Una tercera parte de los trabajadores estatales que dependen de Nación ven peligrar por estas horas sus puestos de trabajo: es que todos los contratos de los estatales santafesinos vencieron el último día de marzo y no tuvieron confirmaciones sobre cuántos serán renovados. Se trata del 30% del total de empleados públicos nacionales en la provincia que ascienden a 12.000, lo que equivale a unas 3.600 personas. Las cesantías apuntan a oficinas de atención masiva como la Ansés o los centros de Desarrollo Social, o áreas como Conicet, Discapacidad, Parque Nacional Islas de Santa Fe o Agricultura familiar, pero no solo afecta a los contratados sino también a personal de planta con muchos años. “Los cesanteados no son ñoquis » dijo Matías Avallone, coordinador de organismos nacionales de la delegación santafesina de ATE, quien promete pelea.
La cifra que manejaba el gobierno nacional era de unos 70 mil trabajadores en todo el país, pero fue decreciendo con el correr de los días «para dar lugar a una auditoría puntillosa » según dijo el vocero presidencial.
«El presidente no tiene idea de la cantidad de contratos que hay en todo el Estado nacional, no solamente en la provincia de Santa Fe» dijo Avallone. En esa línea, definió: «Hasta ahora, a nivel nacional hubo alrededor de 10 mil despidos, con las primeras medidas que tomó Milei de no renovarles a los que compañeros ingresantes en 2024. Lo que está pasando ahora es que habrá un porcentaje importante de despidos por la no renovación de los contratos que tenían su vencimiento el 31 de marzo».
Al respecto, agregó: «En la provincia de Santa Fe hay 12 mil trabajadores en el Estado nacional, repartidos en alrededor de 20 organismos como Pami, Ansés, AFIP, Senasa, Vialidad Nacional. De esos 12 mil, el 30 por ciento son contratados bajo algún tipo de modalidad».
Avallone advirtió que esos 3.600 contratados corren riesgo de perder el trabajo y reiteró: «El 31 de marzo se vencen los contratos y no sabemos si se van a renovar. No sabemos en qué porcentaje, Milei anuncia 70 mil despidos y otras fuentes hablan de un 10 mil o 15 mil para bajar la espuma».
Para el sindicalista, «si acá no hay más despidos es por la pelea que venimos dando desde el primer día».
El gobierno nacional dispuso en la región Litoral (Santa Fe y Entre Ríos), unas 50 cesantías sobre 500 empleados que sostenían 40 oficinas de atención al público. «Son oficinas que, a partir de este recorte, cerrarán sus puertas, con lo cual quedan muchas localidades sin posibilidad de tramitar asuntos fundamentales como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y beneficios sociales» dijo Rubén Román, delegado de APOPS , en la región litoral de Ansés.
El ajuste generó el cierre de las oficinas en Funes, Puerto General San Martín, Vera y Villa Ocampo, entre otras localidades. Esto obliga a los ciudadanos a recorrer distancias considerables para realizar sus trámites, con los costos adicionales que ello implica.
“Las medidas se toman en todo el territorio nacional, desde La Quiaca hasta Ushuaia. No solo bajan contratos, sino que despiden a compañeros de planta permanente sin ninguna causa. Quieren bajar la prestación y las políticas públicas hacia la ciudadanía”, indicó Román. Asimismo, el gremio teme que sigan el mismo camino las mesas de atención de Anses en San Lorenzo, San Javier y San Justo.
Román advirtió que el objetivo final del gobierno es privatizar la Ansés y eliminar el sistema previsional actual. “Quieren rematar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), una caja de 72 mil millones de dólares que sostiene el sistema”, afirmó. Esta situación afecta no solo a los trabajadores de la Anses, sino a toda la población que depende de este organismo para acceder a sus derechos.
Lo cierto es que en algunos casos ya trasciende la información que en algunas localidades, los puestos dejados vacantes podrían ser ocupados por militantes de la misma zona enrolados o cercanos a la fuerza política que maneja la «motosierra».
En calle España al 500, funciona un Centro de Referencia (CDR) del ex ministerio de Desarrollo Social. Eran hasta el último viernes 48 empleados, de los cuales 30 son contratados y nueve ya fueron despedidos sin indemnización. El alquiler de la oficina se dio de baja. El miércoles último hubo un acto de repudio frente al inmueble: a la noche, llegaron los correos electrónicos con más novedades: cinco nuevos despidos, todos con más de ocho años de trabajo.
Además del cierre o intervención del Inadi, Télam con delegaciones en Rosario y Santa Fe, el gobierno nacional anunció el fin del Instituto de Agricultura Familiar lo que implica 42 cargos en Santa Fe bajo la modalidad de asesores técnicos (ingenieros agrónomos, veterinarios, trabajadores sociales y psicólogos, entre otros). Hasta ahora no fueron echados pero se quedaron sin funciones y desmantelaron una política iniciada en 1993 con la creación de Programa Social Agropecuario. “En Santa Fe, llegamos a alrededor de 20 mil familias, horticultores, pescadores, ganaderos, productores ovinos, caprinos, avícolas, apicolas, familias campesinas, pueblos originarios, entre otros”, explicó Laura, una de las integrantes del instituto.
En el caso de “Islas de Santa Fe”, el único espacio de ese tipo en la provincia que cuida los recursos del Delta del Paraná, fue cesanteada una empleada administrativa. En tanto en el Parque Nacional con base en Puerto Gaboto, 15 de los 20 trabajadores tienen contratos bajo el artículo 9º y eso incluye a seis administrativos y técnicos, y nueve brigadistas. Según informaron el gobierno renovó los contratos de los brigadistas hasta diciembre y a los demás les extendieron el contrato hasta junio pero bajo amenaza de una nueva tanda de despidos. Además, hubo un fuerte recorte en insumos y apoyo de logística.