La degradación de la economía y la pulverización de la moneda argentina es tanta, que los problemas y dificultades que tienen que sortear los ciudadanos de a pie ahora también se trasladaron al Congreso de la Nación. La realidad impactó también en los bolsillos de los legisladores nacionales, que ahora le exigen al novato gobierno de Javier Milei que se deben «ordenar» las escalas salariales.
No es casualidad que desde hace tiempo el aumento de las dietas de los diputados y senadores sea un tema central en la agenda de la dirigencia parlamentaria. El primer intento -fallido- fue hace poco más de un mes; cuando Martín Menem y Victoria Villarruel aprobaron y firmaron un aumento del 30% para los legisladores de ambas Cámaras, pero que casi de inmediato el propio Presidente de la nación -furioso- pidió dar marcha atrás con los aumentos y quedó sin efecto.
Sin embargo, en las últimas horas en el Senado hubo rebelión, y en contramano de la promesa del Ejecutivo de mostrar austeridad y pese a la especie de mantra político que reza «No hay plata», los senadores nacionales firmaron y aprobaron un aumento en sus dietas; por lo que a partir de mayo pasarán a cobrar, de 1.7 millones de pesos a 4 millones en bolsillo. Por supuesto, lo ocurrido en la Cámara Alta tuvo sus coletazos en Diputados, que ahora también consideran «justo» un incremento en sus salarios.
Argentina cara y la indignación selectiva
Yendo a los números, y según pudo saber Urgente24, un diputado nacional gana actualmente (abril) 1.9 millones de pesos en mano. Suma que la mayoría considera irrisoria respecto de la responsabilidad y el rol que merece el lugar que ocupan. Si bien son conscientes de que la Argentina no atraviesa su mejor momento económico y que es importante que la dirigencia dé el ejemplo, creen que han sido el sector de la política más perjudicado laboral y mediáticamente, debido a la estrategia del presidente Javier Milei, que desmerece el trabajo parlamentario e instaló en el debate público que el Congreso de la Nación «es un nido de ratas».
«El Presidente es muy ágil y elige a sus enemigos. Con el tema de los salarios de los funcionarios públicos y políticos eligió a los Diputados y acierta en su estrategia; ya que genera una indignación selectiva y direccionada solo a los legisladores nacionales, mientras que los funcionarios del Ejecutivo, que son ascendidos y cobran salarios jugosos ‘vaya y pase'», dice un tono de queja un diputado nacional.
Su reclamo se da en torno a los asensos que se han dado en las últimas horas en el poder Ejecutivo, que incluye desde el vocero presidencial Manuel Adorni (ahora secretario de Estado), hasta Eduardo Serenelli, que es secretario pero cobrará un salario de ministro. Con estos rápidos ascensos otorgados por la Casa Rosada, ambos cobrarán, -cada uno-, salarios superiores a los 4.5 millones de pesos.
Pero eso no es todo; otra «verdad» que argumentan los diputados nacionales en torno a que también merecen un aumento en sus dietas es que «Argentina ya no es barata, ni en pesos ni en dólares», debido, entre otras cuestiones, a la devaluación de diciembre y a la altísima inflación de los últimos meses, lo que dejó «muy atrás» el valor de las dietas que cobra cada legislador.
En ese contexto, algunos diputados nacionales coinciden en que en años anteriores, con una dieta de legislador nacional «eras Messi», pero que el desastre económico en el que está inmerso la Argentina ha llevado a que no sólo los salarios de los trabajadores comunes se haya pulverizado, sino que la realidad ahora también impacta a quienes tienen cargos jerárquicos o de poder «porque el peso no vale nada, todo está caro y la plata no alcanza».
Aunque hay algunos diputados que generan otros ingresos porque ejercen actividades en el sector privado o dictan charlas sobre sus distintas especialidades para «poder llegar a fin de mes», hay quienes aseguran que ser diputado nacional conlleva «tiempo, responsabilidad, esfuerzo y dedicación», lo que les imposibilita poder ejercer algún otra labor, por lo menos en lo inmediato. «Si tengo que viajar a Buenos Aires para las reuniones de comisiones, presentar proyectos, trabajar para que salgan las leyes, reunirme, escuchar a la gente de mi provincia, en qué momento podría hoy por hoy dedicarme a otro trabajo. Yo le pongo cuerpo y alma, también lo hago por vocación», fundamenta un diputado que representa en el Congreso a una de las provincias del país.
«Hay que poner en discusión los salarios que podemos y queremos pagar»
Resulta curioso que a pesar de que la crisis económica es de larga data y que los salarios de los trabajadores vienen perdiendo contra la inflación hace rato, el impacto en los bolsillos de los dirigentes haya llegado ahora. Pero la discusión es válida y da pie para reflexionar y debatir sobre cuáles son los montos que la Argentina quiere y puede pagar a sus senadores y diputados nacionales, o incluso, ordenar la escala salarial de los tres poderes del país: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
«Lo que sucede es que Argentina tiene una fluctuación de su tipo de cambio efectivo, real muy grande. Si consideramos que en diciembre tuvimos una devaluación de 120% en un día y desde ahí para acá tenemos una inflación en dólares superior al 70%, esas variaciones en solo 4 meses es lo que explica por qué hace 4 meses parecía que la Argentina era baratísima en dólares y ahora somos caros de vuelta», explicó el economista y director de EPyCA Consultores, Marín Kalos.
De todos modos, agrega que «esos vaivenes» de la economía tienen que ver con una crisis de larga data y desbalances «acumulados y abultados a lo largo de 12 años en la macroeconomía Argentina».
«Lo interesante sería, así como en algún momento como sociedad habría que determinar el nivel de jubilación en términos reales que queremos y podemos pagar, lo mismo habría que hacer con el monto que queremos que gane un diputado, una senadora o un Presidente, y de alguna manera dejar de someterlos a vaivenes que además de ser producto de la economía, también son productos de un discurso populista», opinó Kalos.
Siguiendo esa línea, el experto considera que Javier Milei utiliza métodos y estrategias populistas para señalar a la dirigencia política. «Eso de que hay que ajustar a la casta ajustando el salario público es un discurso populista y una señal simbólica a un votante que cree que el otro tiene que sufrir igual o más que uno… eso lo que genera es un mal prejuicio de que el empleado público no merece lo que gana», reflexionó.
Incluso, consideró que el salario del Presidente, que ronda los 6 millones de pesos brutos, «es un número bajo» para la responsabilidad que amerita ser mandatario nacional. «Con lo que significa ser funcionario público, que es un gran sacrificio en cantidad de horas de trabajo, exposición pública, legal y personal, deberían estar mejor pagos», acotó.
Y agregó: «Un funcionario que tiene que estar viendo cómo hacer para pagarse los pasajes para ir y venir de sus provincias porque no le alcanza el dinero, eso ya se convierte en un problema».
En ese sentido, consideró que hay que poner en debate en el corto plazo para llegar a un acuerdo respecto de cuál es el nivel o monto adecuado que debe percibir un senador, diputado, Presidente o funcionario público. «Obviamente en un contexto de crisis como esta, en donde todos los salarios se han visto golpeados por la situación inflacionaria, es fácil decir ‘bueno pero el otro gana más, que se ajuste’, pero creo que realmente ese es un discurso cortoplacista y una mirada que puede terminar siendo muy mala para los intereses a largo plazo de la Argentina», sentenció.
La propuesta que ingresó al Congreso Nacional
Por último, es importante acotar que el mes pasado ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que propone de cuánto debe ser el sueldo del Presidente, y de ahí para abajo, hacer un equiparamiento salarial de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El proyecto de ley fue presentado por el bloque de Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto, diputado que se muestra públicamente a favor del incremento salarial a los legisladores.
El texto propone equiparar los salarios en los tres poderes del Estado, asociándolos a un multiplicador del salario mínimo, vital y móvil. Consta de 10 artículos y tiene como objetivo prohibir que ningún cargo de ningún organismo de cualquiera de los tres poderes -incluyendo empresas del Estado y organismos descentralizados de todo tipo- pueda tener escalafones que superen los ingresos de las respectivas cabezas.
Esto quiere decir que si se aprueba el proyecto, nadie podrá ganar más que un juez de la Corte y que el Presidente de la Nación en ninguna empresa del Estado ni en ningún organismo descentralizado. Y tampoco nadie dentro del Poder Legislativo podría ganar más que los propios legisladores.