución de manera que llegue un grifo a cada familia, o hacer perforaciones y la demás obra. «Se dan discusiones y en función de nuestra propuesta, alguna la hemos modificado, se concluye el taller», se lee el acta y si todos están de acuerdo, se firma de conformidad.

«En los cuatro talleres volvemos con modificaciones a las propuestas que hicimos. La verdad es que una experiencia muy interesante porque no es habitual» que el Estado consulte qué obras son necesarias en un lugar, subrayó Rapetti.

En cuanto a la propuesta de obras, precisó que el primer boceto se hizo con aportes de trabajadores de Agricultura Familiar y del INTA que viven en Santa Victoria Este, luego fue modificado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

En concreto, sobre los pozos de agua, Rapetti contó que recalcan «mucho» que son comunitarios, porque «hay algunas situaciones de gente que se apropia de los pozos y no los quiere compartir». Precisamente, una de las bases de la propuesta en el eje agua es que los pozos de cada zona estén interconectados para que todos puedan seguir teniendo agua en el caso de que uno tenga un inconveniente.

Por otro lado, Córdova contó a Salta/12 que ya se hicieron siete pozos y ahora están realizando la obra de interconexión de esos pozos. «En este momento se están interconectado los pozos de Puntana Grande con el pozo conocido como de Aarón y con el pozo de El Bordo. De esa manera van a quedar a casi cinco kilómetros de cañerías instaladas y todas esas comunidades que hoy reciben agua con camiones cisterna con un convenio que hay entre Provincia y Ejército van a pasar a recibir el agua ya del sistema de distribución, sin necesidad de entrega casa a casa», explicó.