En un nuevo aniversario de la muerte de la concejala Marielle Franco, que fue asesinada a tiros en Río de Janeiro cuando salía de una actividad política, organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian fallas en la investigación del crímen, cuyo autor intelectual aún se desconoce.
Desde Amnistía Internacional advirtieron que si bien los supuestos autores materiales están tras las rejas, se desconoce quién ordenó el homicidio y cuáles fueron los motivos por los que la entonces concejala fue ejecutada.
Según un informe divulgado por la ONG, entre los seis errores principales que fueron cometidos por las autoridades destacan la demora en la solución del caso.
También resaltaron la falta de control de armas de uso exclusivo de las fuerzas del orden -como la subametralladora HK MP5 que mató a la concejala- y la obstrucción de las investigaciones por parte de funcionarios y policías.
Otros de los errores señalados fueron los constantes cambios de los responsables de las indagaciones, la falta de garantías para que los familiares tengan una participación efectiva en las investigaciones y las fallas del Estado para brindar protección a los defensores de derechos humanos.
«Después de los crímenes, hemos sido testigos, durante los últimos seis años, de numerosos fracasos e intentos de obstrucción de las investigaciones, muchos de ellos realizados por agentes públicos», señala el informe de AI.
Para la ONG, todos los responsables de estos hechos deben ser identificados y sancionados, pero además se deben tener en cuenta una serie de «recomendaciones urgentes» para evitar que se repitan crímenes como el de Marielle Franco y las fallas que se han visto durante el proceso.
Garantizar que todos los involucrados en el crimen sean identificados y juzgados en «juicios justos» encabeza la lista de acciones sugeridas por la ONG, que también defiende el control eficiente de la producción, importación y venta de armas y municiones.
AI propone, además, que haya una fiscalización externa de la actividad policial para combatir la corrupción, así como la participación de observadores internacionales independientes que garanticen investigaciones imparciales.
Finalmente Amnistía Internacional resalta la importancia de que las familias tengan acceso «al derecho de participar en las investigaciones» y le pide al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva implementar un programa de protección a defensores de los derechos humanos, comunicadores y ambientalistas, en todo el país.