El Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, integrado por Domingo Batule, Gabriela Catalano y Abel Fleming, condenó a Fabián Pelozo e Ignacio Quintana a 9 y 7 años de prisión, respectivamente, tras declararlos culpables del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
La sentencia, dada a conocer el miércoles último, responde a la acusación del fiscal general Carlos Amad y la fiscal ad hoc Claudia Juane. En el debate se discutió la participación que tuvieron Pelozo y Quitana en una operación de tráfico de drogas desarticulada el 24 de septiembre de 2020, en un operativo realizado sobre la nacional ruta 9, a la altura de la localidad de El Paraíso, en el partido de Ramallo de la provincia de Buenos Aires.
De ese transporte también participaron Adelaida Castillo, quien conducía una camioneta Ford Ranger en la que llevaba 389 kilos de cocaína procedente de Salta. Por este hecho, Castillo, considerada la organizadora del tráfico, fue condenada a 13 años de prisión, dictada por este mismo tribunal en abril último.
En esa ocasión también fueron condenados Rodrigo López y Rocío Estela (hija de Castillo), a 8 años de prisión. López y Estela viajaban en otra camioneta Ford Ranger que cumplía el rol de “coche puntero”, es decir, advertir si había controles en la ruta.
En el juicio, que se tramitó con el procedimiento previsto en el sistema mixto y no el acusatorio que se aplica actualmente en la justicia federal de Salta y Jujuy, la fiscalía destacó que la detención de esta organización no surgió de un procedimiento casual, sino de una larga investigación iniciada por los fiscales Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, y Eduardo Villalba, a cargo de la PROCUNAR NOA.
Es una derivación de la causa en la que, en diciembre de 2019, este mismo tribunal condenó a Valdemar Loza a 15 años de prisión como coautor del almacenamiento de 1.160 kilos de cocaína, que era parte de los embarques que sus hermanos José y Erwin tenían proyectado enviar a Europa.
En el alegato la fiscal Juane consideró probado que Pelozo y Quintana, quienes fueron detenidos dos años después del secuestro de la droga, el 8 de marzo de 2022, en el marco de allanamientos realizados en las provincias de Santa Fe y Córdoba, participaron del transporte de la droga “en el marco de una organización transnacional liderada por Jorge Adalid Granier Ruiz”, ciudadano boliviano a quien se conoce con el apodo de «Narco fantasma», que fue detenido en marzo último en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. La justicia argentina ya pidió su extradición, que sigue pendiente de resolución por parte de las autoridades brasileñas.
Para la fiscalía, la droga secuestrada en Ramallo había ingresado vía aérea al país, la modalidad que tenía Granier Ruiz, quien obtenía hasta 300 mil dólares por una carga de 380 a 400 kilos.
En cuanto al rol de Pelozo y Quintana, la fiscalía sostuvo que eran los “encargados de la logística, el acopio y la entrega del producto a los distintos compradores e intermediarios, como el caso de Adelaida Castillo, rol que cumplieron con respecto a la droga secuestrada en Ramallo”.
En este caso, según explicó la fiscal ad hoc, la droga, proveniente de Bolivia, fue resguardada en una finca en la localidad de Ibarlucea, en la provincia de Santa Fe, hasta donde Quintana guió a Castillo, quien fue la transportista de la carga, mientras que López y Estela oficiaban de punteros.
Castillo había viajado desde Buenos Aires para buscar la droga, llegó hasta una estación de servicio cercana a la finca, donde esperó hasta que apareció una camioneta Toyota Hilux, perteneciente a Quintana, que condujo a la transportista hasta un galpón en el campo de Ibarlucea, donde se cargó la cocaína. Todo esto fue comprobado porque Gendarmería Nacional seguía a Castillo y sus cómplices desde Buenos Aires y cuando regresaban con la droga los interceptaron en Ramallo.
Según se determinó, la droga tenía una pureza de un 93%, con una capacidad productiva de 2 millones de dosis.
No eran simples transportistas
La fiscalía enumeró las pruebas reunidas en la causa, mensajes, escuchas telefónicas y peritajes y testimonios. Recordó que a Quintana se le secuestró la camioneta Toyota con la que había ayudado a Castillo a llegar a la finca donde cargó la droga. También se aportaron a la investigación Informes de investigadores de la Policía Federal, que seguía a los dos acusados, porque ya había sospechas sobre Pelozo.
Además, los teléfonos de ambos impactaron en antenas de la zona del campo de Ibarlucea. Respecto de Pelozo, la fiscalía añadió que “aportó, cuanto menos, el predio de la localidad de Ibarlucea donde se hizo la entrega de la droga. Este predio estaba relacionado con él a partir de su suegro, que era el administrador de esa finca”. Asimismo, expuso pruebas que lo relacionaron directamente con Granier Ruiz, con el que también está vinculada Castillo.
“No estamos ante dos personas que oficiaron de mulas, que llevaban la droga en su cuerpo, que estaban una situación de vulnerabilidad que les impedía tomar decisiones o restringía su ámbito de libertad a tal punto de haber sido empujados a cometer el delito”, dijeron el fiscal y la fiscal ad hoc. Recordaron testimonios de personas que los conocían y que “nunca vieron que (Palazo y Quintana) hayan estado en una relación laboral ni tampoco que hayan realizado actividad comercial que justifique la cantidad de bienes que tenían en su poder”.
Para la fiscalía, quedó claro que ambos “integraron esta organización criminal con ánimo de lucro y con el motivo principal de enriquecerse y no por la necesidad de resolver cuestiones básicas de subsistencia de ellos y su familia”.