Las Convenciones de Ginebra. que protegen a las poblaciones civiles en situaciones de guerra, reconocidas por todos los Estados del planeta, fueron citadas como base legal por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, al sostener el pedido de captura contra el presidente ruso, Vladimir Putin. Los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, pueden investigar y calificar los hechos de un conflicto armado, pero no se desempeñan como tribunales para sancionarlos penalmente, lo que la CPI sí puede hacer. La clave es verificar si la base legal valorada por cada una de esas instancias para actuar es coincidente, y/o si los instrumentos utilizados para acusar resultan complementarios.
En la invasión rusa de Ucrania, el liderazgo de Vladimir Putin lo hace evidente. En ese sentido se han sucedido dos acontecimientos significativos. Por un lado, la CPI lanzó el pasado 17 de marzo, pedidos de captura contra Vladimir Putin, y su comisaria para la infancia, María Alekseyevna Lvova-Belova, por la deportación ilegal y masiva de niños de zonas de Ucrania a Rusia. Los inculpó del «crimen de guerra de deportación ilegal de población», en el marco de un procedimiento que incluye «crímenes de lesa humanidad», o sea «un ataque generalizado y sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque».
A tal efecto, como la ley rusa prohibía la adopción de menores de origen ucraniano, el responsable del Kremlin hizo adoptar por la Duma, el parlamento de la Federación de Rusia, un decreto facilitando la atribución de la nacionalidad rusa a esos niños y niñas secuestrados en Ucrania, evacuados por la fuerza de su país de origen, haciéndolos transitar por «campos de filtración». Unos 40 «centros de reeducación» fueron abiertos en Rusia para erradicar la «intima adhesión» a la identidad ucraniana de estos menores, que serian alrededor de 150.000.
La compulsiva «purificación étnica» de chicos ucranianos
La trágica suerte de todos ellos en virtud de una estrategia de «purificación étnica», tiene su antecedente en el genocidio por hambre de 4 millones de ucranianos orquestado por el presidente soviético Josef Stalin entre 1932 y 1933. Se la llamó «Holodomor», seguida de deportaciones masivas de menores, asimismo llevadas a cabo por Putin contra los tártaros al ocupar la Crimea en el 2014, en el inicio de la guerra en Ucrania.
Son practicas de aniquilamiento biológico y sicológico para deshumanizar a las víctimas y aterrorizar a la población. Sin embargo, Moscú cuestionó la decisión de la CPI, «carente de sentido para nuestro país», el cual no ha adherido al Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998 que rige la citada jurisdicción con sede en La Haya, no obstante reconocida por 123 Estados. Sus fundamentos castigan los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. Y sancionan «la deportación o traslado forzoso de población», el «traslado por la fuerza de niños» de «un grupo a otro», o «por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que están legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional».
Al tiempo y por otro lado, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, creada el 4 de marzo de 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, constituida por tres expertos independientes, acaba de publicar un informe debatido en Ginebra, aportando pruebas recogidas en sus indagaciones dentro de Ucrania, sobre atrocidades imputadas a Rusia: «una amplia gama de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, lo cual equivalen a crímenes de guerra». Por cierto, el documento recoge como infracciones cometidas por Rusia en Ucrania , entre otras, «situaciones relativas al traslado y deportación de niños » que «equivalen a crímenes de guerra». El texto exhuma que «testigos dijeron a la Comisión que muchos de los niños más pequeños trasladados no pudieron establecer contacto con sus familias y podrían perderlo definitivamente. El retraso en la repatriación de civiles puede constituir un crimen de guerra». Estas practicas están prohibidas por el articulo 8 (1) de la Convención de los Derechos del Niño de la ONU.
En cuando a las Convenciones de Ginebra sobre el Derecho Internacional Humanitario que protegen a los prisioneros, heridos y poblaciones civiles durante un conflicto armado, ratificadas por Rusia, y todos los demás países de mundo, evidentemente protegen a los menores ucranianos secuestrados bajo ordenes de Moscú, para su «rusificación forzada» (nuevos pasaportes, idioma, moneda e historia). Vladimir Putin podría ser detenido en sus viajes al extranjero y ser extraditado a La Haya sin contemplaciones. Esas Convenciones, cuyo respeto impulsa el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), son de 1949 y 1977. Fueron integradas al sistema de protección y promoción de los derechos humanos de la ONU, en los « principios contra la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos», redactados por experto francés Louis Joinet en 1996. Son «crímenes graves según el derecho internacional», imprescriptibles si las víctimas son menores. Consagran el «derecho a la verdad, a la ciudadania y a la vida en familia», «el retorno a su país», y «el deber de memoria»,
Por otra parte, un reciente informe del órgano de monitoreo de la ONU en Ucrania, creado en el 2014, constata 22.209 víctimas (8.317 muertos y 13.892 heridos) desde el 24 de febrero de 2022, sin dar nacionalidades. De la misma fuente surgen datos de ejecuciones sumarias, perpetradas por lo general inmediatamente después de los combates. En ese contexto, perecieron 25 militares rusos y 15 ucranianos, todos desarmados, abatidos por sus adversarios. Al menos otros 2 casos de torturas de prisioneros rusos luego asesinados por ucranianos, han sido consignados por la Comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que investiga la crisis en Ucrania.
* Desde Ginebra, Juan Gasparini