El gobierno de Nicolás Maduro presentó este martes (01/04) ante la Asamblea Nacional el proyecto de “ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares” que amordaza a la Oposición venezolana y la libertad de expresión en redes sociales de cara a las elecciones generales que se pactó en el Tratado de Barbados.
Tal proyecto de ley presentado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez establece “medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista”, según se detalla en sus cuatro capítulos y 30 artículos: pero organismos de DD.HH. advierten que legisla de forma ‘vedada’ la censura y punición a la libertad de expresión.
Multas y penas de cárcel: polémica ‘ley antifascista’
El artículo 22 del proyecto de ley ‘antifascita’ explicita que «toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de ocho a doce años e inhabilitación política por el tiempo de la condena«, que de alguna manera no hace más que legitimar la prisión e inhabilitación de opositores al acusarlos de ‘agitadores’, además de allanar el camino para más detenciones arbitrarias de cara a las generales.
El proyecto de ley también prevé que ante la «divulgación de mensajes prohibidos» en radio y televisión será castigado el medio con la revocatoria de concesión. Asimismo, censura las redes sociales porque impone multas a los infractores de «medios electrónicos o impresos» de entre 50.000 y 100.000 «veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central», equivalentes hasta a 100.000 dólares.
«Esta ley contra el fascismo busca complementar la Ley de Partidos Políticos, pero busca también complementar y desarrollar (…) la ley del odio«, dijo Rodríguez al exponer el texto aprobado en primera discusión por ‘mayoría calificada’.
En 2017, el presidente venezolano Maduro en medio de masivas protestas en las calles que dejaron 120 fallecidos propuso la controversial “Ley contra el Odio, la convivencia pacífica y la tolerancia«, que castiga con hasta 20 años de prisión a quienes sean señalados de «promover o incitar al odio».
En ese sentido, el proyecto de ley además prohíbe las reuniones, manifestaciones u «organizaciones políticas» donde se considere que existe una «apología» al fascismo: ¿acaso no es un cuasi estado de Sitio?
Objetivo real de Maduro: proscribir y perseguir a los opositores
El oficialismo venezolano pone palos en la rueda para una real transparencia en las elecciones, lo acordado en Barbados ante países mediadores, y USA, que ya había liberado las sanciones por el compromiso de Maduro a urnas abiertas, se siente traicionada por cierto incumplimiento, se «comió el sapo».
Estados Unidos accedió en diciembre a liberar a Alex Saab, el empresario colombo-venezolano con condena en tal país por lavado de activos —y señalado como presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro—, a cambio de que el gobierno de Venezuela pusiese en libertad a diez estadounidenses y 26 opositores locales detenidos en Caracas. Tal pacto de canje de presidiarios implicó la liberación de al menos 20 venezolanos de parte de la Administración de Joe Biden.
Esta reanudación del bilateralismo entre USA y Venezuela encubre la real necesidad de satisfacer demandas de crudo de Estados Unidos por fuera de los clásicos productores de Medio Oriente, como Arabia Saudita e Irán ( ahora involucrados en Gaza), y el caso de Rusia con el que desde la guerra de Ucrania no puede importar su petróleo dada las prohibiciones impuestas como punición por la OTAN.