Evo Morales celebra el triunfo electoral que le abre las puertas al cargo de Presidente de Bolivia. No parece haber apuro para ese hombre que, con la emoción a flor de piel por los recuerdos de su infancia pobre y sus años sindicales, agradece el apoyo del electorado hacia lo que llama “el proceso de cambio”. Mientras tanto, debajo del escenario, una multitud corea “Evo es del pueblo”. Pero el júbilo se interrumpe, montaje mediante, por registros de una brutal represión a la que le sigue, entre otros, un jefe policial anunciando un motín, un militar de alto rango “sugiriéndole” al mandatario que renuncie, protestas reclamando el “fin de la dictadura” y una madre llorando a mares sobre el cadáver de su hijo.
Hay casi catorce años de diferencia entre aquella algarabía y la violencia desatada durante 2019, cuando distintos sectores de poder bolivianos, en asociación con organismos internacionales y gobiernos extranjeros, ensayaron un golpe de Estado que empujó a Morales y a su vice, Alvaro García Linera, al exilio, así como también a una parte importante de la ciudadanía a las calles para reclamar por su líder. Tenían motivo para hacerlo: durante sus casi quince años de gobierno cambió de raíz las bases económicas, sociales y culturales sobre las que se apoyaba Bolivia, poniendo en el radar del Estado las necesidades básicas nunca cubiertas del grueso de la población.