Prisión preventiva al automovilista que atropelló y mató a dos adolescentes

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En las últimas horas se llevó adelante una audiencia solicitada por la Unidad Fiscal de Atentados contras las Personas II, a los fines de legalizar la detención, formalizar la investigación, formular cargos y pedir medidas de coerción en contra de un hombre acusado de conducir el automóvil que protagonizó el siniestro fatal en el que murieron dos jóvenes de 16 y 17 años. Otros dos adolescentes, también de esas edades, resultaron con lesiones.

La acusación de la Fiscalía plantea la siguiente teoría del caso. El lunes 19 de junio del 2023, alrededor de las 20:45 horas, dos menores circulaban de norte a sur en una motocicleta Suzuki por Ruta Provincial 306, en el paraje Santa Rita de la localidad de Santa Rosa de Leales. En un momento fueron embestidos desde atrás por el imputado, quien conducía un auto Peugeot 208 bajo los efectos del alcohol (1,09 gramos de alcohol por litro de sangre).

Producto del impacto, embistió a otra moto (Motomel 110cc.) que iba adelante de ellos, en igual sentido, en la cual circulaban otros dos jóvenes. Las cuatro víctimas cayeron pesadamente al pavimento. Dos sufrieron politraumatismos; mientras que uno falleció momentos después del choque y otro perdió la vida el miércoles 21 de junio en el Hospital Padilla, como consecuencia de la conducta imprudente y antirreglamentaria del imputado.

Preso mientras avanza la causa

Tras narrar con precisión el hecho y enumerar las evidencias recolectadas hasta ahora, el auxiliar de fiscal Gustavo Benjamín Zavalía le atribuyó al imputado el delito calificado como homicidio culposo doblemente agravado por multiplicidad de víctimas y por conducir alcoholizado, en concurso ideal con lesiones culposas agravadas, en calidad de autor.

A continuación, con el objetivo de resguardar el proceso, el representante del MPF requirió la prisión preventiva por el término de 60 días. Al comunicar su resolución, el juez aceptó parcialmente el pedido fiscal y dispuso la medida cautelar por el plazo de 30 días, ordenando el alojamiento del acusado en el servicio penitenciario.