La ex titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura, contrató entre 2012 y 2015 un sistema de seguridad privada, con cámaras incluidas, para ella y su familia que desembocó en un gasto millonario al Estado que, con el valor actualizado, alcanza la suma de más de 98 millones de pesos. Frente a esto, el fiscal federal Gabriel González Da Silva, pidió para ella 5 años de prisión por considerarse algo «injustificado» de su parte.
Este pedido de condena se llevó a cabo en los alegatos ante el Tribunal Oral Federal 7 en el marco del juicio oral contra la ex funcionaria. Asimismo, se solicitó que sean condenados los otros dos acusados: 3 años de prisión en suspenso para el por entonces asesor de seguridad de la Casa de la Moneda, Mario Enrici, y misma cantidad para el ex gerente general, Raúl Desmarás.
Tanto los mencionados en última instancia como Daura, fueron acusados del delito de peculado de servicios y la Fiscalía pidió para ellos la pena de «inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los 98 millones de pesos». A su vez, para Enrici y Desmarás se reclamó la realización de tareas comunitarias que sean desarrolladas durante 3 horas por semana en una institución pública.