La «guerra» que el presidente Javier Milei declaró a los gobernadores por el rechazo de la «ley ómnibus» amenaza con empujar a más trabajadores fuera del sistema. Al recorte de subsidios en los servicios de energía y la liberación de precios, se sumó esta semana el anuncio del fin del Fondo Compensatorio Tarifario que mantenía los precios relativamente bajos (siempre comparando con los costos que los empresarios aducen) en el transporte público. De concretarse, las administraciones provinciales y municipales no tendrán más opción que permitir nuevas subas del boleto, ante la imposibilidad manifiesta de cubrir con fondos propios el vacío que dejará Nación.
Aunque este último anuncio se muestra como una «venganza» en respuesta al fracaso parlamentario, en realidad es consistente con el programa económico del ministro Nicolás Caputo, que viene licuando exponencialmente los ingresos de los argentinos en su afán de lograr el déficit cero. Por efecto de la inflación, entre diciembre y enero la caída general de los salarios de aquellos sectores que aún no tuvieron paritarias alcanzó valores cercanos al 60%.
«No sabemos si a los compañeros les va a alcanzar el sueldo para pagar el transporte», expresó Mario Dionisi, titular de Sadop en Tucumán, en conversaciones con Radio Prensa. «Estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo, el deterioro del salario es enorme y se están haciendo recortes por todos los frentes», sostuvo.
La angustia es compartida por sus colegas de la educación de gestión pública, desde donde ya se anunció un paro de actividades para la próxima semana. Hugo Brito, secretario general de ATEP, explicó en declaraciones a la prensa que «muchos colegas no pueden volver a las escuelas por el alto costo del transporte de pasajeros y además, porque en apenas dos meses que lleva este Gobierno nacional, ya tenemos un 80% de aumento de combustible, y si tenemos en cuenta lo que sen gana, los colegas siempre nos plantean que tienen que comer, pagar los servicios o pagar el transporte».
Ambos dirigentes coinciden en que en las condiciones actuales los docentes no pueden iniciar el ciclo lectivo y apuran la discusión paritaria centrada en varios ejes: el recupero del Fondo de Incentivo Docente que hasta diciembre abonaba el gobierno nacional y una recomposición salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo de los últimos 4 meses.
La última vez que los gremios acordaron salarios con el gobierno provincial fue en septiembre del año pasado, cuando el Frente Gremial logró que se excluya del salario inicial los montos que enviaba nación en concepto de FONID. A partir del cambio de gobierno en octubre, el gobernador Osvaldo Jaldo decidió otorgar una ayuda social por $40 mil no remunerativos que se fue extendiendo hasta este mes, un virtual congelamiento que fue aceptado por los sindicatos ante un contexto de incertidumbre derivado de las vicisitudes de la política nacional.
La falta de pago del FONID por parte de la administración Milei condujo a que los salarios docentes tuvieran una caída nominal (además de la desvalorización por inflación) en enero, de modo que el salario inicial docente, con todos sus ítems, alcanzó apenas los $260 mil. Bastante lejos de los $500 mil que una familia necesitó en diciembre para no ser pobre y aún por debajo de los $288 mil que la CGT reclama como piso del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Para los privados de SADOP cuyos salarios dependen de la paritaria local la situación es aún más compleja. «Jaldo congeló los salarios en octubre y decidió como política de aumento las ayudas sociales. El problema es que esas ayudas no han llegado al sector privado. Hay compañeros a los que hoy se les adeuda hasta $170 mil. Queremos que el gobernador intervenga y asegure la prestación del servicio», remarcó Dionisi.
Otro tema que preocupa y que puede poner en riesgo la subsistencia del sistema educativo, son los aumentos de las cuotas de los colegios privados que se darán en marzo. En un contexto en el que la caída de los salarios limita la capacidad de pago de los padres, una suba desmedida puede provocar que muchos alumnos «caigan» en las escuelas públicas, saturándolas y provocando la necesidad de un incremento de recursos que hoy la provincia no tiene y que Nación no pretende financiar. No aumentar, para algunos establecimientos también es inviable, pues sostienen una estructura de costos que está al límite de sus capacidades económicas.