La Cámara Federal de Casación Penal admitió que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) intervenga como Amicus Curiae (amigo del tribunal) en la causa sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan, el submarino que se hundió en 2017. Ese mismo tribunal debe resolver la situación de Mauricio Macri, que es el principal imputado en el expediente.
Por dos votos contra uno, Casación aceptó que Paula Litvachky, la directora ejecutiva del CELS, y el jurista Alberto Binder actúen como amicus en el expediente que se inició en septiembre de 2020 con una denuncia de la entonces interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, que detectó los seguimientos que se habían hecho a los parientes que reclamaban saber qué había pasado con el buque de la Armada Argentina.
La decisión fue adoptada por Ángela Ledesma y Mariano Borinsky. En minoría quedó Guillermo Yacobucci –que, en una integración anterior de la Sala, le había vedado la incorporación al CELS diciendo que el tema que se ventilaba en ese expediente no era de su expertise. En otras palabras, la interpretación era equivalente a sostener que el espionaje que sufrieron las familias por parte de la delegación Mar del Plata de la AFI no era una cuestión de derechos humanos, a lo que el CELS se dedica desde su fundación en 1979.
Litvachky y Binder fueron convocados por Caamaño para pensar una propuesta que reforme la ley de inteligencia actual –adoptada durante el gobierno de la Alianza y modificada en 2015. Si bien el presidente Alberto Fernández anunció en 2022 que enviaría el tema al Congreso para debatirse, la reforma quedó en el tintero. Los dos son reconocidos expertos en la materia.
Después de haber aceptado a los amicus, la Casación debe convocar a una audiencia para escuchar a las partes. Lo que está en juego es el sobreseimiento que Macri consiguió hace un año en la Cámara Federal porteña. El 15 de julio de 2022, los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia admitieron que la AFI hizo tareas de inteligencia sobre los familiares sin tener orden judicial, pero entendieron que estaban justificadas porque estaba en riesgo la seguridad del entonces Presidente y la seguridad interior del país.
Las querellas recurrieron el fallo. El fiscal ante la Cámara Federal, José Agúero Iturbe, contestó que los camaristas habían estado más interesados en desvincular a Macri y al resto de los imputados que en procurar justicia para las víctimas del espionaje. Su colega ante la Casación, Raúl Pleé, sostuvo el recurso. No es un dato menor: Pleé fue uno de los magistrados que se reunió con Macri en Olivos. El fiscal incluso informó en la Procuración que el entonces presidente le había pedido que no se jubilara.
En noviembre, al presentarse como amicus, el CELS había alertado que la interpretación de la Cámara Federal suponía una habilitación para la “intolerable producción de inteligencia” sobre un grupo de víctimas que peticionaban a las autoridades y protestaban por el accionar del Estado nacional.
La abogada querellante Valeria Carreras celebró que Litvachky y Binder se incorporen como amicus a la causa. “No estamos frente a un caso de persecución política, sino que estamos frente a un caso de protección política a través de la justicia. Estamos frente a la otra cara del lawfare. Por eso la intervención de organismos nacionales –como el CELS o la Comisión Bicameral de Inteligencia– o de organismos internacionales –como la relatoría de Naciones Unidas– es la única garantía para mis representadas, que están huérfanas frente a la embestida de poder que soportan desde 2017”, sostuvo la abogada.
En diciembre de 2021, el juez federal Martín Bava –subrogante en Dolores– procesó a Macri por haber usado el espionaje sobre las familias. Para el magistrado, la inteligencia ilegal funcionó como un mecanismo para obtener información que le permitía al entonces mandatario anticiparse a los reclamos de los familiares en un tema que tenía a la Argentina en el foco universal.
Bava procesó a los agentes de la base Mar del Plata que participaron de los seguimientos, al jefe de la delegación, a los directivos de Reunión Interior y Contrainteligencia así como a los mandamases de la AFI macrista. Una de las curiosidades de las últimas semanas es que la causa ya no lleva el nombre de Macri, solo las iniciales del exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, que no era un agente de inteligencia como para que los jueces deban preservar su identidad.