El ministro de Defensa de la Nación Luis Petri, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezaron esta madrugada el operativo de deportación de familiares del capo narco ecuatoriano José Adolfo «Fito» Macías Villamar, líder de «Los Choneros». Ambos funcionarios dieron una conferencia de prensa y difundieron por redes sociales la noticia, jactándose del logro, lo cual estaría muy bien a no ser por un detalle nada menor.
Es que, hasta el momento, hay un dato que pasó desapercibido en torno al operativo «anti Choneros«: la salida al exterior de un avión de la Fuerza Aérea necesita autorización del Congreso. Y, actualmente, todavía no hay acuerdo parlamentario para la salida de tropas al exterior en 2024.
Así, los ministros Petri y Bullrich, con muchas ansias de figurar y ser ‘noticia’, habrían incurrido en un acto ilegal por el que es probable que les pidan explicaciones.
Fuentes del sector explicaron a Urgente24 que dicho avión de la Fuerza Aérea tiene dos usos: militar y comercial. Cuando se utiliza de modo comercial, es operado por LADE -Líneas Aéreas del Estado-, pero este no sería el caso, ya que el ministro de Defensa agradeció al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) por facilitar la nave. Y si lo usaron a través del EMCO, entonces se trató de un vuelo militar (porque no dispone operaciones civiles).
Y también está el tema del costo: ¿quién lo paga? Se estima que cuesta unos 20 mil dólares la hora de vuelo…
Tanto desde la Armada como desde el EMCO deslizan, por lo bajo, que entre Petri y el brigadier Xavier Julián Isaac habrían comprometido severamente a la FAA, ya que no podían realizar ese vuelo sin autorización del Congreso. Y hay cierta unanimidad en el sector acerca de que los ministros Petri y Bullrich metieron la pata…
Cabe destacar, además, que a los familiares del narco Macías podrían haberlos deportado utilizando un avión de Aerolíneas Argentinas u otra empresa comercial, ya que no estaban detenidos (sólo fueron retenidos para la expulsión del país) y no necesitaban custodia.
El propio ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, -provincia donde se alojaba la familia- explicó que no tienen «ningún indicio» de que los Macías hayan venido a la Argentina a desarrollar tareas de narcotráfico, sino que creen que vinieron al país a refugiarse.
La deportación de los familiares de Fito Macías se convirtió en el primer acto de las Fuerzas Armadas involucradas en la lucha contra el narcotráfico, es decir, en tarea policial.