En Colombia, el Congreso tumbó el proyecto de ley de la reforma de Salud impulsado por el presidente Gustavo Petro, de manera tal que lo archivó, lo que supone una dura derrota política para el mandatario de Izquierda que ahora acusa a los parlamentarios de recibir “sobornos” del extranjero.
En el debate de la Comisión Séptima del Senado durante este miércoles (05/04), 9 de sus 14 miembros votaron a favor de archivar definitivamente el proyecto de ley de reforma de salud, mientras sólo 5 votaron en contra. Este hundimiento de la reforma sanitaria propuesta por Gustavo Petro coincide justo con la orden de su gobierno de intervenir las dos promotoras de salud privada del país, Sanitas y Nueva EPS, por mal manejos financieros.
Según los gremios médicos, los profesionales no reciben sus sueldos en tiempo y forma porque las EPS/Sanitas no les pagan como se debe. El Oficialismo sostiene que el dinero de Salud está en manos de empresarios privados poco empáticos ante las necesidades de la gente.
Gustavo Petro apunta a sobornos de multinacionales de Salud para tumbar la reforma
El Parlamento acaba de ‘tirar por la borda’ el proyecto de reforma sanitaria de Petro, el que pretendía que los recursos que actualmente manejan el sistema mixto de Empresas Privadas de Salud (EPS) desde que fue aprobada la Ley 100 de 1993 —de Álvaro Uribe— privatizando el acceso/prestación del servicio (con parte de una financiación del Estado), pasen al manejo estatal para tener una plena salud pública: pero no se logró.
Ante este duro revés para el gobierno, Petro calificó este jueves (04/04) de “humillante” el hecho de que los congresistas ayudaran al hundimiento de tal reforma de Salud. Es más, los acusó de recibir “influencias ilegales” del exterior, es decir, que han recibido sobornos para campañas de parte de empresas extranjeras como Keralty, la multinacional de Salud que el gobierno petrista le acaba de quitar el control de Sanitas.
“En la comisión séptima de senado nos derrotó Keralty por ahora. No es cualquier cosa. Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros, nos derrotó una violación flagrante de la constitución y la ley», escribió el presidente colombiano Gustavo Petro a través de su cuenta de X (ex Twitter)-
«Mírese por donde se mire, recursos públicos de la salud financiaron campañas o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos. Eso está prohibido por la Constitución y la ley. Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional”, publicó también el Ejecutivo colombiano.
Cómo funciona el sistema de Salud de Colombia
En diálogo con la BBC, Ramón Abel Castaño Yepes, médico de la Universidad CES en Medellín, define al sistema de salud colombiano, vigente desde 1993, como «un modelo de competencia gestionada».
Es decir, para entender el funcionamiento del sistema de Salud hay que detallar como se financia, gestiona y de la prestación del servicio.
En relación a la cuestión de la financiación de la Salud en Colombia, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) es la entidad que recauda los recursos de impuestos y subsidios: cada ciudadano contribuye con aporte de su salario y los informales están cubiertos por un régimen subsiado mixto (recursos del Estado y fondos contribuyentes privados).
En febrero de 2024, 23 millones de personas estaban afiliadas al régimen contributivo frente a 26,5 millones del subsidiado, según el Ministerio de Salud.
En cuanto a la gestión de la Salud, aquí entran la polémica con las EPS, Entidades Promotoras de Salud (EPS), aseguradoras públicos-privadas que compiten entre sí.
«El ADRES entrega a las EPS un monto per cápita por cada afiliado que tenga», le explica el médico colombiano Castaño Yepes a BBC Mundo.
Ahora bien, a las EPS se le suman las llamadas cajas de compensación (adscriptas a grandes empresas o multinacionales), y los regímenes exceptuados, sistemas alternativos para las Fuerzas Armadas, las universidades y la petrolera estatal, entre otros.
También las EPS contratan a una red de prestadores, hospitales públicos o privados, y a través de estos ofrecen los servicios sanitarios.
Entonces si una persona necesita un sistema de salud, acude a su EPS y ésta autoriza el acceso a los servicios como una cita médica o medicamentos (al ir a la red propia o acudiendo a sus prestadores). Cabe destacar que ningún colombiano paga directamente a la EPS: ésta se le adjudica cuando nace, bajo un número de afiliado.
«Uno, en teoría, no puede renunciar a su afiliación con la EPS aunque tenga seguro privado. Si uno tiene empleo, el empleador, por ley, tomará parte de ese salario y lo enviará al Estado», explica Jonathan García Ruiz, investigador de sistemas de salud globales en la Universidad de Harvard en Estados Unidos.
Las EPS acumulan deudas con los prestadores, «por lo que Petro argumenta que estas entidades son ineficientes y que esas deudas acaban quebrando hospitales y clínicas», señala García Ruiz.
«Petro también dice que estas entidades han apremiado más las zonas urbanas que las rurales, lo que ha provocado amplias brechas en infraestructura y servicios», continúa el experto.
En ese sentido, un informe de la Contraloría de la República expone que hoy las EPS deben a los hospitales públicos, clínicas y entidades -que prestan directamente los servicios de salud- más de seis mil millones dólares.
De hecho, de las 26 EPS que existen en la actualidad –ya que muchas se declararon en quiebra- 16 no cumplen con algunos indicadores de ley pese a que anualmente reciben unos 20 millones de dólares del Estado colombiano y acumulan ganancias de las cuales no hay auditorias confiables.
La reforma de Salud pretendía mantener el actual sistema mixto de pensiones pero fortaleciendo a la estatal Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). De manera tal que los colombianos cotizen sobre sus sus primeros tres salarios mínimos a Colpensiones (3.480.000 pesos colombiano, unos 830 dólares) y si queda un restante de sus ingresos, a fondos privados.
Además, la idea de la reforma de Salud que acaba de ser tumbada en el Congreso era crear en paralelo una renta mensual de 223.800 pesos (unos 54 dólares) para casi tres millones de adultos mayores que no tienen una pensión.