Javier Milei aprovechó el 24 de marzo para fidelizar el voto pro militar. Con un video protagonizado por el Tata Yofre, un ex guerrillero arrepentido y la hija de un militar, el gobierno buscó distraer del ajuste y quedarse con la representación de los sectores que simpatizan con la dictadura.
Yofre, ex titular de la SIDE durante el menemismo, es autor de varios libros donde justifica el Terrorismo de Estado. En su relato, el ex periodista, se refiere al apoyo cívico que tuvo el golpe de 1976 como un atajo para justificar los delitos de lesa humanidad de la dictadura. Yofre equipara los delitos de lesa humanidad y los atentados guerrilleros, una comparación que ya fue rechazada por la Justicia.
A pesar de que la pieza dura 12 minutos, en ningún momento se hace referencia al robo de bebés, las torturas, las violaciones, los centros clandestinos de detención o los delitos contra la propiedad de las víctimas. En la pieza, el cineasta libertario Santiago Oria reversiona la Teoría de los dos demonios en dónde el único demonio es la guerrilla.
Es parte de la batalla cultural que impulsa Santiago Caputo intenta cambiarle el sentido al día en que se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar. Más allá de los rumores de indulto que tomaron fuerza en los últimos días, la Cámara de Casación emitió horas antes del 24 de marzo un fallo con el que recordó que el indulto es «incompatible» en casos de lesa humanidad.
Milei intenta captar a un bloque pro militar que existe en la argentina y que durante el alfonsinismo se identificó con la UCD, luego con el menemismo y más tarde con parte del PRO. Pero no lo hace de una manera vergonzante como intentó el macrismo.
El Tata Yofre es el vehículo para hablarle a ese mundo. El ex periodista falsea los hechos para argumentar que la única mirada que prevaleció en la Argentina es la de los organismos y organizaciones de Derechos Humanos, que no tienen voz en el video que lanzó la Casa Rosada. Y sostiene que los Derechos Humanos fueron «un gran negocio» y rechaza la cifra de 30 mil desaparecidos.
Es la mirada de Victoria Villarruel, quien construyó su carrera como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una organización que reclama investigar episodios de violencia y muerte en manos de los movimientos revolucionarios previos al golpe de Estado de 1976.
El gobierno maniobra para que los represores condenados por delitos de lesa humanidad tengan prisión domiciliaria. Patricia Bullrich aseguró días atrás que «es venganza» que la justicia les otorgue la domiciliaria a presos comunes, pero no a los genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad y tienen más de 70 años.
Como parte de esa estrategia, el ministro de Defensa, Luis Petri, se fotografió junto a defensoras de militares condenados como Cecilia Pando.
Desde la ONU y la CIDH rechazaron la posibilidad de que los condenados por violaciones a los derechos humanos sean indultados o reciban beneficios carcelarios.
«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia (…) llaman a los Estados a cumplir con las sentencias judiciales que condenan a quienes resultan responsables por las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes internacionales. En ese sentido, instan a los Estados a no otorgar perdones, indultos humanitarios o beneficios indebidos a los autores materiales e intelectuales de estos tipos de delitos», expresaron en un documento.
