La canasta de pobreza trepó a $580 mil en febrero y triplicó el valor del salario mínimo

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Las canastas básicas sufrieron en Tucumán un alza de entre el 9,9% y el 11% en el segundo mes del año, de modo que el costo de vida se disparó muy por encima de un salario mínimo, fijado unilateralmente por el gobierno de Javier Milei en $180 mil para febrero.

Mientras que para el gobierno nacional el salario mínimo (SMVM) de un trabajador debe ser de $202 mil -en marzo-, el costo de vida calculado por el INDEC refleja que esa cifra no llega a cubrir ni la mitad de una canasta básica que una familia tipo (4 integrantes) requiere para no caer en la pobreza, o lo que es igual, para tener cubiertas las necesidades básicas que le permitan llevar una vida medianamente digna.

Según publicó este miércoles la Dirección de Estadística de la Provincia (DEP), la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) treparon en febrero un 9,9% y un 11,%, respectivamente. De esta manera, un adulto equivalente (varón adulto, entre 30 y 60 años, de actividad moderada) requirió $92.470 para no ser considerado indigente, mientras que, para no caer en situación de pobreza, necesitó $187.714 (CBT).

Los valores de ambas canastas marcaron un crecimiento que acompañó la inflación del segundo mes del año, que para nuestra provincia cerró en 10,8%. En lo que va del 2024, ya treparon un 33,3% (CBA) y un 37,3 (CBT). A nivel interanual, es decir en los últimos doce meses, la CBT reflejó el mismo incremento que el IPC (276,7%), pero la CBA, compuesta por artículos de primerísima necesidad, creció a un ritmo más vertiginoso (282,3%), impulsado fundamentalmente por los exagerados aumentos que algunas empresas aplicaron sobre los alimentos.

De este modo, un adulto equivalente que en febrero de 2023 necesitaba ingresos por $24.188 (CBA) y $49.827 (CBT) para cubrir sus gastos fundamentales, ahora requiere casi el triple.

En ese contexto, un hogar tipo —compuesto por un jefe de 35 años, su conyugue de 31 años, su hija de 8 y su hijo de 6 año— necesitó en febrero un ingreso mayor a $285.733 para no ser considerado indigente y a $580.037 para no caer en la pobreza. Un año atrás, la misma familia había necesitado para cubrir sus cuestiones elementales de alimentación unos $74.741, mientras que para no ser considerada pobre debía contar con ingresos por encima de los $153.967.

La CBT se aleja cada vez más del salario mínimo

Hasta hace no mucho las discusiones del Consejo del Salario se guiaban por una máxima no escrita que tenía como horizonte que la CBT no llegará a duplicar al valor del SMVM. Puesto que se supone que en un hogar tipo hay dos adultos en condiciones de trabajar, si ambos perciben al menos ese nivel de ingreso, esa familia tendría cubierta sus necesidades fundamentales. Esta regla informal fue completamente ignorada por el gobierno nacional en febrero, cuando en complicidad con los empresarios resolvieron otorgar una recomposición muy por debajo de lo esperado por los sindicatos.

Así, mientras que ya en enero de 2024 la canasta de pobreza se ubicaba en $522.513, el gobierno decidió establecer por decreto un salario mínimo de $180 mil para febrero y de $202 mil para marzo. De este modo, durante el segundo mes del año la CBT triplicó el valor del SMVM y las expectativas son que esa brecha crezca aún más durante el mes en curso.

A pesar de esto, desde el gobierno avisaron que no habrá «ninguna medida adicional pensada en relación al salario mínimo por el informe del Índice de Precios al Consumidor». «Si nosotros diseñamos medidas en base a lo que dijo el INDEC que ocurrió el mes pasado, nos tenemos que ir todos a nuestras casas y renunciar por incompetentes, porque son datos viejos», expresó en su habitual conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La decisión marcha en sintonía con el plan Caputo-Milei de licuar lo más que se puedan las erogaciones del Estado. Vale recordar que si bien la mayoría de los trabajadores bajo convenio perciben -o deberían percibir- ingresos superiores, el SMVM tiene incidencia directa en los programas sociales que abona el gobierno y que implican el pago de medio salario mínimo a más de 1 millón de beneficiarios. Por lo tanto, cada aumento que se termina por definir en la Mesa del Salario implica un costo fiscal por la actualización de esos programas sociales. De allí se entiende que la gestión Milei se niegue a subir dicho monto para llevarlo a una valor razonable y no debería sorprender a nadie que no haya novedades hasta abril, cuando por efecto de la inflación el poder de compra del SMVM llegue a niveles históricamente bajos.