La Cámara Federal porteña rechazó como querellante a la Dirección General de Migraciones (DGM) en la causa que investiga a una organización que presuntamente se dedicaba a traer al país a embarazadas rusas con el fin de gestionarles la ciudadanía argentina en tiempo récord a cambio de importantes sumas de dinero.
En la resolución, los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens confirmaron una decisión de la jueza María Servini, quien el 8 de marzo pasado rechazó el pedido de la DGM para ser querellante en el caso.
El organismo había reclamado ser tenido como querellante en calidad de «persona jurídica de derecho público». Como la jueza rechazó ese pedido, la DGM decidió apelar.
En el recurso de apelación, Migraciones había argumentado que la resolución de la magistrada «confunde a la persona jurídica de derecho público que ostenta la DNM con lo eventualmente actuado por las personas físicas que prestan servicios en esa dependencia».
Los hechos que se investigan, señaló entonces el organismo, «no sólo podrían afectar el orden migratorio sino también el correcto ejercicio de las funciones y deberes a cargo del organismo que diversas normas le imponen, máxime en caso de que agentes propios se encuentren involucrados –circunstancia que colocaría al organismo en calidad de víctima- todo lo cual justifica que se le otorgue el carácter de parte solicitado».
Sin embargo, en las últimas horas, el Tribunal de Apelaciones decidió desestimar esos planteos y confirmar la decisión de Servini de no aceptar al organismo como querellante en base al «incipiente estado de la investigación» que está bajo secreto de sumario.
El Tribunal consideró que «por el momento» no se advierte un interés «que exceda a aquel tutelado por el Ministerio Público Fiscal» aunque el avance de la investigación podría permitir «un nuevo análisis de la cuestión planteada».
La causa
La causa investiga supuestas maniobras para tramitar la residencia en por lo menos 70 casos de ciudadanas rusas embarazadas.
En concreto, recordó el fallo de la Cámara, al que tuvo acceso Télam, se investiga «el accionar de determinados individuos -algunos de ellos aún no identificados-, a partir del cual a través de diferentes páginas de internet ofrecerían servicios de gestoría para ciudadanos rusos, con el fin de obtener la ciudadanía argentina».
La organización, detallan los camaristas, obtendría documentos públicos para esos ciudadanos rusos, «quienes ingresarían en la República Argentina a los fines de dar a luz a sus hijos; como así también la potencial falsificación de documentación relacionada con los recién nacidos, para acelerar los plazos en que a los mismos se les otorga la nacionalidad argentina».
Una de las hipótesis apunta a la «supuesta connivencia» de los presuntos gestores con «personal de la DNM», algo que «debe ser corroborado o descartado conforme avance la pesquisa», evaluaron los jueces.
Embarazadas rusas
El caso, conocido como «embarazadas rusas», estalló en febrero de este año, cuando Migraciones frenó el ingreso de seis mujeres rusas y les dio la orden a las respectivas aerolíneas –sobre todo KLM y Ethiopian– para que las devolvieran a su país de origen.
A partir de eso se informó que durante 2022 llegaron a la Argentina unas 10.500 mujeres rusas (los datos son de la Dirección de Migraciones), de las cuales la gran mayoría, 7500, se volvió a su país antes del mes y medio.
Muchas de ellas, hicieron el viaje contando con el planeamiento y la ejecución de RuArgentina, una organización dedicada a coordinar el viaje, la llegada, el parto, el posparto y sobre todo, la etapa clave: la intervención de abogados que en cinco meses les consiguen la nacionalidad y el pasaporte argentino.