Bajo la consigna «No más presos por plantar», y «Por una nueva ley de drogas», Rosario se sumó ayer a la Marcha Mundial de la Marihuana, el evento que se realiza de forma simultánea y autónoma desde 1999, el primer sábado de mayo de cada año en ciudades de todo el mundo. Las personas se movilizan para exigir que se normalice la situación de la planta de cannabis y terminar con la criminalización y persecución de usuarios y cultivadores. Desde la organización precisaron que más del 90 por ciento de las causas iniciadas por infracción a la ley de drogas en Rosario son por tenencia para consumo y tenencia simple. «El poder judicial y el gobierno combaten el narcotráfico con inocentes», afirmaron en el documento consensuado por las organizaciones cannábicas, de reducción de daños, derechos humanos y ciudadanos y activistas de la ciudad. «A 40 años de democracia, una parte importante del pueblo argentino continúa siendo estigmatizado y criminalizado. No podemos hablar de democracia real, ni ciudadanía plena mientras siga rigiendo una política criminal prohibicionista que penaliza las conductas asociadas a la tenencia y consumo de drogas, y que encarcela por cultivar o usar la planta», agregaron.
Pasado el mediodía, varias personas se acercaron a la Plaza San Martín para participar de la previa de la marcha. Como cada año, las organizaciones cannábicas rosarinas montaron sus stands para informar sobre cuestiones vinculadas a los derechos de los usuarios, y la vigencia de la ley de drogas 23.737. Además, se sumaron varios puestos de emprendedores ofreciendo sus productos a base de cannabis. Hubo música en vivo, una radio abierta, y el sorteo de varios premios a partir de una rifa que ayudó a solventar los gastos de la organización.
Rosario fue una de las primeras ciudades del país que se sumó a la Marcha Mundial de la Marihuana. En el primer sábado de mayor de 2002, apenas un puñado de personas concentraron en la Plaza Montenegro y marcharon al Monumento. Una de ellas fue la referente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (Arda), Silvia Inchaurraga. «La primer marcha está representada en la tapa de nuestro libro Las drogas, entre el fracaso y los daños de la prohibición. En aquellos tiempos impulsábamos la reducción de daños y el debate sobre el daño inconmensurable que hacía la ley de drogas. Hoy podríamos decir que son otros tiempos, pero eso sigue pasando, sigue estando la discriminación y la posibilidad de sufrir una de las consecuencias vinculadas a una ley penal que sigue vigente y penaliza la tenencia para el consumo personal, el autocultivo», dijo la especialista.
La titular del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y SIDA (Ceads) de la UNR, consideró que «a pesar de algunos tibios avances con la ley 27.350 de investigación sobre uso medicinales y el impulso a la industria vinculados al cannabis y el cáñamo, incluso la posibilidad de ampliar el Reprocann a las asociaciones no gubernamentales en el caso de Rosario, no hay ningún motivo de festejo y que debe ser más un llamado de atención y a la reflexión porque mientras exista la ley de drogas, la 27.737, no se va a poder avanzar en la reglamentación de la marihuana».
En la misma línea, el referente de la Asociación Miradas, Fabián Peralta, señaló: «Lo que estamos discutiendo es cuánto se va a a demorar una nueva ley de drogas, pero es inevitable que se sancione porque tiene que ver con reconocer que el paradigma actual, que lleva décadas, fracasó rotundamente en todo el mundo, y particularmente en Latinoamérica, con un costo humano muy grande, con un costo sanitario importante, con mafias que crecen al amparo de ese paradigma».
El ex diputado nacional consideró que el cannabis «ofrece una posibilidad muy concreta», y que «sólo basta mirar a Uruguay para darse cuenta cómo con otra ley y otro paradigma se pueden obtener mejores resultados desde lo sanitario, desde lo social y también desde lo económico. Hace unos días, el ex secretario de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Julio Calzada, dijo que con la regulación se le quitó al narcotráfico anualmente unos 20 millones de dólares».
«Insistimos con la derogación de esta ley desde el siglo pasado, no podemos salir del problema inicial que es una ley que nos criminaliza. Y por otro lado, acá se ve la emergencia de un montón de actores nuevos que están queriendo ocupar acá un lugar en el debate del cannabis», sumó Paula Sarkissian, referente de Arec, otra de las organizaciones pioneras de la ciudad. «Me parece crucial la presencia, la heterogeneidad de la gente, de la militancia, los partidos, las organizciones, los autoconvocados, estamos viendo esa diversidad que marca el tiempo del movimiento cannábico en Rosario», agregó.
Mientras la gente continuaba acercándose a la Plaza San Martín, Roberto, de 77 años, levantaba un cartel que decía «Cannabis es salud». Estaba acompañado por su hija, Lola, titular de un growshop de la ciudad, y que desde hace muchos años elabora el aceite que le suministra a su hijo con diagnóstico de autismo: «Me involucré en el tema y en ese mundo maravilloso que es la planta hace muchos años y después también a mi familia. Estoy muy contenta por el movimiento cannábico, cada vez más gente de todas las edades», celebró.
Alrededor de las 17, y cuando una tenue llovizna caía sobre la ciudad, las personas comenzaron a marchar por calle Córdoba hacia el Monumento. «Yo no soy un delincuente/ yo no soy un criminal/yo cultivo marihuana/no más presos por plantar», cantaban mientras caminaban por la peatonal ante la mirada de los ocasionales transeúntes que, en general, querían saber cuál era el motivo de la movilización.
En el documento que se leyó en el Monumento, se pidió por la derogación de la ley 23.737, capacitación al Poder Judicial y Fuerzas de Seguridad, inscripciones gratis al Registro de Cannabis (Reprocann), cooperación de todos los organismos del Estado para una distribución justa y equitativa dentro de la industria cannábica, el reconocimiento del uso veterinario para pacientes no humanos, la reparación histórica a les detenides y procesades por cannabis, la implementación de reducción de riesgos y daños con cambio de paradigma basado en derechos humanos desde la educación temprana tomando como ejemplo la ESI, y el pedido de libertad para todas las personas criminalizadas.
También pidieron por una regulación integral de la producción y el acceso para todos los usos de la cannabis sativa. «Es tiempo de que los proyectos de ley dejen de dormir en las comisiones de diputados y senadores y que legislen de acuerdo a los derechos y necesidades de las mayorías», plantearon en el documento. «La guerra contra las drogas no solo ha fracasado en nuestro país y en el mundo sino que profundizó las desigualdades cruzadas, además de otras problemáticas estructurales como el aumento de la violencia institucional, la proliferación del crimen organizado y su consecuente impacto en las poblaciones más empobrecidas», sostuvieron.
Por otra parte, apuntaron que «es urgente y es ahora que desclasifiquen al cannabis y sus compuestos activos de la lista de drogas peligrosas y que los Ministerios de Salud, de Seguridad, de Producción, de Justicia y DDHH, al igual que la ARICCAME, el INAES y todos los organismos nacionales, provinciales y municipales garanticen el pleno vigor de las leyes resultantes de nuestra lucha y organización, para que no se convierta en una farsa que beneficia a los mismos de siempre y perjudica a las mayorías criminalizadas».
En esta oportunidad, reclamaron por el reconocimiento de los profesionales veterinarios y sus pacientes dentro del marco legal vigente que hoy es la ley 27.669. «Seguimos pidiendo el reconocimiento de la figura de persona tutora cultivadora como responsable de la salud de su animal, la creación de un registro que permita el autocultivo y que los productos de uso veterinario contemplen el THC como herramienta terapéutica, con la finalidad de resguardar a tutores, ONGs y veterinaries que cultiven para pacientes no humanos», indicaron.