El 18 de agosto del año pasado, las autoridades del Colegio San Carlos, ubicado en calle Virgen de la Merced al 400, habían recibido una amenaza de bomba a través de un mail. Inmediatamente, intervino personal policial y bomberos para desalojar el establecimiento y aplicar el protocolo para estos casos.
Este martes, la Unidad Fiscal de Cibercriminalidad del MPF imputó a un mayor, de 38 años, por los delitos de intimidación pública y la participación de un adolescente. Por delegaciones del titular, Carlos Saltor, estuvo presente en la audiencia la auxiliar de fiscal, Jessie Luz García, quien relató el hecho (ver abajo) y las evidencias (secuestro de celulares, a los cuales se les realizará una nueva pericia UFED en los próximos días). Durante la jornada, el menor (16 años) confesó haber realizado la amenaza de bomba. “Dijo que desconocía las consecuencias y que se trataba de un delito”, indicaron desde la Fiscalía. Para el adulto, se ordenaron medidas de menor intensidad por el término de dos meses, entre ellas, que permanezca en la provincia y a disposición de la Unidad de Investigación del MPF cuando se lo requiera. Todo lo expuesto fue autorizado por la jueza actuante.
La acusación
El día 18 de agosto del año pasado, a las 07:51 horas, el adolescente y el mayor, con intenciones de causar temor público, enviaron un mail (que se encuentra asociado al número de teléfono del hombre de 38 años) al correo electrónico perteneciente al Colegio San Carlos, sito en calle Virgen de la Merced al 400 de esta ciudad capital. El mensaje decía: «Atención, urgente. Queremos informarles sobre nuestra colocación de artefactos y materiales explosivos colocados sobre la institución. Lo recomendable es evacuar las instalaciones lo más antes posible. Atención, esto no es un simulacro, quedan avisados». De esta manera provocaron temor entre los miembros de la escuela y la población en general. A consecuencia de ello, debió intervenir personal policial y bomberos, quienes aplicaron protocolo para el caso. Para ello evacuaron el lugar a fin de registrarlo, lo que provocó asimismo, tumulto y caos en el tránsito, mientras se aplicaba dicho protocolo preventivo.