15: Reunion de la Comisión de
Juicio Político de la Cámara de
Diputados.
Foto NA:JUAN VARGAS
En la Comisión de Juicio Político los cañones están pasando de apuntar contra Juan Carlos Maqueda a apuntar contra Horacio Rosatti. En un movimiento doble, el Frente de Todos aprovechó la ultima reunión de comisión para, primero, darle un cierre formal a la causal de remoción centrada en las irregularidades de la Obra Social del Poder Judicial durante el «Período Maqueda» (2008-2021) y, luego, sentar las bases para la investigación del fallo de coparticipación que benefició al gobierno porteño. El oficialismo, pese a la resistencia de Juntos por el Cambio, presentó los cargos contra Maqueda y oficializó, así, la citación para que comparezca el 6 de julio. Esta citación, sin embargo, no será la más explosiva de la semana. Y es que dos días antes (4 de julio) se espera que comparezcan Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, los protagonistas de los chats que inicialmente derivaron en el pedido de juicio político a los jueces del máximo tribunal.
Los cargos contra Maqueda
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, lo había anticipado la semana anterior, pero faltaba un paso formal: Maqueda fue identificado como el responsable directo de la falta de control y fiscalización de la OSPJ que llevó a numerosas irregularidades, falencias y posibles actos de corrupción. Entre los desmanejos detectados -fruto de los testimonios de 17 testigos y una auditoría que fue encargada por la propia Corte-, el oficialismo le achacó la inexistencia de un sistema contable, la ausencia de previsión presupuestaria, la falta de transparencia en las licitaciones y contrataciones, la vulnerabilidad del sistema informático y vacancias de puestos clave. Había existido, previamente, una discusión interna en el FdT sobre si no correspondía que la responsabilidad por la falta de control recayera sobre los cuatro supremos, pero se terminó definiendo apuntar primero contra Maqueda y, luego, cuando se redacten los dictámenes finales, precisar qué responsabilidad le correspondía a cada uno.
Por este motivo, y valiéndose de un mail en el que Maqueda renunciaba a su labor como «supervisor» de la OSPJ, es que el FdT decidió aprobar la resolución y citar a Maqueda. No será un descargo, sino un informe, y el cortesano tiene la posibilidad de hacerlo por escrito o no hacerlo en absoluto (aunque en el oficialismo creen que terminará enviando un escrito). Maqueda tiene diez días hábiles para hacerlo.
Desde JxC, como era de esperar, salieron a defender a la Corte. Aunque no lo hicieron de manera uniforme. El PRO prefirió rechazar de lleno que las «presuntas» irregularidades constituyesen una causal de mal desempeño: «No son más que vicios y defectos que ocurren en todas las obras sociales del país», se desentendió Pablo Tonelli. La Coalición Cívica, mientras tanto, viene impulsando su propio juicio político contra Ricardo Lorenzetti por el mismo tema, por lo que optó por cambiar el objetivo de la acusación: «Si hubo algún tipo responsabilidad en este caso es de quien presidía la Corte durante el período en el que se detectaron las irregularidades: Lorenzetti», sostuvo Juan Manuel López.
«En medio de la responsabilidad colectiva, hay una responsabilidad directa de Maqueda. Y no solo por el mail, que fue una confesión de parte, sino por lo que dijeron los testigos», les respondió Leopoldo Moreau, quien destacó, a su vez, la cercanía de Maqueda con varias empresas o personas que habían sido contratadas por la OSPJ: «Faltaba solo que designara a la Mona Jiménez. No fue solo supervisión, hubo una apropiación por parte de Maqueda de la obra social», ironizó, aludiendo al origen cordobés del supremo.
La guerra por la coparticipación
Cerrado el capítulo de la obra social, la Comisión de Juicio Político se enfocará en el fallo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Según adelantó Gaillard, el primer encuentro será el 27 de junio, fecha para la cual tiene planeado convocar al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, a gobernadores peronistas (que fueron los que denunciaron que la cautelar de la Corte perjudicaba a las provincias) y al subprocurador del Tesoro, Horacio Diez. El plato fuerte, sin embargo, será la semana siguiente, cuando el FdT tiene planeado citar al ex ministro porteño D’Alessandro y a Robles, el vocero de Rosatti.
Para el FdT, lo importante es investigar el trasfondo de la cautelar de la Corte que, a fines de 2022, le ordenó al gobierno nacional aumentar de 2,3 a 2,95 puntos la coparticipación porteña (cuando, previamente, había sido Mauricio Macri el que le había triplicado arbitrariamente durante su gestión). Más allá de los cuestionamientos respecto del perjuicio que esta decisión pudo tener sobre las provincias – «fue un fallo contra el federalismo», repetía, casi a los gritos, Marcelo Casaretto (FdT) -, el objetivo del oficialismo es investigar la «connivencia» entre un sector de la Corte (Robles) y el gobierno porteño, lo que habría habilitado la cautelar en beneficio del distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta. «Es en los chats donde queda expuesto el acuerdo espurio entre la Corte y el sector político que gobierna la Ciudad. Porque los chats dan cuenta de la relación íntima, personal, que existía entre Robles y quien fuera el principal beneficiario de la sentencia, Marcelo D’Alessandro», denunció Rodolfo Tailhade, quien, haciéndose oír por encima de los bramidos de la oposición, demandó «traer a esos dos señores».
«Ustedes quieren hacer un comité de campaña. Quieren citar a Robles, D’Alessandro, otros funcionarios de Larreta. No sé si la quieren citar a Patricia Bullrich también», se quejó López. Fuera del micrófono, Vanesa Siley lo chicaneó: «Me parece que son ustedes los que la quieren traer a Bullrich». «No, no, nosotros la vamos a cuidar», respondió el diputado de la CC, enojado. «Díganle a Carrió, entonces», ironizó Paula Penacca, aludiendo a los dardos que la líder de la CC estuvo lanzando contra Mauricio Macri y Bullrich en la última semana. Cuando la reunión parecía salirse de control, Gaillard llamó al silencio, oficializó el cronograma y concluyó la reunión. Más de un diputado oficialista emprendió raudo hacia la salida, impaciente porque faltaban solo un rato para que hablara Cristina Fernández de Kirchner en Río Gallegos.