En el marco de una audiciencia en sede judicial, el abogado penalista Gustavo Morales, que este jueves fue detenido por la policía, fue imputado en la causa por la incitación a la sedición. Sin embargo, el juez Valeros consideró que no hay elementos para suponer que se vaya a fugar o a entorpecer la investigación, razón por la que no accedió al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que el letrado siguiera en prisión y dispuso su inmediata liberación.
La causa que lo tiene como protagonista al reconocido abogado, se inició el jueves 22 de febrero del corriente año, cuando los cuatro efectivos policiales (con prestación de servicios en Patrulla Motorizada de Las Talitas, en la comisaría de Aguilares y en Relaciones Policiales) y el empleado municipal de Lules.
Todos ellos junto a otros efectivos crearon un grupo de Whatsapp al que denominaron “Sueldo Policial 2024”, quienes comenzaron a cursar invitaciones para unir a más empleados de la fuerza policial provincial llegando a superar los mil integrantes, con la finalidad de movilizar a los efectivos (dado su disconformidad con los salarios que perciben).
En dicho grupo se enviaron mensajes donde se instigaba al acuartelamiento como así también efectuaron diversos cometarios en la red social tik tok, con la intencionalidad de incitar a otros policías a cometer el delito de sedición, en tanto, invitaban a sus compañeros a hacer huelga y acuartelarse en contra de sus superiores, en perjuicio del orden y de la seguridad pública.
Desde la fiscalía cuentan con evidencias que acreditan la existencia del mencionado grupo de mensajería. Además, hay 24 teléfonos celulares secuestrados (que serán peritados) de los cuales pueden surgir más evidencias.
En cuanto a acusados, hasta el momento hay cinco personas (cuatro efectivos y un civil) imputados. A esto se le suma la reciente detención del abogado Morales, que fue formalmente acusado.
Por otro lado, por las características del hecho, la cantidad de posibles involucrados y el modo comisivo a través de redes sociales, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) había solicitado que la causa se declare asunto complejo.
La instrucción de la Fiscalía
De acuerdo a la teoría del caso, Morales estaría instigando, incentivando o promoviendo a efectivos policiales, a través de la red social TikTok, a cometer un hecho ilícito que podría alterar el orden público provincial.
También mencionó que cuenta con evidencia acerca de mensajes (precisamente un audio) que este le habría enviado a uno de los cinco imputados y que hacía referencia a la intención de ofrecer su asesoría en materia jurídica.
Por otro lado, la representante del MPF solicitó la prisión preventiva del acusado por el plazo de 90 días para resguardar la investigación.
“La gravedad del delito amerita que se resguarde el proceso porque involucra a la paz social. No se puede permitir repetir la historia del 2013 por eso hemos actuado rápido en función de la investigación iniciada por la propia policía”, expresó la investigadora.
Por su parte, el juez interviniente declaró legal y legítima la detención del abogado y la imputación realizada en su contra, pero rechazó el pedido de la preventiva y le impuso medidas de coerción de menor intensidad. En tanto que, la fiscal Rivadeneira presentó un recurso de impugnación acerca de la medida privativa de la libertad.