Un cambio de enfoque -en teoría para asegurar transparencia y competencia- provocó que 6 empresas de comunicación en Uruguay recibieran la autorización para ofrecer internet, y pudieran sumarse a otras 5 que la habían obtenido previamente, a partir de un reclamo judicial. A su vez, existen otras 30 que iniciaron los trámites esperando una definición favorable por parte del Poder Ejecutivo.
Es curioso que una de estas últimas compañías es DIRECTV, que actualmente cuenta con el 30% del mercado de la tv paga charrúa.
Su situación es motivo de controversias en la política puertas adentro del gobierno de Luis Lacalle Pou porque existen diferentes interpretaciones de la legislación acerca de si la normativa la habilita o no a brindar el servicio mencionado.
Las discrepancias radican en que el artículo 56 de la ley de medios local establece que quienes operan mediante cables tienen derecho a pedir la licencia pero DIRECTV lo hace de forma satelital desde hace más de 2 décadas.
El caso está siendo analizado por los servicios jurídicos, el paso previo antes que el presidente Luis Lacalle Pou tome una definición.
En caso de una resolución negativa, la compañía líder en TV satelital quedaría excluida en la comercialización de servicios de Internet. Sería una muy mala noticia para un gobierno que promueve brindar todo tipo de conectividad para reducir la brecha digital.
Los argumentos de DIRECTV
Carlos Magariños, director de Asuntos Externos y Estrategia Global de Vrio Corp, casa matriz de Directv Latin America y SKY Brasil, expresó que la compañía tiene firme intención de ofrecer servicios de internet, como lo hace en todos los países de la región.
“Solicitamos una licencia para brindar conectividad desde hace 10 años, sin éxito, lo que es una situación inexplicable formalmente. Nos preocupa mucho que alrededor de la ley de medios aparezcan algunas regulaciones que parecerían funcionar de manera opuesta a los objetivos que se postulan de aumentar la transparencia de la información, la concurrencia y la competencia de las empresas que trabajan en telecomunicaciones y en la transmisión de entretenimiento”.
Magariños añadió: “ Uruguay siempre ha sido un país modelo en América Latina, por su institucionalidad, por probada transparencia, la competencia. Pero en este tema específico, vinculado con la capacidad de prestar servicios de Internet a la población, nos encontramos con que se han convertido en el contraejemplo de países como Brasil, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Argentina”.
El Director de Asuntos Externos fue aún más específico:
“DIRECTV presta servicios de Internet a sus clientes en todos los países de la región, menos en Uruguay. Concluimos en que el Uruguay de hoy discrimina a las empresas que quieren competir. Existe un retroceso en la prestación de servicios de Internet. Estamos muy preocupados con ello, porque encontramos un límite para nuestro crecimiento en Uruguay”.
Por último, Magariños amplió su justificación.
“Acá se perjudica al consumidor porque se limita la oferta que pueden hacer los proveedores de servicios de Internet. Y limitar la competencia significa enfrentar precios más altos, menos inversiones y una menor creación de empleo. Desde que el Grupo Werthein tomó el control de la compañía en noviembre del año 2021, hemos mejorado nuestros servicios y seguimos ofreciendo mucho más servicios asociados a la prestación de la televisión por cable”.
Polémicas de otra centuria
El siglo XXI es el siglo vertical: la energía solar, la eólica, la tv e internet satelital llegan desde “arriba”. La salud y la educación se atienden por telemedicina y teletrabajo, a distancia, aunque estemos en el medio del campo. Hasta se aprovecha y reutiliza el agua de lluvia con la intención de ser más sustentables.
Todo nos llega desde las alturas.
Eso nos permitirá descomprimir las grandes ciudades horizontales basadas hoy en redes eléctricas y comunicacionales terrestres, los gasoductos, los oleoductos, las vías férreas y las infraestructuras adheridas a las superficies.
Todo está cambiando en el planeta.
Es poco entendible que un país tan abierto y progresista como Uruguay no tenga en consideración algo tan evidente.