Mauricio Macri logró ubicar al Interventor Adjunto de los medios públicos y tendrá injerencia en el millonario negocio que supone una eventual privatización de la Televisión Pública, la agencia Télam y Radio Nacional.
El elegido por el ex presidente es Diego Marias, un nombre conocido dentro del PRO. Fue diputado porteño y funcionario del ministerio de Educación durante el gobierno de Macri. También integró el Consejo de la Magistratura en representación de los abogados de la Capital Federal.
Al frente de la intervención estará Diego Chaher, un abogado de Mendoza que trabaja desde hace casi 20 años en el Grupo América.
Chaher fue director Asuntos Legales de Grupo Supercanal Arlink y director TVEO Productora Contenidos Audiovisuales. Es mendocino está vinculado a las áreas legales de UNO Medios. Fue también gerente de Canal 8 de San Juan, del Grupo América.
Mientras tanto, Daniel Vila logró ubicar a Alejandro Spinello, CEO del Grupo América Cuyo como responsable de los contenidos audiovisuales de la presidencia.
Spinello trabaja desde el año pasado como CEO de los medios del holding de Vila en Mendoza y San Juan. Spinello trabajó activamente en la campaña de Javier Milei y fue el responsable de armar el bunker para el día de la elección.
Mientras tanto, Juan Cruz Ávila logro designar Facundo Pardo como gerente de programación de Canal 7. Es un premio consuelo para Ávila tras el fracaso del secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini, quien había llegado al gobierno a instancias de su gestión.
Javier Milei vació por completo la secretaría de Serenellini y traspasó la mayoría de las funciones a la órbita de su hermana Karina, al mismo tiempo que le dio la llave a Nicolás Posse para intervenir los medios públicos, en un paso previo para la privatización.
Es que el negocio de la privatización es un eje central en las discusiones dentro del gobierno sobre qué hacer con los medios públicos. En definitiva se trata de un negocio inmobiliario millonario.
No hay una cifra certera respecto de lo que vale el predio de Canal 7 en avenida Figueroa Alcorta y Tagle, pero los más entusiastas hablan de 600 millones de dólares.
En tanto, Radio Nacional cuenta con un predio a uno de los lados de la Panamericana en General Pacheco donde funciona la planta transmisora. Se trata de la zona conocida como Corredor Norte, una de las más caras. Además, la emisora tiene inmuebles en la mayoría de las provincias.
Quienes siguen de cerca el plan del gobierno explican que los medios públicos tienen una planta de unos 3.500 trabajadores. El cálculo es que para que esos medios sean eficientes tiene que quedar unos 600 y que el costo de indemnizar al resto puede rondar los 80 millones de dólares.
Es un costo mínimo para el millonario negocio inmobiliario que viene de la mano de la privatización de los medios públicos. Claro que no es un negocio sencillo. Habrá entramados judiciales, afectaciones específicas en los predios, amparos judiciales y seguramente una fuerte resistencia de los trabajadores.